Dos semanas de infarto en Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ya ha arrancado la compra de acciones de la compañía tecnológica española en el mercado. Apuran por tanto los plazos para alcanzar ese tope del 28% que autorizó el Consejo de Ministros antes de que tenga lugar la junta general. Este encuentro es clave para confirmar con el voto de los accionistas los cambios en el consejo de administración y el nombramiento de Marc Murtra, propuesto por la propia Sepi hace ahora justo un año en sustitución de Fernando Abril-Martorell, como presidente con poderes ejecutivos.
El propio consejero delegado, Ignacio Mataix, generó ciertas dudas sobre la transacción después de decir ante los analistas hace una semana que no tenía “ninguna noticia” sobre la compra de la sociedad pública. Sin embargo, fuentes oficiales de la Sepi confirman que ya se ha arrancado con la adquisición de títulos y corroboran que el objetivo será alcanzar ese 28% que, en principio, permitiría tomar un tercer asiento en el consejo y ganar más poder. Hoy cuenta con dos, que son ocupados por el exministro de Industria, Miguel Sebastián, y Antonio Cuevas.
Estos primeros pasos en las compras aún no se han comunicado formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No lo ha hecho la propia Sepi, ni tampoco los potenciales vendedores entre los socios más relevantes. El único accionista clave que ha movido algo su posición es Fidelity. En marzo superó la barrera del 4% en uno de los dos vehículos con los que opera en la compañía semipública. El gigante estadounidense de la inversión es uno de los que fue señalado como uno de los que cediera parte de su participación. Corporación Financiera Alba (Banca March) también está de salida, aunque aún no ha cerrado la venta del 3,2% que le quedaba tras la venta a la vasca Sapa.
La compra no es baladí. No sólo se trata de contar con otro puesto más, sino también una demostración de fuerza del organismo público, que busca tener una influencia mucho mayor en el futuro de la compañía en un contexto de más gasto público de Defensa y de mayor peso de los programas europeos. “Mueve esta decisión el propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”, aseguraba en el hecho relevante. Después de ese anuncio, y sin que se hubiera ejecutado una compra masiva de títulos, se produjeron dos dimisiones muy relevantes: la del responsable financiero, Javier Lázaro, y la de la consejera delegada de Minsait, Cristina Ruiz.
Pese a los vaivenes desde el anuncio de la Sepi en febrero, hoy la acción cotiza a niveles similares, por lo que la inversión ascenderá a más de 160 millones
En estos dos meses y medio desde el movimiento de la Sepi las acciones han tenido vaivenes, pero hoy cotiza en niveles muy similares a los de febrero. Con estos precios, Sepi deberá poner en el mercado algo más de 160 millones de euros para hacerse con ese 10% adicional. Se trata de una inversión relevante, pero que se queda muy lejos de los 337 millones de euros que implicó la adquisición en el año 2013 del 20% que estaba en manos de Grupo BFA-Bankia. Con el desembolso podrá hacer un núcleo duro de accionistas, entre los que estaría la vasca Sapa -con un 5%-. Se ha barajado la entrada de otros socios externos, sin que esto aún se haya materializado.
La correlación de fuerzas no ha cambiado en el máximo órgano de decisión de la empresa. A esos dos consejeros dominicales se suman el propio Murtra y los dos ejecutivos (Ignacio Mataix y Luis Abril), que tendrían ‘fecha de caducidad’ en caso de que, como está previsto, el primero tome poderes. Luego está Francisco Javier García Sanz, el independiente nombrado recientemente y que ocupa el sillón que dejó vacante Corporación Financiera Alba. A este hay que sumar a Ignacio Martín, que sustituyó a Alberto Terol -que se prepara para salir en junio- como ‘jefe’ de los independientes.
Después de la retirada de 'galones' a Terol previa a su marcha en junio y de la salida de la consejera delegada, Ignacio Mataix tiene sobre él todos los focos tras meses de una interacción complicada con el Ministerio de Defensa y los diferentes organismos autónomos. En teoría tenía el cometido de liderar la inversión en la vasca ITP Aero por parte de Indra, una operación perseguida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, en la presentación a analistas de los resultados del primer trimestre del año celebrada la pasada semana llegó a decir abiertamente hasta en dos ocasiones que se trataba de una transacción "que no estaba sobre la mesa".
En el calendario a corto plazo no sólo está la junta general de accionistas que servirá como aldabonazo de la 'era Murtra' en Indra. También está la Cumbre de la OTAN de Madrid, en la que tanto Europa como Estados Unidos definirán la estrategia militar para los próximos años. Se celebrará una semana después. Y ahí Sánchez busca enseñar sus planes para incrementar hasta el 2% del PIB el gasto militar y exhibir esa posición de fuerza en la compañía, siguiendo el ejemplo de países como Francia e Italia. Ambos estados cuentan con posiciones del 25% y el 30% en Leonardo y Thales, respectivamente.
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