El brazo inversor del Estado estudia entrar en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) asegura que está llevando a cabo un "análisis exploratorio" respecto a una eventual adquisición de una participación en la operadora de telecomunicaciones. Lo hace en pleno desembarco del gigante saudí STC y después de insistir desde el Gobierno que el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete es "el más estratégico" de España.
La compañía pública dirigida por Belén Gualda admite en una comunicación formal ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que viene "monitorizando" la situación que vive la operadora de telecomunicaciones, con la entrada de STC como máximo accionista pretendiendo alcanzar hasta el 9,9% del capital. Esto ha llevado a un "análisis exploratorio interno" relativo a una eventual compra de una participación, sin dar más detalles sobre la cifra.
"Dicho análisis por parte de Sepi no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición", concluye el comunicado. Este estudio, adelantado por El Confidencial este lunes, implicaría un desembolso relevante por parte de la empresa pública, pues para rondar el 5% -que le permitiría contar con un miembro en el consejo- debería poner sobre la mesa en torno a 1.000 millones de euros.
Hoy por hoy la Sepi cuenta con el control de empresas públicas como RTVE, Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa o Grupo Hunosa. Además también ostenta porcentajes relevantes en firmas como Ebro Foods (10,3%), Enagás (5%), Hispasat (7,4%), Indra (28%), Redeia (20%) o Airbus (4,1%). En 2022, la empresa generó unos ingresos de 5.250 millones de euros con un beneficio de 43 millones. A cierre del ejercicio mantenía una deuda con entidades de crédito a corto plazo de 721 millones.
Un plan dormido desde 2020
El interés de la SEPI en Telefónica no es nuevo. Ya en 2020, en plena crisis del Covid, el holding público exploró la posibilidad de entrar en el accionariado de la compañía de telecomunicaciones española, como publicó en La Información. Aunque la recuperación económica y el fin de la pandemia quitó urgencia, el desembarco de STC en el capital parece que ha reactivado la preocupación sobre la falta de protección de la empresa que lidera Álvarez-Pallete por no contar con un núcleo duro de accionistas suficientemente significativo.
Este mismo lunes STC confirmaba que su objetivo con la adquisición del 9,9% del capital de Telefónica era abrir puentes de 'colaboración' con la teleco. Aunque necesita la autorización del Estados para alcanzar esa participación, la compañía ya cuenta con un 4,9% del capital, que le daría derecho a un puesto en el consejo de administración.
Indra como antecedente
Desde el Gobierno, especialmente desde Sumar, mostraron su disconformidad con este plan, señalando que le papel que veían a STC sería de inversor financiero, sin puestos en el consejo, pero ese no parecería el plan inicial de los saudíes. La convivencia de SEPI y STC en el consejo equilibraría el poder dentro del consejo de administración.
Ya en el año 2022, la empresa presidida por Belén Gualda se convirtió en la 'vía' para dar un golpe de mano en el consejo de administración de Indra, que estaba bloqueado por una fuerte división con los representantes independientes. La empresa desembolsó 173 millones de euros para aumentar la participación del 18,7% (y dos consejeros) al 28% (y un representante 'extra'). Y con esto pactó la destitución de los consejeros y la reconstrucción del máximo órgano de decisión.
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