La nueva ley marca el paso de los supermercados en España. El paro de los transportistas a raíz de la subida de precios sin precedentes ha llevado a las cadenas de supermercados a vivir situaciones inusuales y su renuncia a mantener las protestas todavía no ha devuelto la normalidad a los lineales. La compra compulsiva de productos amenazados por la escasez, como la leche o el aceite de girasol, no solo se ha debido al miedo al desabastecimiento. En el sector señalan otro de los males que ha aflorado con motivo de esta crisis: la reventa de productos.
La situación se ha paliado con la batería de medidas emprendidas por el Ejecutivo, que dota de seguridad jurídica a compañías como Mercadona, Dia o Carrefour para tomar cartas en el asunto. Uno de los altos ejecutivos de una de las grandes cadenas explica a La Información que la compra de productos de manera compulsiva con el objetivo de lucrarse posteriormente llevaban tiempo siendo un auténtico dolor de cabeza. La dinámica continuaría esta semana, pues la reparación de la cadena de suministros no será una realidad hasta dentro dos o tres semanas, añade la misma fuente.
No obstante, las compañías ya pueden hacer uso desde este jueves del Real Decreto de medidas urgentes (6/2022) por la guerra en Ucrania, que marca que los supermercados pueden limitar "con carácter temporal" y siempre que existan circunstancias "extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen" la cantidad de artículos a adquirir por cada comprador. La normativa, que modifica la ley de Ordenación del Comercio Minorista a través de una disposición adicional, dota de seguridad jurídica a las compañías.
Hasta entonces, los supermercados estaban actuando sin un criterio establecido y de manera desigual. Mientras algunas decidían no limitar la venta de determinados productos por riesgos legales, otras optaban por únicamente "sugerir" y "recomendar" no hacer acopio ni vaciar los lineales. El revuelo fue mayor cuando la asociación de consumidores Facua se percató de estas prácticas y las denunció ante las autoridades competentes en materia de comercio en distintas comunidades autónomas. El objetivo de la organización, según su comunicado, era instar a las autoridades a que realizarán las averiguaciones oportunas e iniciarán los correspondientes expedientes sancionadores.
Fue entonces cuando el Gobierno entró en escena y movió ficha. El Ministerio de Agricultura transmitió primero tranquilidad a las organizaciones, asegurando de manera interna que las medidas tomadas hasta el momento no contravenían el espíritu de la ley original, de 1996, cuya finalidad era frenar las prácticas comerciales engañosas. Más tarde, el Ejecutivo recibió distintas propuestas de las patronales Asedas y Anged para dar forma al real decreto. La primera organización representa a los principales supermercados españoles, si bien la segunda está más enfocada en grandes superficies que no engloban únicamente a actividades de alimentación. En este grupo entran compañías como El Corte Inglés e Ikea, principalmente.
Acaparamiento y protestas
La compra compulsiva por miedo al desabastecimiento es el otro fenómeno que han vivido los consumidores en los supermercados. Los datos de la consultora Nielsen así lo evidencian al registrar que, por ejemplo, el gasto en leche y batidos repuntó casi un 50% durante la primera semana del paro de transportes respecto a la misma semana del año anterior. La tendencia, según explicaron desde la organización, mantenía "un alto ritmo de crecimiento favorecido por el temor al desabastecimiento".
La situación vivida obligó a salir al paso a las distintas organizaciones que integran a toda la cadena de valor del gran consumo y la hostelería. En un acto conjunto, todas ellas reclamaron "sentido de urgencia" y "responsabilidad" al Gobierno y a los transportistas convocantes del paro. Su temor se explicaba en cifras, pues los sobrecostes diarios derivados de los priblemas logísticos giraban en torno a 130 millones de euros por día.
La situación pasó a mayores con el paso de los días. Tras nueve jornadas de paros, las mismas organizaciones volvieron a la carga y apremiaron al Ejecutivo a resolver el conflicto, pues era“inaplazable poner fin a esta situación". La amenaza, que se evidenciaba cada día con la paralización y el cierre de fábricas, se cernía sobre los más de 100.000 puestos de trabajo que acoge el sector."Los daños sobre un sector que aporta a la economía española más de 4,5 millones de empleos y el 20% del PIB pueden ser irreparables", sentenciaron.
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