Martes, 10.12.2019 - 17:51 h
Orange reclama tras ser excluida

Telefónica se queda con el megacontrato de telecos en el Ayuntamiento de Madrid

La operadora ingresará casi 40 millones por gestionar los datos, las casi 4.900 líneas móviles y el acceso a internet para los próximos cuatro años.

La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta la nueva programación del cent
Manuela Carmena confía en Telefónica el 'megacontrato' de telecos. / EP

Un nuevo 'megacontrato' de una de las principales administraciones en España, tras la victoria histórica de la operadora en Andalucía. Telefónica se queda con la gestión de los datos, la gestión de las 1.900 líneas móviles, la voz y el acceso a internet del Ayuntamiento de Madrid. En total, ingresará casi 40 millones durante los próximos cuatro años.

El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento arrancó el proceso con el que buscaba la operadora que gestionará las comunicaciones, en una puja que, de partida, se situaba en 60 millones de euros (15 millones al año). Lo hacía con un precedente importante: la contratación de la comercializadora 'indie' española Holaluz para la gestión de la electricidad, tras desplazar a los gigantes del sector.

Esta Navidad se ha sustanciado la adjudicación de buena parte de los lotes. Los dos más importantes,  que incluyen datos y voz fijos y móviles, han sido adjudicados a Telefónica. La operadora ingresará 39,6 millones de euros hasta 2023. La auditora y consultora Deloitte será la encargada de coordinar y gestionar todo el contrato por 1,2 millones de euros, después de vencer a otras compañías como Altran, Everis o Informática El Corte Inglés.

Recurso de Orange

En el más jugoso de todo el concurso, el que se refiere a voz fija, interconexión de datos y acceso a internet, Orange ha planteado batalla. La operadora francesa, que era la única que competía contra Telefónica, fue excluida del proceso porque "no cumple con los requisitos establecidos", según queda reflejado en el acta. De los 40 servicios exigidos, no los incluye en su pliego. La decisión ha sido recurrida y se está a la espera de resolución.

Y hay un antecedente similar. Hace tan sólo unos meses, Telefónica ganó la partida a su competencia en el 'megacontrato' de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. Vodafone decidió denunciar la adjudicación de los servicios de voz (móvil y fijo) para los 270.000 empleados públicos de la administración regional, al entender que el precio era de derribo. La reclamación fue rechazada.

No es ninguna novedad para Telefónica, pues ya es la adjudicataria actual de los principales servicios de telecos en el Consistorio después de que tres de sus filiales se hicieran con el grueso de los lotes del contrato adjudicado en el año 2013 por 31 millones de euros. De las líneas de alta capacidad se encargó ONO (adquirida dos años más tarde por Vodafone por 7.200 millones de euros).

Los tres cuatro contratos

¿Y el resto de contratos? El referido a la provisión y gestión de la red interna de las casi 1.000 sedes del Ayuntamiento quedó desierto. La razón: los técnicos han decidido excluir a ACS, que a través de la sociedad Sice (dependiente de Dragados), había sido la única en presentar credenciales. El Ayuntamiento madrileño justifica el rechazo por el incumplimiento de los requisitos previstos en los pliegos.

Quedan pendientes dos por entregar. Uno es el que se centran en servicios de fibra oscura para la red municipal de altas prestaciones, en el que sólo se ha presentado Vodafone y ha puesto sobre la mesa una oferta de 1,9 millones de euros. El otro es el de las líneas tradicionales de comunicaciones, donde Telefónica es también la única (con una propuesta económica de casi 1,5 millones). Son los últimos pasos para definir el contrato municipal de 'telecos' más jugoso de los últimos años.

Más allá de este contrato de telecomunicaciones, el Ayuntamiento madrileño tomó en el último año una decisión sin precedentes en el gran contrato de la luz. En el pasado mes de mayo, entregó su gestión a la comercializadora Holaluz y a Nexus Energía. No estuvo exento de polémica, porque los gigantes del sector -Endesa, Iberdrola...- alzaron la voz ante la configuración del concurso y la obligatoriedad del certificado 100% de la energía aportada.

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