Jueves, 27.02.2020 - 19:44 h
Se deshace de González-Páramo

Torres pasa de puntillas sobre Villarejo y apenas retoca el consejo heredado de FG

Quedan en el órgano de dirección del banco tres de los miembros más antiguos que pudieron conocer los hechos investigados en la Audiencia.

Francisco González y Carlos Torres
Torres pasa de puntillas sobre Villarejo y apenas retoca el consejo heredado de FG. / EFE

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha realizado un ajuste suave de tres de los consejeros de la etapa de su antecesor Francisco González, sin dejar que la presión que pesa sobre la reputación del banco por el caso Villarejo le condicione y marque los tiempos. Fuentes del mercado contaban con que el líder del banco se iba a deshacer de algunos de los miembros del consejo más antiguos y que pudieron estar en el órgano de dirección de la entidad cuando se produjeron gran parte de los hechos por los que hoy está implicado en vía penal como persona jurídica. Pero esa opción ha dejado paso a la necesidad de mantener la cuota femenina en el consejo del banco y reforzar su carácter internacional, de forma que los cambios realizados no se puedan interpretar como una reacción directa a las consecuencias del escándalo

Carlos Torres aprovechará la próxima junta general de accionistas del banco para dar carta de naturaleza a una nueva etapa al frente de la entidad con el relevo de una parte de los consejeros nombrados por su antecesor y cuyos mandatos de tres años vencen el próximo mes de marzo. Entre los ceses sorprende el de José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de la entidad y cuyo nombre llegó a figurar no hace mucho entre los presumibles candidatos a sustituir a FG en la presidencia del BBVA. Junto al que fuera exconsejero del BCE saldrán también del máximo órgano de la entidad los hasta ahora administradores externos, Carlos Loring Martínez de Irujo y Tomás Alfaro Drake, ambos con una antigüedad en la entidad de casi tres lustros. Ambos llegaron a vivir desde el consejo el acoso del llamado ‘grupo hostil’ de Del Rivero y la batalla contra Ausbanc, que son dos de las grandes claves por las que ahora la entidad está en los tribunales.

El máximo responsable del BBVA ha decidido, en cambio, renovar los mandatos de las dos mujeres que también cumplían ahora el plazo estatutario de tres años en el consejo de administración. Se trata de Lourdes Máiz, que fue nombrada en 2014, y de Susana Rodríguez Vidarte, una de las más veteranas en el banco pues fue designada por primera vez como consejera en el año 2002. La necesidad de asegurar el cumplimiento del buen gobierno corporativo ha sido determinante para ambos relevos ya que el banco no quiere reducir la participación de mujeres en el consejo de administración.

De hecho, entre los tres nuevos nombramientos se incluye una nueva consejera, que es Ana Leonor Revenga Shnaklin, vocal del patronato de la Fundación Microfinanczas BBVA. De esta forma, el BBVA pasará a disponer tras la junta de accionistas de un 33% de mujeres en su máximo órgano de gobierno, frente al 27% que tiene actualmente. La reforma del Código de Gobierno Corporativo que la CBMV ha sometido a consulta pública establece como recomendación de buen cumplimiento que las sociedades cotizadas alcancen hasta un 40% de mujeres en sus máximos órganos de gobierno.

De la misma manera, la llegada del portugués Raúl Cartarino Galamba y del empresario mexicano Carlos Vicente Salazar, vienen a reforzar el carácter internacional del consejo, de forma que un 40% de sus componentes serán perfiles de fuera de España, el doble que hasta ahora.

Sin ruido sobre la Audiencia Nacional

En la nueva composición del consejo, a Carlos Torres le quedan dos componentes que estuvieron en el banco en todos los procesos críticos por los que ahora está imputada la entidad como persona jurídica dentro del caso Villarejo. Por un lado, no le toca renovar hasta 2021 a José Maldonado, que lleva en el consejo desde el año 2000, es decir, que ha estado durante todo el tiempo en el que se contrató al excomisario para acciones de espionaje a todo lo que supusiera una amenaza para la entidad. Curiosamente, Maldonado y Rodríguez Vidarte fueron impulsores como consejeros del primer código de conducta del banco en el año 2001, que se hizo obligatorio para sus casi 90.000 empleados en 2004 y que fue una de las grandes innovaciones del sector financiero en ese momento.

Si exceptuamos estos dos casos, el miembro más antiguo del consejo del banco es Juan Pi Llorens, un histórico de la casa que llegó a esa mesa en el año 2011, seguido de Belén Garijo, que llegó en 2012, mientras que todos los demás consejeros (hasta quince) ocuparon su cargo entre 2014 y 2018 y han protagonizado la última etapa de la entidad. El banco siguió contratando los servicios de las empresas del excomisario hasta el año 2017, si bien los casos en los que se le puede acusar de algún tipo de irregularidad son menos graves que en etapas anteriores o cuentan con una justificación más estructurada y documentada, según han advertido fuentes jurídicas cercanas a ese proceso.

El levantamiento del secreto de sumario sobre la pieza del caso Támden en la que se analizan los trabajos que Villarejo hizo para la entidad apuntan directamente al expresidente, Francisco González, por más que él haya desmentido que estuviera al tanto de esas contrataciones de forma tan precisa. Su exdirector se seguridad, Julio Corrochano, expone en las conversaciones analizadas con Villarejo que todo lo que hacían provenía directamente de FG, de la misma manera que el expresidente fue el gran impulsor de la demanda contra Luis Pineda y Ausbanc, por un presunto delito de extorsión, entre otros.

Una de las decisiones estratégicas que se han tomado en el banco en esta nueva etapa de Torres ha sido precisamente la retirada del banco de la acusación sobre Pineda, apenas dos meses antes de que se iniciar el juicio oral y después de que el líder de Ausbanc pasara más de dos años en prisión preventiva. No obstante, la relación que existe entre ambos casos (Ausbanc y Villarejo) aconsejó a los asesores jurídicos del banco la retirada de esa acusación, para evitar que posibles decisiones que rozaron los límites de la legalidad tomadas en la etapa de FG pudieran implicar también al actual consejo.

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