Unos 400 trabajadores de Celsa, según cifras de los sindicatos, protestan desde las 12.00 horas de este viernes en el centro de Barcelona para reclamar un acuerdo entre compañía y fondos que facilite la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ataviados con chalecos y camisetas de color naranja y banderas sindicales, los trabajadores se han concentrado en la plaza Cinc d'Oros de Barcelona, que hace de cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia, donde también han estacionado cuatro camiones y una carretilla frontal que impiden la circulación del tráfico.
En declaraciones a los medios, el miembro del comité de empresa Daniel Hernández (UGT) ha explicado que este jueves les informaron de que la negociación entre compañía y fondos "se había roto" y que esto perjudica el recibimiento de la ayuda. "Hemos venido a ver si Deutsche Bank nos escucha y conseguimos desatascar este problema que hay. Con los demás fondos, por lo que nos dijeron ayer, habían llegado a acuerdos y ahora solo falta Deutsche Bank", ha añadido. De hecho, en el cruce entre la calle Còrsega y paseo de Gràcia hay una oficina bancaria de la entidad, en la que los trabajadores han colgado dos pancartas con las consignas 'Deutsche Bank especuladora' y 'Todos somos Celsa'.
Hernández ha advertido de que de no alcanzarse un acuerdo peligran unos 900 puestos de trabajo directos, todos ellos de la planta de la compañía en Barcelona, y unos 1.900 de indirectos. Ha asegurado que los trabajadores de Celsa no quieren que estos fondos se metan dentro de la compañía porque "al final hacen una especulación", y acaban todas cerrando o bien con unas condiciones laborales inferiores, en sus palabras. La concentración se produce un día después de la última propuesta de Celsa, que ofreció a los fondos 400 millones de euros suplementarios al plan de la SEPI ligados al desarrollo del plan estratégico ante "la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora". La ayuda pública de la SEPI incluye una partida de 450 millones de euros de repago inmediato y 662 millones de euros en siete años.
Acreedores exigen la renuncia al 100% del exceso de valor
Los acreedores de Celsa están dispuestos a seguir negociando para desbloquear la ayuda financiera de la SEPI, pero advierten de que no habrá acuerdo si la familia Rubiralta, a la que acusa de haber hecho una "desastrosa gestión", pretende retener el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada. Los dueños de Celsa negocian a contrarreloj con los fondos acreedores para tratar de llegar a un acuerdo antes del 30 de junio que permita inyectar 550 millones de ayuda financiera ofrecida por la SEPI para garantizar la viabilidad de la siderúrgica. En un comunicado, estos acreedores, que controlan deuda de la compañía por unos 2.200 millones, aseguran que su objetivo es buscar un acuerdo "justo" que reduzca la deuda de Celsa y le sitúe en una posición financiera firme "para que pueda prosperar y crecer en los próximos años".
Subrayan su compromiso con la viabilidad del grupo, lo que incluye la continuidad del centro de decisión y de su órgano de gestión en España y el mantenimiento del empleo. Los fondos, entre los que figuran entidades como Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, niegan "categóricamente" haber presentado una propuesta para "apropiarse de las ayudas públicas" y aseguran que su prioridad es lograr un acuerdo que permita a Celsa recibir las ayudas de la SEPI. De hecho, afirman, aceptan todas las condiciones establecidas por la SEPI y el único punto de desacuerdo es "en cuánto se beneficia la familia Rubiralta de este acuerdo a costa de los acreedores".
"La empresa propone que, después de que los prestamistas condonen 1.200 millones de euros de deuda (que se utilizaron para ayudar a crear y hacer crecer el negocio), la familia Rubiralta mantenga el 100% del control de la empresa y capte el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada", explican en la nota. Los acreedores dicen que están dispuestos a acceder a la petición de los Rubiralta de retener el 100% del control de la empresa, pero no aceptan que sigan poseyendo el 100% de todo el valor una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas.
Sostienen que la propuesta de la empresa es "injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios establecidos de las finanzas corporativas", puesto que pide a los acreedores que renuncien a 1.200 millones de euros que les debe Celsa, mientras que "la familia Rubiralta solo tiene previsto aportar 50 millones a la empresa". "La propuesta de Celsa vulnera directamente el principio de prioridad absoluta, que exige que ningún valor vaya a los accionistas hasta que los acreedores sean satisfechos en su totalidad", señalan los fondos, que defienden que su petición es "coherente" con la exigencia de la SEPI de poder convertir parte de su financiación en capital al valor de mercado vigente en ese momento si la empresa no pudiera pagar sus deudas.
Los fondos proponen que si hubiera algún valor en exceso de la SEPI y la deuda reestructurada este se asignara en un 51% a los accionistas actuales y en un 49% a los acreedores, mientras que la familia Rubiralta, sostienen, quiere que este exceso de valor quedara íntegramente bajo su control. Los acreedores se muestran muy críticos con la gestión de la familia Rubiralta, basada en un "endeudamiento excesivo e insostenible" durante más de una década, lo que ha obligado a la compañía a realizar tres reestructuraciones del negocio en España, una en Reino Unido y dos más en Polonia.
"Todas han dañado la credibilidad internacional de la empresa", lamentan los acreedores, que reprochan además a los Rubiralta que en todo este tiempo no hayan hecho ninguna aportación de capital. Los acreedores internacionales de Celsa aseguran ser instituciones "preeminentes, bien reguladas y capitalizadas" y recuerdan que adquirieron la deuda del grupo "con un descuento proporcional al altísimo nivel de riesgo de impago que conllevaba", tanto por las reestructuraciones realizadas hasta el momento como por "la desastrosa gestión financiera" de los dueños. Denuncian además que desde finales de 2019 la empresa "ha tratado de evitar el cumplimiento de cualquiera de sus compromisos" con los acreedores a pesar de haber alcanzado niveles récord de rentabilidad
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