Las empresas públicas pasan la prueba del algodón del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). La SEPI, el holding de firmas de titularidad estatal que dependen del Ministerio de Hacienda, ha mejorado su nota respecto a 2021, pero no lo suficiente para librarse de los reproches del organismo independiente que vela para que la Administración sea cada vez más transparente. El diagnóstico llega tras un año en el que las solicitudes de información al conglomerado de empresas presidido por Belén Gualda no han hecho más que aumentar, sobre todo a raíz de su papel como rescatador de empresas al filo de la quiebra por la pandemia del coronavirus.
El CTBG ha fijado sus ojos en la evolución del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), cuya mejora ha sido del 11%. Este progreso ha llegado por alegaciones de la SEPI a un primer informe de Transparencia, en el que consideraba que la mejora era solo de un 4,7% respecto a 2021 y, por tanto, solo se podía "valorar negativamente" el resultado, según Transparencia, al entender que se había aplicado un número muy bajo de recomendaciones derivadas de la auditoría anterior.
Con las enmiendas de la SEPI a su primer examen y tras intercambiar sus pareceres, el CTBG cambió de opinión, aunque no tanto como para que la SEPI saliese indemne de críticas en su evaluación. "Todavía existe un amplio margen de mejora para cumplir con las obligaciones de publicidad activa", explicó en su informe definitivo, en el que añadió que la SEPI "solo se ha aplicado el 20% de las recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en 2021" y, como consecuencia, "persisten muchos de los déficits evidenciados en dicha evaluación".
El ICIO mide un extenso listado de aspectos sobre información de interés que las empresas públicas deben publicitar para ser así más transparentes. En el caso de la SEPI, Transparencia todavía lamenta que dentro del bloque de información Institucional y Organizativa no se incluyan los planes y programas o su grado de cumplimiento. Tampoco se hacen los deberes en información patrimonial: "No se publica la relación de bienes inmuebles que sean propiedad de SEPI o sobre los que ostente algún derecho real", explican.
Transparencia identifica déficits de información de la SEPI relativa a las remuneraciones de sus altos cargos
Pero sin duda la mayoría de carencias viene desde el lado económico, donde el CTBG identifica hasta nueve puntos en los que se necesita mejorar. En concreto, la empresa pública omite información sobre las modificaciones de los contratos, datos estadísticos sobre contratación, las subvenciones y ayudas públicas concedidas o las retribuciones de sus máximos responsables, así como las indemnizaciones percibidas con ocasión de su cese.
En términos generales, la SEPI obtuvo un grado de cumplimiento del 51,7%, un porcentaje que todavía le deja a mucha distancia de otras empresas públicas como Aena (88,7%) e incluso algunas de sus participadas como Correos (80%) o Navantia (96,7%). No obstante, sí estuvo por encima de otras entidades que cosecharon resultados todavía peores, como Renfe, cuyo cumplimiento es solo del 36,2%. Preguntado por los próximos puntos en los que centrarse para mejorar su resultado en la siguiente evaluación, un portavoz de la SEPI explicó a La Información que seguirán "avanzando" y defendió que su resultado está "en la media del resto de las entidades".
Aluvión de peticiones
El diagnóstico de Transparencia llega tras un año en el que la SEPI ha tenido que atender en paralelo distintas peticiones de información pública sobre su actividad, principalmente por cómo ha usado el fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros y destinado a empresas españolas en riesgo de quiebra tras la crisis del covid-19. Parte de esta inquietud giró en torno al rescate de Plus Ultra, cuyo expediente terminó investigándose en los juzgados. La SEPI siempre ha apelado al carácter confidencial de estos casos.
Otro gran número de las solicitudes que han sido denegadas por la entidad y han terminado en manos del CTBG han perseguido revelar quiénes habían sido los asesores en la sombra para alguno de los rescates públicos más importantes, como los de Duro Felguera (120 millones de euros), Plus Ultra (53 millones de euros), Ávoris (320 millones de euros) y Air Europa (475 millones de euros). La presidenta Gualda tampoco se ha librado de las críticas en este sentido, tras haber sido acusada de no querer comparecer en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas.
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