El mercado toma nota de los efectos del pago de los casi 190 millones de la Comunidad de Madrid a OHLA por el polémico proyecto del tren a Navalcarnero, que ha llevado a la compañía a tener sobrevolando la amenaza de un pago millonario en los momentos más cruciales para su supervivencia. El Ejecutivo regional anunció la pasada semana el desembolso de la indemnización diez años después de la puesta en marcha de un proyecto que arrancó con grandes expectativas y nunca vio la luz. La primera en pronunciarse sobre lo ocurrido ha sido la agencia de calificación estadounidense Moody's, que ha reconocido este hito como positivo para las finanzas de la constructora de los Amodio y Villar Mir.
En un informe elaborado el pasado 29 de diciembre, la agencia de rating calcula que la cotizada española podrá ahora rebajar su deuda con este dinero en un tercio a finales de 2022. De esta forma, el endeudamiento bruto se colocaría en 652 millones de euros. El apalancamiento, por su parte, se situaría entre las 4,5 y 5 veces deuda/ebitda - ahora es de 6,7 veces-, ratio fundamental para entender la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones.
Moody's mantiene calificada actualmente la deuda de OHLA con una nota todavía dentro del rango conocido como especulativo y de alto riesgo. El pasado mes de julio, sin embargo, la compañía mejoró su calificación y la mejoró su nota en un escalón (de Caa2 a Caa1) con motivo de la culminación de la reestructuración financiera que ha dado lugar a la entrada de la familia Amodio en el capital. Unas semanas después, la otra gran agencia de rating, Fitch, hizo lo propio.
En suma, Moody's espera ahora que se acelere el desapalancamiento de OHLA, que hasta ahora ha llegado vía mejora de los resultados operativos, concretamente desde el primer trimestre del pasado año. La agencia de rating recuerda que OHLA ha emprendido en paralelo una serie de actuaciones para aliviar su deuda, como la venta de activos no esenciales por más de 250 millones de euros. En este sentido, la compañía se desprendió del Old War Office por 100 millones de euros, cuyo cobro está previsto entre 2021 y principios de 2023.
El de Moody's es el primer informe que elabora una agencia de rating tras la decisión de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso acordó un pago final a la compañía de más de 184 millones de euros, según anunció la propia OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 23 de diciembre, teniendo en cuenta tanto las inversiones realizadas por OHLA como los intereses de demora. Las fuentes del mercado consultadas por La Información explican que en los próximos días áreas de analistas como las de Banco Sabadell, Renta 4 o Intermoney también se pronunciarán sobre los efectos de esta operación.
Una década de polémica
Los hechos se remontan al año 2009. Como parte de un compromiso electoral para la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la expresidenta Esperanza Aguirre decide poner en marcha la ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero. El proyecto estaba estimado en cerca de 360 millones de euros y contemplaba la habilitación de 14,4 kilómetros de la infraestructura ferroviaria. La esperanza inicial era finalizar las obras en apenas cinco años.
Pese a los malos augurios por las condiciones leoninas en los pliegos del contrato y las bajas expectativas de demanda, el proyecto recibió el interés de hasta siete consorcios, entre los que estaban las alianzas de Isolux y ACS, Acciona y Comsa o CAF y Andean Development Corporation. Se colocó por encima de todos ellos, no obstante, la entonces OHL (ahora OHLA) dominada por Juan Miguel Villar Mir, que se presentó en solitario a través de su filial Cemonasa.
Las obras arrancaron y llegaron a recibir una inyección de 140 millones, pero la concesionaria decidió paralizar las obras un año después. El bloqueo, motivado por un cruce de reproches entre las partes por falta de financiación, por un lado, y cambios en el proyecto -soterramiento del túnel-, por otro, llevó en 2015 a OHL a presentar una reclamación administrativa. Sorprendentemente, su decisión no se tradujo únicamente en un no del Ejecutivo regional, sino en una petición de indemnización de 356 millones de euros por, a su entender, ser responsable de la paralización de las obras.
La contienda saltó así a los juzgados en un momento en el que las finanzas de OHL se debilitaban ejercicio tras ejercicio y, para más inri, fue objeto de investigación en la trama Lezo por sospechas de corrupción. Por lo que respecta a la reclamación, el pulso finalizó de manera definitiva el pasado mes de octubre, cuando el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid, que ya había perdido anteriormente en el Tribunal Superior de Justicia.
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