El Tribunal Supremo vuelve a sacudir el mercado de las licencias de vehículo con conductor (VTC) en España. La Sala de lo Contencioso acaba de admitir a trámite un recurso presentado por Cabify por lo que volverá a pronunciarse sobre la controvertida ratio de una de estas autorizaciones frente a 30 del taxi. Reabrirá por tanto el debate sobre esta restricción que se impuso por parte del Gobierno después de que un 'agujero' en la normativa en el pasado permitiera la concesión de miles de ellas. Su trabajo a partir de ahora será "reforzar, completar, matizar o corregir" su propia sentencia del año 2018, para ver si este límite es contrario a la normativa europea vinculada a la libertad de establecimiento o a las ayudas de Estado. En caso de que tumbara esa proporción abriría la puerta a miles de licencias que han sido reclamadas en los tribunales en los dos últimos años.
El Alto Tribunal entiende que en ese pronunciamiento de hace tres años no fijó posición sobre las implicaciones que sobre esa ratio tendría la normativa europea. En aquel momento, según asegura el auto judicial al que ha tenido acceso La Información, no se analizó si respetaba la libertad de establecimiento de las empresas o si suponía una ayuda de estado al sector del taxi en base al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es por eso que cree necesario retomar ahora este debate desde esa perspectiva para, incluso, "corregir" su propia posición.
Este estudio podría hacerse a la luz de lo que diga el propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Supremo recuerda que el pasado mes de enero, el TSJ de Cataluña trasladó una cuestión prejudicial al organismo europeo planteando las mismas cuestiones: si el tratado se opone a normas nacionales, como la española, que "sin motivo plausible" limitan las autorizaciones a la ratio 1-30 y exigen una segunda licencia y requisitos añadidos para los vehículos VTC que deseen prestar servicios urbanos. A la luz de este movimiento, el Alto Tribunal estudiará ahora si es pertinente plantear una pregunta a Europa similar a esa, tal y como le reclama Cabify.
Restricción, ¿Desde cuándo?
La restricción de 1-30 estaba blindada desde el año 2018. Primero porque el Gobierno del PP la convirtió en ley a través de un decreto aprobado justo antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara tras el 'macrojuicio' y tras la fuerte presión del sector del taxi. Y después porque el propio Alto Tribunal la respaldó en esa sentencia, al entender que era ajustada a derecho y no discriminatoria. Esto era una victoria del taxi y una derrota, sobre todo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había batallado contra esta regulación, y de las empresas de VTC y de las plataformas como Uber o Cabify. Eso evitaba una liberalización total y cerraba la puerta a todas las autorizaciones que fueran solicitadas después del año 2015.
Ahora, la misma Sala de lo Contencioso que 'ordenó' el sector hace tres años, después de varios años de durísima batalla con varias huelgas del sector del taxi y una fuerte presión social, abre la puerta a cambiar la jurisprudencia. El origen hay que encontrarlo en la negativa de la Comunidad de Madrid de otorgar a Cabify un millar de autorizaciones en abril de aquel 2018. La startup española recurrió y el TSJ de Madrid dictó a principios de este año una sentencia en su contra, entendiendo que ya el Tribunal Supremo había ordenado todo. En un giro total de los acontecimientos este último tribunal decide admitir a trámite para volver a debatir.
Licencias bloqueadas
Durante estos años se han ido incorporando sólo las concesiones pedidas desde 2009 -con la entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus- hasta mediados de 2015, fecha en la que tomó carta de naturaleza la restricción tras los decretos del Gobierno y el respaldo del Supremo. Es por eso que se ha ido frenando la activación de las mismas. En ese año 2018 se duplicaron desde las más de 6.000 hasta rozar las 13.000. A cierre de junio, en España había casi 64.000 licencias de taxi y 16.900 de VTC, lo que supone en la práctica una ratio de 1 a 4. Bien es cierto que la ratio saltó por los aires por no haber cerrado a tiempo ese 'agujero' legal entre los años 2013 y 2015, pero su blindaje posterior permitió que no hubiera una liberalización total, con un incremento mayor de autorizaciones de VTC.
De hecho, la de Cabify no es la única petición de licencias que recibió la negativa de un tribunal de justicia de alguna comunidad autónoma y estaría a la espera de esta nueva jurisprudencia del Supremo. La reclamación de la startup española es de 1.000 licencias en Madrid -que se sumarían a las más de 2.500 que tiene en su propiedad tras la compra del 60% de Vector a Rosauro Varo y del 100% de la firma Prestige and Limousine al ex jefe del taxi José Antonio Parrondo-. Pero hay otros cientos de ellas exigidas por empresas del sector en más de 150 sentencias que se han ido firmando en los dos últimos años. Una sentencia favorable del Alto Tribunal abriría la puerta a todas ellas, lo que inundaría el sector de más permisos.
La regulación actual
Esta sacudida del tribunal al sector se produce en un momento especialmente delicado en lo regulatorio. Las grandes compañías de flotas de VTC siguen pleiteando en los tribunales para tratar de declarar inconstitucional el llamado 'decreto Ábalos' que daba carta blanca a las comunidades para regularlas y restringir más su actividad, con la exigencia de un periodo de precontratación de los coches de más de 15 minutos o la limitación de la operativa sólo a trayectos interurbanos con una moratoria de cuatro años que acabaría a finales de 2022. Ese decreto ha dejado un mercado español fragmentado, en el que territorios como Madrid han ejecutado reglas más favorables a la VTC, frente a otros como Cataluña o la Comunidad Valencia, mucho más duros. En estos últimos casos hubo consecuencias como la salida de Uber de ambos -regresó a Barcelona, pero con taxis-, mientras que Cabify se mantuvo gracias a una argucia legal.
Junto a lo regulatorio, el contexto actual está marcado por una mayor competencia en el mercado de las VTC, tras la entrada de la estonia Bolt que rompe el 'duopolio' de Uber y Cabify y el sobrevuelo de otros gigantes con bolsillos profundos como al china DiDi, recientemente aterrizada en Reino Unido. También por la irrupción de este tipo de plataformas en el mercado del taxi, ofreciendo servicios con taxistas. La eterna batalla continúa. Y el Tribunal Supremo la ha vuelto a avivar más.
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