La madeja está más enredada que nunca y los jueces piden tiempo. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han reiniciado el proceso abierto en la comunidad sobre la normativa autonómica y el antiguo reglamento de la VTC. Pero han echado el freno pidiendo alegaciones a las partes. Argumentan que tanto el decreto aprobado por el Gobierno de España y la sentencia del TJUE como la "complejidad" de la materia hace necesario otorgar este plazo para preguntar a los implicados. Entre estas últimas se encuentran las principales asociaciones del taxi, empresas como Cabify, una de las patronales Unauto o la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La sentencia del pasado mes de junio del TJUE fue precisamente a petición de estos magistrados del TSJC que elevaron en 2021 cuestión prejudicial antes de que lo hiciera el propio Tribunal Supremo y a colación de recursos de la CNMC y de patronales del sector de la VTC. El pronunciamiento es claro: la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi es contraria al Derecho de la Unión, pero no se oponía a que las comunidades reclamen la obtención de una licencia adicional para operar, como se hacía en Cataluña, y advertía que los límites cuantitativos sólo podían estar justificados en base a razones medioambientales o de gestión del tráfico. Este fue un primer movimiento tras el cual llegó el del Gobierno.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El decreto ley 'escoba', aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de junio, restringía el número de licencias nacionales en base a esos criterios medioambientales y resucitaba el 'blindaje' del taxi como servicio de "interés general", desoyendo la propia visión del TJUE. Se agarraba a un resquicio legal para sortear un aluvión de demandas en los tribunales, al no denegar los permisos sino que planteaban suspender el procedimiento durante tres años mientras se cumplen esas condiciones de contaminación y tráfico. Esto modifica la Ley de Ordenación del Transporte (LOTT) y cambia por completo el escenario regulatorio. Es por eso que los jueces piden tiempo para analizar antes de dar su veredicto.
Ahora, el TSJ busca ganar oxígeno para estudiar la situación actual. En varias providencias enviadas a todas las partes en estos últimos días, consultadas por La Información, los magistrados insisten en que una vez notificada la sentencia del TJUE correspondía levantar la suspensión de todos los recursos y procedimientos pendientes. Pero reconoce que "dados tanto el contenido de la sentencia como la reciente publicación del decreto, sea o no ratificado, y la complejidad de la materia" se aprecia la necesidad de otorgar un plazo de alegaciones. Éste viene derivado de "la importancia que esas novedades pudieran tener a los efectos de la resolución".
Hay un puñado de causas acumuladas que se han mantenido independientes y no se han unificado por el TSJ catalán. Entre las partes están la Asociación Nacional del Taxi, Élite Taxi y otras organizaciones junto con el Área Metropolitana de Barcelona, que fue durante el mandato de Ada Colau del controvertido reglamento que restringía la actividad de la VTC e introducía esa 'segunda licencia' por primera vez. Por otro se encuentran varias empresas del sector de la VTC, como la propia Cabify (a través de su empresa Prestige and Limousine), la patronal Unauto, o la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta decisión del TSJC retrasaría más el caso en Cataluña. En las providencias enviadas estos días da un periodo de 20 días de alegaciones a todas las partes para que expliquen su visión sobre la situación actual del sector y la regulación. Los magistrados deberán estudiarlas para ejecutar una sentencia definitiva en los próximos meses. No hay un plazo estipulado pero obviamente esto retrasará el proceso, lo que permitiría que el Tribunal Supremo pudiera adelantarse en su pronunciamiento definitivo.
El Supremo pisa el acelerador con las VTC
Como avanzó La Información hace unos días, el Alto Tribunal decidió suspender su cuestión prejudicial al TJUE sobre la misma materia de la VTC, al entender que la primera sentencia pronunciada a petición del tribunal catalán era suficiente. Daba por buenas esas conclusiones por lo que agiliza los plazos de su sentencia definitiva. Lo lógico sería que la suya llegara antes que la del TSJC, pues permitirá sentar jurisprudencia. Pero aún no queda claro quién mostrará antes las cartas.
Mientras la vida en los tribunales continúa, el decreto que incluía esa modificación de la LOTT aún no será convalidado en el Congreso de los Diputados. El objetivo era hacerlo antes de las elecciones del próximo 23 de julio. Sin embargo, los plazos no van a permitirlo. La Diputación Permanente completará el trámite después de los comicios. No está previsto que haya reunión esta semana, por lo que tendrá que esperar a la próxima o a la segunda de agosto.
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