Ganar tiempo y esquivar un aluvión de denuncias en los próximos años. El Gobierno ha introducido dos párrafos en el 'decreto VTC' con los que pretende blindarse ante esas demandas. El nuevo texto, que modifica la ley de transportes, impone criterios medioambientales para no otorgar estas licencias reclamadas en los últimos años, muchas de ellas judicializadas. Pero si no se cumplen esas condiciones de baja contaminación, los procedimientos no se denegarán sino que se suspenderán por un plazo de tres años. Esto podría evitar decenas de demandas de solicitantes y grandes flotas de vehículos e iniciar así otra batalla en los tribunales. "Retrasará procesos judiciales", aseguran desde Transportes.
El diablo está en los detalles. Y en esta pugna regulatoria que se alarga durante más de un lustro, aún más. Había un temor claro, especialmente en el taxi, a que entraran miles de licencias nacionales -con derecho a hacer servicios interurbanos y no dentro de las ciudades pero con posibilidad de pedir una segunda licencia urbana- ante la posibilidad cada vez más cierta de que el Tribunal Supremo tumbara el 1-30 tras la sentencia del TJUE que hacía lo propio. Los taxistas exigían al Gobierno que este incluyera la denegación total de todas las licencias nacionales solicitadas en los últimos años, incluidas las que recibieron el 'no' antes del llamado decreto Ábalos en 2018. Pero esto podía implicar un aluvión de demandas no sólo por esta negativa sino también por un potencial daño patrimonial por la retroactividad de la nueva normativa. Los equipos legales del Ministerio de Transportes han planteado un resquicio.
Ese resquicio, incluido en las disposiciones transitorias del texto, consiste en mantener vivos formalmente esos procedimientos -pero sin que haya una denegación-. De esta forma, según explican fuentes jurídicas, podría parar esas denuncias. En los últimos años ha habido cientos de sentencias de los tribunales de justicia sobre denegaciones de las consejerías de transportes de las comunidades autónomas -que tienen delegada la competencia estatal-. Transportes asegura que la medida tiene el objetivo de proteger de agravios comparativos. Si en el momento en el que obtenga una sentencia firme del Supremo dándole derecho a volver a solicitar la licencia y recibe una negativa por los altos niveles de contaminación en ese momento, pueda acudir de nuevo. La realidad es lo que admiten también fuentes del ministerio: "Esto retrasará los procesos judiciales". Es decir, es una manera de ganar tiempo.
Aún queda la letra pequeña sobre cómo se van a establecer las reglas para esa medición -el texto del decreto habla de la superación en el mismo día de la otorgación del valor límite anual de NO2 o PM2,5 o el valor objetivo regulado en la normativa de mejora de la calidad del aire-. Pero lo más importante es que el 'peso' de mantener el procedimiento vivo está en el solicitante y no en la administración. Es decir, tendrá que ser la empresa o la persona quien deba solicitar de nuevo su autorización más adelante para tratar de cumplir con esos criterios. La realidad, según explican diversas fuentes, es que esos baremos serán lo suficientemente exigentes como para que no haya 'luz verde' definitiva a ningún título en esos segundos intentos.
Por si fuera poco, en el decreto hay otro detalle que podría generar otro golpe para grandes plataformas como Cabify o los grandes tenedores de licencias. Y tiene que ver con las restricciones para licencias 'dormidas'. Se exigirá que en todo momento cada licencia cuente con un arrendamiento financiero o de largo plazo. En caso de que esto no suceda, la autorización perdería su validez por completo. Hoy, según explican fuentes del sector, hay cientos de estos permisos sin coche -ante la escasez de vehículos- e inactivos, pudiendo ser 'despertados' durante el periodo que va hasta la siguiente revisión del visado en la administración. Esto obligaría a dar de alta esos vehículos o a dar por perdidas esas licencias. Además se perseguiría la práctica de las grandes flotas de contar con menos vehículos que títulos.
Golpe a las plataformas
A estas dos medidas, que son impuestas por el Estado pero serían ejecutadas por las comunidades ante el traspaso de competencias, hay que sumar precisamente el mayor poder a las comunidades para limitar esa segunda licencia para hacer servicios urbanos. El 'decreto Ábalos' ya implantó esa regulación autonómica. Pero ahora se establece la posibilidad de que las regiones establezcan "criterios adicionales" de calidad del aire, de reducción de emisiones Co2, gestión del transporte, del tráfico o del espacio público. El primer filtro se endurece y el segundo, también.
Este decreto es un golpe para las grandes plataformas, que utilizan estas licencias para sus servicios. Las patronales principales avisan que acudirán a la Comisión Europea. Pero dada la complejidad de este sector hay intereses cruzados que hace que no todo sea blanco o negro. Bolt es la única firma que no tiene ningún interés en las licencias VTC, por lo que su incentivo a proteger el 'statu quo' es menor. Pero Uber cuenta con el 30% de Moove Cars, la mayor flota de VTC de España con más de 4.000. Cabify atesora más de 2.000 permisos a través de dos de las sociedades adquiridas en 2019 -Prestige and Limousine y Vector Ronda-. Hay actores del sector que, según explican diversas fuentes, no abogarían por una liberalización total, con lo que reduciría el valor de sus activos e incrementaría la competencia.
Este miércoles se publica el texto definitivo del decreto en el BOE. Ahora queda la 'letra pequeña' para establecer todos los mecanismos. Pero mientras todo esto sucede y para complicar aún más el asunto, el Tribunal Supremo está a la espera de pronunciarse sobre su jurisprudencia. La sentencia del TJUE que tumbó el '1-30' era a colación de una cuestión prejudicial presentada por el TSJ de Cataluña. El Alto Tribunal presentó su propia cuestión prejudicial, que lo lógico es que tenga un sentido similar. Y tras este pronunciamiento de Luxemburgo, los magistrados españoles tendrán que sentar su jurisprudencia. ¿Qué sucede si finalmente plantea otra regulación diferente y contradice lo establecido en este último decreto? "Cuando se pronuncie, se adaptará la normativa a lo que establezca el Supremo, como no puede ser de otra forma", aseguran las fuentes de Transportes.
Las reacciones
El taxi ha aplaudido la medida y ha suspendido las movilizaciones. La VTC ha criticado la medida, aunque 'en voz baja' hay quien respira en cierta manera aliviados. Pero, como todas las fuentes coinciden, este nuevo decreto -al igual que la sentencia del TJUE- mantiene intacto el 'caos regulatorio' del sector. Y para muestra un último ejemplo: hoy, según explican desde la VTC, estaría vigente el 1-30 mientras el Supremo no lo tumbe definitivamente. Por tanto, cabría incluso la posibilidad de que muchas de las licencias pedidas en el último año y medio sean denegadas no por las cuestiones medioambientales sino por esa proporcionalidad.
Pese al resquicio jurídico al que se agarra Transportes en este movimiento 'in extremis', la pugna no va a dejar de existir. Esta es la cuarta gran reforma legislativa en una historia que se ha convertido en interminable. El 'decreto escoba' del Gobierno de Sánchez ha sido el penúltimo capítulo. Fuentes de la VTC y del taxi dan por hecho que aún queda mucha tela que cortar.
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