El Tribunal Supremo da algo de aire a Vodafone en pleno huracán por la caída en el negocio y el recién cerrado Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Lo hace con una sentencia en la que respalda su pacto con el gigante chino Huawei para externalizar 228 empleados del área de mantenimiento de la fibra de ONO. CCOO reclamó la nulidad de esta decisión, sin éxito. El contrato arrancó en 2017, tenía una duración de cinco años y suponía un desembolso por la teleco de unos 200 millones.
En junio de ese año 2017, la organización sindical presentó una demanda por conflicto colectivo en la Audiencia Nacional. Exigía su nulidad, algo que fue rechazado por la Sala de lo Social del tribunal. ¿Consecuencia? Recurrió ante el Tribunal Supremo, que no ha accedido a su petición.
Hay que remontarse a principios de ese ejercicio. Vodafone finalizaba un concurso para completar esa salida de los empleados. Finalmente, el elegido era Huawei. La empresa asiática se hacía con esta gestión cuatro años después de hacerse con el de la red de ADSL y móvil en 2013. Esta externalización se producía algo más de un año después del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado tras la compra de ONO.
¿Cómo lo justificaba Vodafone? Primero en los antecedentes de 2013. La externalización permitió mejorar un 25% la disponibilidad de la red móvil; reducir un 30% las incidencias, y un 22,5% el coste. Y después en las dificultades de la integración operativa con ONO tras la fusión en 2016. "Provocó que en Vodafone no sólo se duplicasen tareas, sino que una misma tarea se hiciese de forma diferente", apuntó ante el tribunal. El objetivo último era la simplificación de los procesos.
Rechazo a todo por el TS
CCOO acudió a los tribunales. En última instancia, recurrió ante el Supremo. Denunció varios incumplimientos que, a su modo de ver, implicaba la nulidad. En este sentido, incidía en que los empleados externalizados siguieron recibiendo órdenes e instrucciones de Huawei; que Vodafone ha facilitado el uso por la china de parte de las aplicaciones informáticas para el desarrollo del servicio, y que como consecuencia del traspaso no se garantizó a los empleados transferidos su convenio de procedencia, no respetándose condiciones laborales y de seguridad como el fondo social, la retribución variable o la revisión salarial.
El Tribunal Supremo rechazó incorporar estos nuevos hechos en la demanda. "El sindicato persigue incluir, como hecho probado, unas conclusiones netamente jurídicas", explica en la sentencia, a la que ha tenido acceso La Información.
Sobre el resto de razones, el Alto Tribunal también las rechaza. Entiende que es ajustado plenamente a la ley "buscar y adecuar las fórmulas de equiparación en aquellas condiciones que, por estar estrechamente vinculadas a las características propias de la empresa saliente, resultan de imposible o muy difícil satisfacción por la entrante (Huawei)".
Buena parte de las salidas del ERE, pendientes
Tras este espaldarazo legal, Vodafone afronta el verdadero aluvión de despidos durante lo que resta de mes de marzo y el de abril. El objetivo de la compañía es que se completen en torno al 90% de las salidas previstas en este periodo.
España no es, precisamente, excepción para Vodafone. El otro país que ha estado seriamente señalado por el devenir de su negocio en los últimos trimestres ha sido Italia. Y ante esos resultados, la operadora británica ha propuesto un recorte de plantilla de hasta 1.1130 empleados. Y ha repetido las mismas razones esgrimidas aquí: la "presión competitiva" y la reducción de los márgenes.
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