El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega han recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que les condena a sendas penas de dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos en la Administración o en el sector financiero por falsear las cuentas de la entidad, que quebró en 2009 y fue la primera en ser intervenida y nacionalizada.
Los antiguos responsables de la caja castellano-manchega han solicitado su absolución y la revocación de la sentencia del Juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que les consideraba culpables de un delito de falsedad contable y les obligaba a pagar sendas multas de 29.970 euros.
En concreto, Hernández Moltó sostiene en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que la resolución se basa en un hecho "especialmente discutido, controvertido" y sin acreditar como es que tuviera el carácter de presidente ejecutivo en la caja, mientras que niega haber llevado a cabo una conducta "falsaria".
"A esta defensa no se le escapa la presión mediática que existe en torno a estos procesos penales, pero la legalidad en ocasiones es enemiga de otros intereses ajenos a la Justicia, que es lo que aquí se pretende", denuncia.
El expresidente de CCM señala que los documentos remitidos al Banco de España implicaban "ciertos actos de formalización y control" y no eran propiamente estados financieros, sino una "mera extrapolación" de datos contables de carácter provisional sobre la situación económico "general" de la sociedad.
"DEJACIÓN DE FUNCIONES" DEL BANCO DE ESPAÑA
En cualquier caso, recuerda que el Banco de España dio traslado de dicha documentación a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) "sin llevar a cabo la supervisión a la que estaba obligado", lo que conlleva una "supuesta dejación de funciones".
"Entendemos que la omisión de los deberes por parte del Banco de España impide la conexión directa entre el riesgo creado para el patrimonio de terceros y la información contable remitida por CCM, imposibilitando la atribución del resultado al riesgo creado por la conducta aquí juzgada", añade.
La defensa de Moltó concluye que "en ningún caso" su cliente hizo un "uso abusivo" de su cargo, adoptando decisiones al margen de los órganos de gobierno. En este sentido, asegura que su representado no conoció el estado de los datos financieros enviados al Banco de España y que carecía de facultades de gestión o administración relacionadas con la contabilidad de la entidad.
La Audiencia Nacional, que absolvió a los acusados de administración fraudulenta, consideró probado que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros individuales y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".
El juez Honrubia obligó a Moltó y Ortega a satisfacer, la mitad y a partes iguales, las costas causadas, incluidas las de la acusación particular y popular, ejercidas por la propia entidad y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que solicitaba penas de cinco años de cárcel.
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