Se trata del proceso de designación que hace el Senado de cuatro plazas de magistrados que quedan vacantes porque expira su mandato y la Cámara alta pide a los Parlamentos autonómicos que envíen sus candidaturas para dos de ellas.
El Parlament instó a los grupos parlamentarios que presentasen a sus candidatos y les dio de plazo para hacerlo hasta el 19 de diciembre, aunque será la Comisión de Asuntos institucionales (CAI) la que decidirá qué dos propuestas de candidatos entregan a la Cámara Alta.
Azón ejerce como Magistrado Especialista en el Oren Social en la Sala de los social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre setiembre de 2008 y diciembre de 2014, a propuesta del Senado.
Este magistrado que impulsó la colaboración del CGPJ con la Organización Internacional del Trabajo, tiene la medalla de honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la Justicia (2013), una mención honorífica en materia de justicia en Catalunya (2010) y la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en la categoría de la Cruz de Plata.
El segundo candidato que propone el PSC tiene un perfil más académico: es catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), donde se licenció en derecho.
Arbós se doctoró después de haber obtenido un diploma de estudios avanzados en el Instituto de Estudios Políticos Sciences-Po, ejerció como profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona (UdG) y fue decano de la Facultad de Derecho.
SELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Entre los magistrados que elige el Senado y que finalizan el mandato están el presidente del tribunal Francisco Pérez de los Cobos y la de la vicepresidenta, Adela Asúa, y también Ricardo Enriquez Sancho y Luis Ignacio Ortega, cuyo puesto está sin cubrir desde su fallecimiento el año pasado.
La primera vez que el Parlament lanzó sus propuestas al Senado fue en 2008 en cumplimiento de mandato del artículo 180 del Estatut, según el cual la Generalitat participa en los procesos de designación de los miembros del TC, y lo hizo usando el voto secreto en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI).
En aquella ocasión, a propuesta de los grupos que daban apoyo al gobierno tripartito --PSC, ERC e ICV-- y de CiU, el Parlament envió al Senado los nombres de los catedráticos Encarna Roca y Antoni Rovira.
En 2014 el Parlament, de nuevo a través de la CAI, volvió a proponer a un candidato, en este caso tras el fallecimiento del magistrado del TC Francisco José Hernando, y de nuevo optó por Antoni Rovira, que tampoco fue escogido, ya que el Senado eligió, precisamente, a Enriquez Sancho.
Según la Constitución, el mandato de los magistrados del TC es de nueve años, pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE no permitió su designación hasta 2010, pese a que el relevo debía haberse realizado en 2007.
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