La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, la imputación en el procedimiento de los exmandatarios regionales Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, según detallan fuentes jurídicas a La Información. Las mismas fuentes precisan que entre la lista que presenta el Ministerio Público también se incluyen el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa como persona jurídica. Pese a tratarse de una causa que suma más de cinco años de instrucción, no ha sido hasta este momento procesal en el que el Ministerio Público ha considerado que hay indicios suficientes para que todos estos actores declaren como investigados por su relación con la presunta caja 'b' del PP madrileño.
Las fiscales al frente de la causa, Carmen García y Teresa Gálvez, han entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 el escrito con el cual reordenan todas las piezas de esta macrocausa que estalló con la detención del presunto cabecilla de la misma, el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Desde entonces la investigación, centrada en indagar presuntos amaños de licitaciones en la Comunidad de Madrid, ha crecido hasta convertirse en una de las causas más densas de este órgano judicial, llegando a sumar hasta un total de 14 piezas.
No obstante, la Fiscalía ahora la reduce a un total de 11, siendo la novena la relativa a la caja 'b' del PP madrileño. Precisamente la Fiscalía ha pedido la imputación de Aguirre en esta pata de la causa dedicada a rastrear una presunta financiación irregular del PP regional. En el marco de la misma, agentes de la UCO determinaron en un informe incorporado a comienzos de año que el partido regional costeó con fondos opacos determinadas campañas electorales en la Comunidad de Madrid; entre ellas, la del año 2011 en la que Aguirre revalidó su mandato en la Presidencia.
Según explica el Ministerio Público en una nota, el informe consta de 75 páginas y delimita la causa en 11 piezas. La primera, conocida como la del 'chivatazo' a Granados, está juzgada y con sentencia firme. La segunda, relativa a los trabajos de mejora 'online' de Alejandro de Pedro; la tercera, sobre la ramificación en Murcia; la cuarta, relativa al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales; la quinta, que amplía los hechos a las localidades de Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; la sexta, sobre las adjudicaciones de Cofely; la séptima, que se centra en las facturas 'ficticias' de Waiter Music; octava, sobre Francisco Granados; la novena, dedicada a la caja 'b' del PP madrileño y las otras dos restantes sobre adjudicaciones fraudulentas y la contratación de Alfedel.
Peticiones "prematuras"
El último informe de la UCO que obra en el sumario incorporó también nuevos nombres de empresarios que vendrían a sumarse a los conocidos hasta el momento. La participación de todos ellos en este circuito consistió en financiar en 'b' las campañas del partido mediante donaciones y un sistema de facturas con importes falsos o ficticios que se cargaron a diversos organismos públicos dependientes del Gobierno regional, como la fundación Fundescam, creada en el año 2000. Detrás de este 'modus operandi' que denuncia la policía judicial estarían, entre otros, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez Moliner, el cual daba las órdenes acerca de cómo se tenían que emitir las facturas.
Cabe destacar que, pese a tratarse de la primera vez en la que el Ministerio Público pide su citación como investigada, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ya se ha enfrentado a este trámite en tanto las acusaciones populares de la trama Púnica lo han pedido en en reiteradas ocasiones en estos últimos años. La respuesta de las fiscales de la causa y del magistrado instructor en las últimas peticiones, como ocurrió en diciembre del pasado año, fue que se trataba de un movimiento "prematuro" y que, por tanto, era necesario esperar a que finalizara la investigación de esta pieza de la causa y que se formara procesalmente, hecho que se delimita en este informe entregado ahora al Juzgado.
Indra, en el ojo del huracán
La presidenta de Madrid entre 2003 y 2012 siempre se ha desvinculado de estos hechos, apuntando incluso que destapó algunas prácticas corruptas dentro de su formación, como es el caso Gürtel, procedimiento en el que declaró como testigo. Esta citación se produjo poco después del estallido del caso Lezo en el cual se detuvo al que fuera su mano derecha Ignacio González. Se trató de un duro golpe para Aguirre que se vino a sumar al que sufrió tres años antes, en octubre de 2014, cuando el estallido de la Púnica derivó en la detención de su otro 'delfín' en el PP madrileño, Francisco Granados. Desde entonces, la sombra de estas dos macrocausas penales le ha seguido de cerca hasta el punto de que las acusaciones de Lezo pidieron su imputación por presuntas irregularidades en la adjudicación del campo de golf; solicitud denegada por el magistrado instructor.
En lo que a la trama Púnica respecta, de todas las piezas abiertas hasta la fecha solo una llegó a juicio; la relativa al 'chivatazo' que recibió Granados de que estaba siendo investigado junto con su entonces socio David Marjaliza. Por estos hechos la Audiencia Nacional condenó a dos años de prisión al que fuera alcalde de Valdemoro y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al agente en excedencia José Luis Caro Vinagre. El Tribunal Supremo ratificó esta resolución.
Otras pieza destacada es la que indaga los pagos al conseguidor de la trama, el informático Alejandro de Pedro, desde organismos como Indra. El empresario realizó numerosos trabajos de reputación online para candidatos de determinadas alcaldías de la Comunidad así como miembros del gobierno regional como es el caso de los exconsejeros Salvador Victoria o Lucía Figar, ambos imputados en esta parte de la macrocausa. En este caso, altos directivos de la compañía explicaron en sede judicial que efectivamente se efectuaron pagos desde la misma a De Pedro por orden expresa del departamento de Presidencia de la Comunidad de Madrid, dirigido por Salvador Victoria.
Causa "extraordinariamente compleja"
Más avanzada está la investigación sobre la multinacional francesa Cofely. Los presuntos amaños en esta red de adjudicación de eficiencia energética llevaron al juez a poner coto a la sexta pieza del procedimiento, delimitando en 60 el total de imputados; entre ellos directivos de la multinacional gala y políticos de más de una decena de consistorios de la Comunidad. Las fiscales del caso determinaron que esta práctica -reconocida en sede judicial por algunos de los investigados- consistió en la manipulación de los pliegos de contratación para que la empresa gala fuera la beneficiara de múltiples contratos de alumbrado y urbanismo, de los cuáles se desviaron importantes mordidas para los participantes en esta operación.
Con todo las diligencias se siguen practicando. De hecho, las últimas imputaciones en la causa han sido las de dos empresarios, administradores de KV Consultores, acusados de canalizar los pagos que OHL habría desviado al que fuera su consejero delegado, Javier López Madrid y Granados. Por estos hechos, el instructor escuchó como testigo a la hermana del empresario, Miriam López Madrid, a quien la Fiscalia considera testaferro del exalto cargo de la constructora, pese a que la testigo negó este extremo.
La magnitud de la investigación ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción pidiera una nueva prórroga de la investigación a tenor principalmente de que todavía quedan por practicar importantes diligencias, entre ellas determinadas comisiones rogatorias al extranjero. El magistrado Manuel García Castellón respondió delimitando el plazo de instrucción en el año 2022 al tratarse de una causa "extraordinariamente compleja y con una entidad sin precedentes". Sin embargo, la Audiencia Nacional corrigió al juez y determinó que la instrucción de todo este macroprocedimiento debía finalizar, a más tardar, en junio de 2020.
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