La Audiencia Nacional ha puesto coto a los amaños que se llevaron a cabo en Cofely, la empresa estrella de la trama Púnica. El magistrado al frente de esta investigación, Manuel García Castellón, ha determinado que existe un total de 60 personas, de las cuáles una quincena son empleados de la multinacional francesa, investigadas en esta pieza concreta de la macrocausa. Las irregularidades en las adjudicaciones afectan además a cerca de una decena de exalcaldes de municipios madrileños.
El instructor explica en una providencia a la que ha tenido acceso La Información que, de esta forma, registra formalmente la pieza número 6 de una de las causas más antiguas de la Audiencia Nacional. En la misma detalla un listado de personas imputadas por las prácticas que se llevaron a cabo en el seno de la empresa y donde existía, según explicaron algunos de los acusados en sede judicial, un sistema institucionalizado de sobornos a cambio de lograr las adjudicaciones de contratos de eficiencia energética en determinados pueblos de Madrid.
Entre los investigados figuran una quincena de empleados de la empresa gala como son el director ejecutivo Didier Roger Maurice y los altos cargos Pedro García, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández Pérez. El juez considera que también deben responder por este entramado el presunto cerebro de la red, David Marjaliza, su socio Eduardo de la Peña -conocido como 'el ñapas'- y una treintena de excargos públicos entre los que no se encuentra el principal acusado de la trama Púnica, Francisco Granados, tal y como recoge el diario Libertad Digital. De todos los políticos imputados hay dos que, a día de hoy, siguen en el cargo y son los alcaldes de Almendralejo y Brunete José García Lobato y Borja Gutiérrez, respectivamente.
Así, el magistrado implica a los exediles de Casarrubuelos (David Rodríguez); Collado Villalba (Agustín Juárez); Getafe (Carlos Estrada Pita); Móstoles (Daniel Ortiz); Parla (José María Fraile); Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández) y Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), entre otros, lo que denota la dimensión de esta parte troncal de la investigación. De hecho, las citaciones por el cobro de presuntas mordida se han seguido produciendo hasta hace pocos meses a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente puso el foco en las concejalías de alumbrado y urbanismo de estos municipios madrileños.
No obstante, las declaraciones más reveladoras para los investigadores fueron las de altos cargos de Cofely, como es el caso del exdierctor de Mercado Público, Pedro García. El directivo explicó muy detalladamente en sede judicial en qué consistía este circuito de sobornos, el cual estaba muy asentado en la multinacional gala. De esta forma, precisó ante el magistrado instructor que dentro de la empresa había una partida fija para pagar los sobornos por los contratos adjudicados en estos municipios durante los gobiernos del Partido Popular. Incluso explicó que, para tapar este presunto desvío de fondos, se emitían facturas falsas bajo el concepto de 'Business Plan', las cuáles dividían a su vez en otras subpartidas.
Las fiscales Anticorrupción al frente del caso denunciaron este sistema de amaños así como el hecho de que desde la propia Cofely se redactaran directamente los pormenores de los contratos que firmaban en estos municipios, garantizándose así al cien por cien que serían los adjudicatarios de los mismos. Como resultado de todo esto, y teniendo en cuenta que algunas de las facturas que se firmaban alcanzaban los 100.000 euros; había ediles y funcionarios de dichos consistorios implicados en la trama que cobraban "importantes comisiones".
Muchas de estas facturas ficticias en cuestión se giraban a empresas vinculadas con el constructor confeso David Marjaliza; extremo que él mismo ha reconocido en sede judicial. Precisamente el empresario está citado a declarar el próximo 25 de abril para continuar pronunciándose acerca de los negocios que habría llevado a cabo con su exsocio José Luis Cápita así como por el presunto entramado que ambos crearon para ocultar partidas que, en el caso de Cápita, alcanzaron los 715.000 euros.
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