La Fiscalía Anticorrupción ha acotado el circuito de desvío de fondos que se produjo entre los ejercicios 2006 y 2011 desde la Comunidad de Madrid en el marco de la trama Púnica. De esta forma establece una relación clara entre la empresa pública Arpegio y el Plan Prisma, sobre las partidas de inversión de los pueblos madrileños. En concreto apunta directamente a Francisco Granados como la persona que habría capitalizado Arpegio con gran parte de estos fondos del gobierno regional para terminar desviándolos a terceros, a los que se investiga en este procedimiento.
Así consta en un escrito al que ha tenido acceso La Información y según el cual esta argucia que se investiga en una pieza de la macrocausa, corresponde a una "estrategia deliberadamente planificada" durante el tiempo en que Francisco Granados fue consejero de Presidencia del ejecutivo regional. Aunque no es la primera vez que las fiscales del caso apuntan al papel que tuvo la extinta Arpegio en el desvío de fondos de la Comunidad de Madrid, sí que trazan el recorrido del dinero, el cual salía principalmente de este plan regional de inversiones y servicios.
Por ese motivo, el Ministerio Público dirigió la investigación en esta línea y apuntó directamente a la directora de comunicación de Prisma, Inés Valera, de quien pidió su imputación por los delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsificación de documentos. El magistrado que instruye la causa, Manuel García Castellón, atendió la petición de Anticorrupción y acordó su citación en calidad de investigada para este mismo martes, de acuerdo con un auto del pasado 13 de febrero consultado por este diario. En el mismo ordenó igualmente que se escuchara como testigos a Fernando Laguna y José Ángel Casado, ambos directivos de Obras de Madrid (la sucesora de Arpegio).
La trama contó también con la intermediación de otros acusados en esta macrocausa, tales como el que fuera consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz, así como los técnicos que entraron a formar parte de la oficina de Prisma desde la que "se desvió y malversó un importante caudal de dinero público a través de las adjudicaciones de obras civiles" adscritas a este plan que se llevó a cabo en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Además, resaltan especialmente los presuntos amaños que se habrían realizado desde estos entes públicos en favor de la mercantil Desarrollos Urbanísticos S.A (DUSA), cuyo administrador único Adolfo Fernández, está imputado en la trama.
Las fiscales del caso Teresa Gálvez y Carmen García ubican por primera vez a Valera en este entramado y le atribuyen el papel de intermediaria en la elaboración de los pliegos para la licitación de un contrato que ya estaba adjudicado de antemano a la empresa de Fernández. Además, también detectan irregularidades manifiestas en convenios de publicidad ficticia para promocionar el famoso plan que sirvió a los cabecillas de la Púnica para canalizar el desvío de capitales.
Adjudicación trampa: tres mercantiles de un mismo empresario
Sobre este último punto, las fiscales explican que la extensa documentación entregada por Arpegio al Juzgado Central de Instrucción número 6 ha permitido dilucidar el 'modus operandi' de los acusados para adjudicar 'a dedo' los contratos en cuestión. En concreto se valieron de un procedimiento sin publicidad en el que solo participaban tres mercantiles de un mismo empresario y cuyo objeto estaba simulado. De nuevo, Anticorrupción vuelve a situar en este entramado a Inés Valera de quien dicen que no solo realizó algunas propuestas de adjudicación sino que fue nombrada directora técnica de uno de los contratos que están bajo la lupa.
Se trata del que se adjudicó a Over Marketing, empresa cuyo dueño -Daniel Mercado- reconoció en sede judicial haber costeado parte de la campaña electoral de Esperanza Aguirre en el año 2007 con dinero en 'b'. Aunque las fiscales del caso no hacen mención a este extremo determinado, sí apuntan que el expediente de esta concreta adjudicación presenta "graves irregularidades", lo que les llevó a pedir la imputación de Valera para que explique su actuación y responsabilidad en los "cientos de contratos" que se otorgaron desde Arpegio en los Planes Prisma de los ejercicios comprendidos entre los años 2006 y 2011.
El avance de estas pesquisas pone de manifiesto que, pese a llevar cinco años de instrucción, la causa, lejos de tocar a su fin, sigue avanzando en algunas de sus piezas, como ocurre en esta relativa a los contratos de Arpegio. Esto llevó al juez a prorrogar la instrucción hasta 2022, tal y como adelantó este diario. Anticorrupción de hecho, pidió al juez que la investigación no bajara de cinco años de plazo debido a que todavía faltan diligencias que practicar e hicieron mención concreta a la lentitud con la que se estaban practicando algunas comisiones rogatorias en Suiza y a la "carga severísima" que suponía el expurgo de todo el material que obra en el sumario.
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