(ampliación) los municipios saldarán en las próximas semanas las últimas deudas con sus proveedores

Las entidades locales saldarán desde la semana que viene y hasta los primeros días de diciembre las últimas deudas que tenían con sus proveedores, con lo que el Plan de Pago a éstos puesto en marcha por el Gobierno habrá movilizado un total de 11.563 millones de euros.
Así lo anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en su intervención hoy para defender en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado la parte que afecta a éstas de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administraciones Locales.
Montoro esgrimió esta movilización de los últimos 1.700 millones pendientes de pago como una muestra del compromiso del Gobierno con las administraciones locales, después de las críticas a la Ley de Racionalización que le presentaron los vocales de los grupos que han presentado votos particulares contrarios a la misma, quejándose de la pérdida de autonomía de los municipios.
Montoro detalló que el total de los más de 11.000 millones movilizados, se ha distribuido así: Andalucia: 3.400 millones, Aragón: 227, Asturias: 83, Baleares: 4650, Canarias: 502, Cantabria 51, Castilla y León: 453, Castilla-La Mancha: 569, Cataluña: 788, Extremadura: 152 , Galicia: 202, Madrid: 2.881, Murcia: 418, Navarra: 1,15, La Rioja: siete y Comunidad Valenciana: 1.280.
"Ya no quedará ninguna factura pendiente", proclamó el ministro, dando así por cerrado "un periplo que no debía haberse producido" pero pese al cual, concluyó, "estamos para dar soluciones, no sólo para hacer declaraciones públicas".
REFORMA LOCAL
Por lo demás, Montoro aseguró que el propósito de la Ley que defendió en el Senado es potenciar el municipalismo y garantizar que pueden seguir prestando sus servicios y ser la administración más cercana al ciudaddano. "Para eso, nada mejor que asegurar su sostenibilidad", puntualizó, desdeñando como "un deseo noble" que "se queda en humo" el de abarcar más cosas sin sustento financiero.
El ministro insistió que la reforma respeta la autonomía de los entes locales y las competencias de las comunidades autónomas, incluidas las que tienen singularidades en su régimen local, dentro del principio de subsidiareidad que establece la Unión Europea.
Además, emplazó a la aprobación de la reforma del sistema tributario para asignar a cada nivel administrativo sus fuente de ingresos, dentro de lo que confía que sea ya, el año que viene, un contexto de crecimiento donde todo será más fácil.
Las virtudes que Montoro mencionó en la ley son precisamente los defectos que le reprocharon los sucesivos portavoces que intervinieron en nombre de los grupos, todos los cuales, salvo el Popular, presentaron votos particulares contrarios a la misma.
Desde el PSOE, Juan Alberto Belloch dijo que la ley vulnera la autonomía local, la somete a la tutela permanente del Gobierno central, recentraliza, reduce el peso de las comunidades autónomas y no es justa porque los municipios han sido rigurosos en el cumplimiento del déficit siendo a la vez el soporte de mantenimiento de la paz social durante la crisis. En su lugar, agobó por suprimir las diputaciones.
Desde CiU, Montserrsat Candini, y luego el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ambos en catalán, achacaron a la Ley que incumpla la Constitución al violar la autonomía de los municipios, el Estatuto de Autonomía de Catalunya que reserva a la Administración autonómica la ordenación del régimen local y las directrices de la Unión Europea al quebrantar el principio de subsidiareidad. Candini concluyó que "democracia no es la verticalidad del poder", sino compartirlo, y que el Gobierno del PP hace lo contrario.
En nombre de la Entesa Catalana de Progrès, José Montilla añadió a las denuncias de pérdida de autonomía municipal el que esta "agresión al autogobierno" será presentada por los independentistas como una nueva razón para la secesión.
En el del PNV, José María Cazalis celebró los cambios experimentados por la ley en el Congreso de los Diputados pero mantuvo que no reconoce suficientemente la singularidad del ordenamiento municipal del País Vasco al no aceptar que los ayuntamientos asuman competencias adicionales a las previstas. Desde Amaiur, Alberto Unamunzaga formuló estas mismas reservas, que a su juicio retrotraen al final del franquismo y el comienzo de la Transición.
Finalmente, el vocal de Izquierda Unida José Manuel Mariscal advirtió de que con esta reforma los inversores privados están "deseando entrar a saco" en el tejido público, que será "subastado al mejor postor" porque de otra forma no habrá manera de gestionarlo.