La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con la versión de Tomás Díaz Ayuso. El fiscal jefe de este departamento, Alejandro Luzón, le interrogó unos días antes de Semana Santa en relación al contrato firmado por la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive, por el importe de 1,5 millones de euros, para el suministro de mascarillas en abril de 2020, al inicio de la pandemia. Una actuación que ha suscitado cierta polémica por la comisión que se habría llevado por dicha licitación, cuya cantidad no ha quedado aún aclarada.
El hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue citado en la Fiscalía en la semana del 6 de abril para aclarar la mediación que hizo en dicho contrato público, que se adjudicó a la empresa de un amigo suyo, Daniel Alcázar. Durante su comparecencia, Tomás Díaz Ayuso defendió en todo momento la legalidad del contrato, así como la cantidad que recibió por su labor para la adquisición de material sanitario en el mercado chino, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a La Información fuentes conocedoras de la investigación.
Esta no es el único testimonio que ha recabado el fiscal Luzón, que dirige las pesquisas. En esas mismas fechas también interrogó como testigo al consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero, en cuya comparecencia aseguró que el contrato firmado por el procedimiento de urgencia -sin publicidad ni concurso público- en abril de 2020, en pleno confinamiento, con la mencionada sociedad para el suministro de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 se hizo de manera transparente y conforme a lo marcado por las leyes de contratación pública.
Las declaraciones se enmarcan en las diligencias previas que el jefe de Anticorrupción abrió el pasado 23 de febrero tras las denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que en un principio pidieron investigar este contrato y después instaron a ampliar las pesquisas hasta los vuelos en los que llegaron mascarillas en la primera ola de la pandemia o el equipamiento de la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal, construido en tiempo récord para hacer frente a la pandemia.
En su decreto, el fiscal jefe Alejandro Luzón dejó claro que la investigación preliminar -no está judicializada- no se dirige contra ninguna persona física o jurídica en concreto y descartó enviar la parte que pudiera afectar a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía del Tribunal Supremo -competente para las diligencias dirigidas contra aforados- al entender que, por el momento, no hay indicios que acrediten su participación en los hechos investigados.
Tras denuncias de la oposición
Aún así, afirmó que era necesario abrir unas diligencias para confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" debido a la indiscutible trascendencia social del contexto" en el tuvo lugar la licitación, ya que era "necesaria y urgente" la compra de mascarillas "en un momento singularmente difícil para la población madrileña". A todo ello, el fiscal añadió que también se debe analizar si se cometieron delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios en esta contratación por "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución".
Cabe recordar que este caso originó una gran crisis interna en el PP, que ha terminado por desbancar al que fuera su líder, Pablo Casado, tras revelarse que se intentó espiar a Tomás Díaz Ayuso. El objetivo era aclarar si por este contrato el hermano de la presidenta regional se llevó una comisión de 280.000 euros. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso puntualizó que la comisión que su familiar recibió por mediar en la operación de compra de mascarillas fue de 55.850 euros y en todo momento "legal". No obstante, no ha aclarado de dónde procede el monto restante.
Anticorrupción no es el único órgano que investiga lo que se ha denominado como 'caso Ayuso'. La Fiscalía Europea indaga en si en esta operación fue financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Según ha informado 'El Mundo', este organismo ha tomado declaración también a Daniel Alcázar, el propietario de Priviet Sportive. La representante del Ministerio Público europeo, Concepción Sabadell, solicitó a la Fiscalía española todas las diligencias practicadas con la intención de asumir la investigación al completo. No obstante, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras oír a la cúpula fiscal, frenó esta intención y respaldó la decisión del fiscal Luzón de no entregarle la causa, al entender que el asunto afecta "directa y esencialmente a intereses nacionales". De este modo, la Fiscalía Europea sólo puede tratar de esclarecer si se cometió un delito de malversación de fondos europeos.
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