La teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez, ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la propuesta del juez instructor José de la Mata de juzgar a los integrantes de la familia del expresidente catalán, Jordi Pujol Soley, por formar presuntamente una organización criminal y aprovecharse de su "posición privilegiada" para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
El magistrado cree que los investigados, incluyendo el expresidente, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos, así como la exmujer del primogénito, habrían cometido delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Lo justifica porque, según su investigación, habrían realizado estas actividades de forma coordinada, incluyendo las consignas de actuación que permitieron el encubrimiento de la existencia de los fondos y la apertura de cuentas de banco en Andorra y otros paraísos fiscales.
La Fiscalía también afirmó que se descubrieron documentos que ponen de manifiesto la actuación conjunta de la familia. “Las cuentas se abrieron entre los años 1990 y 1992, se cancelaron en las mismas fechas, a finales del 2010 entre los meses de octubre y diciembre; simultáneamente todos abrieron cuentas en la entidad Banca Privada de Andorra, y posteriormente esos fondos terminaron traspasados a fundaciones panameñas con objeto de obtener mayor opacidad”, dice Belén Suárez, que recuerda que una parte de los fondos fueron regularizados con la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.
En el caso de Josep Pujol Ferrusola, continúa Belén Suárez, este solo regularizó los fondos de la Banca Privada de Andorra: “Y no así los que tenía en Andbank con objeto de evitar que se descubriesen los fondos de los demás integrantes de la familia”, concluye el escrito del ministerio público. En cuanto a los delitos fiscales y contra la Hacienda Pública imputados a los Pujol, Suárez destaca que la mayor parte de los fondos conocidos se ingresaron “en efectivo”, al mismo tiempo que asegura que hay cantidades por las que no habrían tributado: “Debe ponerse de manifiesto que el investigado Jordi Pujol Ferrusola no regularizó ninguna cantidad de las que bajo su titularidad dispuso fuera de España”, concluye.
La defensa de la familia Pujol recurrió este procesamiento, atestiguando que el juez adoptó tal decisión contra ellos por ser miembros de esa familia, pero sin describir las conductas individualizadas que habría desarrollado cada uno de ellos y que justificaría el delito de organización criminal, y solicitaron el sobreseimiento de la causa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó a mediados de julio un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 509 páginas, con el que puso fin a la investigación de la pieza principal de este caso.
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