La Abogacía General del Estado ha movido ficha en la causa penal abierta contra los Pujol por delitos, entre otros, de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Los servicios jurídicos del Gobierno, personados en el procedimiento penal en representación de Hacienda, respaldan la decisión del magistrado José de la Mata de dar el primer paso para sentarles en el banquillo al considerar acreditado que tanto el expresidente catalán, como su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos ocultaron al fisco gran parte de la fortuna que amasaron en el extranjero.
El escrito, recogido por este diario, rebate uno a uno los argumentos expuestos por la defensa de la familia en contra de la decisión del magistrado en julio de culminar la investigación y continuar con los trámites del procedimiento abreviado. La abogada Rosa María Seoane (que también ha defendido al Ejecutivo en la causa del procés o al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco) rebate la pretensión de la familia Pujol-Ferrusola acerca de que este asunto debería ser juzgado en Cataluña. Según aclara, las diligencias practicadas en todos estos años -y que incluyen cantidad de comisiones rogatorias- demuestran cómo hubo una "internacionalización de las operaciones", motivo por el cual el órgano competente para enjuiciarles es la Audiencia Nacional.
El magistrado De la Mata concluyó estas pesquisas apuntando al blanqueo de gran parte de la fortuna que la familia tenía en Andorra y que el expresidente catalán atribuyó en un primer momento al abuelo Florenci. Además de atribuirles delito contra la Hacienda Pública, el instructor expuso que integraban una estructura jerarquizada "cuidadosamente planificada" que se prolongó con los años y con la que trataron de ocultar sus fondos. Mientras el clan niega este aspecto y asegura además que se trataría de hechos prescritos, la Abogacía desmiente este punto puesto que, aunque la última transferencia entre ellos se hizo se hizo en 2004, siguieron abriendo sociedades en el extranjero en las que ingresaron el dinero en efectivo para no dejar rastro en los movimientos.
Tanto es así, que la Abogacía considera que estos hechos se produjeron hasta 2014. De la Mata apuntilló en su auto que, en una primera etapa tenían el capital oculto en Andorra si bien luego, con el paso de los años, lo fueron moviendo a sociedades offshore hasta que terminaron cerrando todas estas estructuras en 2014 (a excepción del hijo primogénito que movió su fortuna a México). De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recogió en su extenso escrito de fin de diligencias que la fortuna se comenzó a amasar desde mediados de la década de los noventa sin que ninguno de los acusados en el procedimiento (que se dirige también contra otras 18 personas) haya podido acreditar que el capital en el extranjero provenía de una herencia familiar.
Del mismo modo, los servicios jurídicos del Gobierno descartan la tesis de que los delitos estarían prescritos. En concreto se refieren a las cuentas bancarias del hijo mayor y de Josep Ferrusola. Sobre este último reza la defensa de los Pujol que las rentas afloradas en 2010 (800.000 euros) se tendrían que imputar al año 2009 y no a ese ejercicio, lo cual implicaría que el presunto fiscal decaería. La Abogacía responde contraria a esta pretensión y les reprocha una "variedad de explicaciones y versiones" que no demuestran por sí mismas que ese dinero aflorado en 2010 forme parte de un monto superior del ejercicio anterior. "En modo alguno se puede considerar acreditado", refuta.
De esta forma, la Abogacía allana el camino para que el juzgado, tras estudiar los recursos y los escritos de acusación, acabe abriendo juicio oral por las actividades de la familia del exlíder político y otros como Josep Mayola o el expresidente de Isolux, Luis Delso. Los empresarios integran un segundo escalafón en esta macrocausa por todos los negocios que llevaron a cabo con el primogénito. En el caso de Mayola, por ejemplo, se le acusa de beneficiarse de las influencias políticas del clan para construir el Vertedero de Vacamorta en Cruilles (Girona). Pese a que la Justicia ordenó su paralización, los socios lograron sacar el proyecto adelante y Pujol Ferrusola se embolsó 5,2 millones de euros por el pelotazo.
16 años de cárcel para Pujol
A la espera de conocer el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el que sí ha remitido sus calificaciones es Podemos, en calidad de acusación popular en este caso. En el documento, de 700 páginas, la formación morada solicita un total de 16 años de cárcel para el expresidente catalán por los delitos de organización criminal, falsedad y blanqueo; a Marta Ferrusola 12 años de cárcel y al mayor del clan -señalado por el juez como el que ordenaba los movimientos bancarios- un total de 50 años y medio de prisión por los delitos arriba mencionados más otros cinco contra la Hacienda Pública por los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2010 además de 2011. A ello hay que añadirle una responsabilidad civil de 1,2 millones de euros.
El partido considera además que se debe decomisar todas las cantidades que habría obtenido en esas dos décadas CDC como sucesor del partido que lideró Pujol padre, por importe ligeramente superior a los dos millones de euros. En en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, la formación destaca que la particularidad de esta causa reside en que se falsificaron muchos contratos de asesoramiento, intermediación o comisionistas que eran inexistentes y pretendían encubrir los pagos de las empresas de la red. Lo mismo alega de las actividades inmobiliarias o las operaciones de préstamos que vendrían a encubrir el blanqueo cometido con el dinero oculto en paraísos fiscales de Europa y América.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios