La Audiencia Nacional ha vuelto a reactivar la pieza del caso Tándem relativa a los audios de Corinna Larsen con José Manuel Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha reabierto la parte bautizada como Carol -sobrenombre con el que el policía se refería a la alemana- y lo ha hecho tras el hallazgo de nuevas grabaciones en las que la consultora pedía a Villarejo que pusiera el foco en su asistente personal. En ellas le dijo que "era muy importante" que vigilara de cerca a su ayudante porque temía que estaba filtrando información privada suya. Por ese motivo el magistrado pide ahora que se identifique a esta persona la cual, según fuentes jurídicas consultadas por La Información, trasladó dicho material al CNI que entonces controlaba Félix Sanz Roldán.
La aparición de estas nuevas evidencias ha llevado al instructor reabrir la pieza y citar en calidad de imputados a la propia Corinna y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, por ser el que puso en contacto al comisario con la consultora. Ambos están citados a declarar el 8 de septiembre mientras que un día antes lo harán los también investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo. El magistrado ha pedido también a Asuntos Internos que transcriba los archivos encontrados en casa del comisario con motivo de su detención y que se incluyeron en un oficio policial de enero de 2019.
El instructor quiere saber las fechas exactas en las que se produjo este encuentro y si el encargo del que habló con la alemana realmente se produjo y se pagó. Fuentes de la defensa de la empresaria consultadas por La Información niegan cualquier relación con el Grupo Cenyt y aseguran que "jamás" se puso sobre la mesa un servicio para espiar a su asistenta, de nacionalidad española. "Las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019. Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuáles carecen de fundamento alguno", rezan sus abogados.
Enfrentamiento con Sanz Roldán
Sin embargo, el instructor considera que estas grabaciones son indicio suficiente como para investigar si efectivamente se materializó el encargo que se habría producido entre los años 2014 y 2015. Se trata de una fecha relevante para la causa puesto que para aquel entonces Corinna ya había roto su relación con el Rey Juan Carlos y ya se había mudado a Londres. Ella misma ha plasmado en un acta notarial de 2019 que en esas fechas recibió amenazas directas del entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, el cual, según apunta, le contactó en varias ocasiones para que no hablara con la prensa ni filtrara información que podría afectar, según dijo, a 46 millones de personas, en referencia a la sociedad española.
Corinna, que incluso advirtió que Sanz Roldán le visitó en Londres, ultima las acciones legales que emprenderá por calumnias contra el generalísimo en Reino Unido. La denuncia se dirigirá también contra el Rey Emérito también al considerar que se está haciendo una campaña negativa suya por no ceder a las pretensiones del que fuera director de los servicios secretos. Ahora, el magistrado retoma la pieza en la que se investigaron los audios de su encuentro en 2015 con Villarejo aunque le imputa para aclarar si en dicha reunión en la que se habló principalmente de la fortuna oculta del Emérito en el extranjero, también se materializó un encargo de espionaje.
Los audios incorporados a la causa por Asuntos Internos cuatro meses después del archivo de esta pieza, recogen una conversación entre ambos en la que Villarejo le pide a Corinna que le dé el teléfono de su asistenta para chequearlo en España. Además, y como venía haciendo con otros potenciales clientes, le vendió los servicios de espionaje de su entramado asegurando que tenía "los mejores especialistas del mundo" y que no dudara en llamarle en cualquier momento porque tenía capacidad de actuación global. Ella, por su parte, le trasladó que esta cuestión era "muy importante" y le facilitó todos los datos que tenía de su ayudante sentenciando que ambos podían llegar a hacer un buen negocio.
Conexión con la causa suiza
Aunque el Ministerio Público no ve trascendencia penal en las grabaciones y considera que no aportan mayor información que la que se tenía ya en la pieza, el instructor sí ve indicios de delito y pide a la Policía que transcriba los audios que grabó Villarejo, que identifique la fecha de las grabaciones así como la identidad de esta asistente, la cual, según las fuentes consultadas por este diario, suministró todo el material de Corinna al CNI desde Londres. El magistrado sostiene que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos porque que la asistente era de nacionalidad española y puesto que, de haberse materializado el encargo, se realizó cuando Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional apoyándose en los medios que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esta encomienda de carácter privado.
Por ese motivo, quiere indagar si este asunto-que implicaría además pinchazos de llamadas telefónicas- es constitutivo de delito de cohecho activo y pasivo. Precisamente, al tratarse de hechos cometidos en España, no sería necesaria querella por parte de Anticorrupción a la que le recuerda que, en contra de su criterio, sí existe conexión delictiva de este asunto con la investigación que sigue la Fiscalía suiza también contra Corinna y los presuntos gestores de la fortuna del Rey Emérito. Esto es así porque las pesquisas en el país helvético nacen precisamente tras descubrirse en este caso unos primeros audios entre Corinna y Villarejo sobre la presunta fortuna oculta del Rey en dicho país y porque el 'modus operandi' del encargo se parece a otros muchos que se investigan en esta misma macrocausa en la que Villarejo prestó sus servicios a los clientes apoyándose en su red 'parapolicial'.
Los frentes abiertos de Corinna
Ahora bien, el magistrado hace hincapié en que esta reapertura no tiene que ver con las diligencias abiertas en el Tribunal Supremo sobre la figura del Rey Emérito por presuntos delitos fiscales. No obstante, enumera hasta cuatro nuevos oficios policiales que propician la reapertura de una pieza que nació en julio de 2018. El magistrado que comenzó instruyendo la causa, Diego de Egea, acordó investigar los audios de Corinna en los que apuntaba a dádivas que recibió el Rey Emérito, entre las que se encuentran una propiedad en Marrakech o una donación de 100 millones de dólares en 2008 por parte del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz. Sin embargo, dos meses después dio carpetazo al asunto en sintonía con los fiscales del caso ante la falta de pruebas y la condición de inviolabilidad de Juan Carlos I en el momento en que se produjeron los hechos (2009-2012).
Pese a ello, el Ministerio Público decidió investigar en diligencias separadas y secretas si se produjo corrupción en las transacciones comerciales internacionales con la adjudicación del AVE La Meca Medina tres años después de que el Rey recibiera la millonaria donación. Tras la documental aportada por Suiza, Anticorrupción decidió dejar el asunto en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo al descubrir que parte de la información recibida afecta al Rey Emérito por la gestión de sus cuentas desde el año 2014, cuando dejó de ser Jefe de Estado. A ello hay que sumarle las investigaciones que sigue el fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, el cual sigue indagando si Corinna, el gestor del Rey Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica cometieron delito de blanqueo con la gestión desde la Fundación Lucum del patrimonio del monarca, gran parte del cual acabó en las arcas de Corinna en lo que la princesa calificó de "regalo" por el aprecio que le tenía.
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