La causa abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo al Rey Emérito cuenta con documentación relevante aportada por Suiza relativa a las declaraciones de los implicados en esta investigación, pero todavía tiene que sumar todo lo que pidió Anticorrupción a Ginebra. Se trata del movimiento de cuentas bancarias del Rey Emérito, el cual sería clave para que el Ministerio pudiera determinar si hay o no indicios de delito contra la Hacienda Pública por no declarar al fisco español parte de la fortuna que ocultó en el país helvético.
Según informan fuentes jurídicas a este diario, se trata de una documental que ya pidió en su día el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de las comisiones rogatorias libradas, y que sigue a la espera de recibirse. Sin embargo, el material ya no se estudiará en este ente sino que será gestionado por la Fiscalía del Tribunal Supremo después de asumir este caso por tratarse de una persona aforada. Precisamente, los movimientos que hiciera el Rey Emérito desde la cuenta bancaria de Mirabaud (ligada a la Fundación Lucum y cerrada en 2012) serán clave para el avance del caso. Si los datos recogen ganancias patrimoniales sin declarar, entonces se podría atribuir al Emérito la presunta comisión de delito fiscal. De lo contrario, decaería este tipo penal y, consecuentemente, el delito de blanqueo de capitales.
Todo ello siempre acotado al periodo posterior a junio de 2014, momento en que Juan Carlos I dejó de ser jefe de Estado y, por lo tanto, inviolable. Es por ese motivo que la lupa se pondrá en posibles movimiento de dinero que haya efectuado el Monarca a partir de ese momento. Además, para abrir una investigación judicializada por estos hechos sería necesario demostrar que los fondos gestionados en ese periodo de tiempo provienen de una actividad ilícita. En este caso, la misma sería la gestión y no tributación en España de la donación de 100 millones de dólares que recibió del fallecido Rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd.
Dificultad de acreditar blanqueo
El delito de blanqueo de capitales, recogido en el artículo 301 del Código Penal, contempla una prescripción de 10 años desde su comisión. En el caso que nos ocupa implica que los hechos estarían fuera de cualquier investigación desde 2018 puesto que la transferencia del país árabe se produjo diez años antes. Además, este tipo penal exige la comisión de delito previo, es decir, que se tendría que demostrar que el origen de ese dinero era efectivamente ilícito. Ello es lo que complica especialmente la causa que dirige la Fiscalía del Tribunal Supremo puesto que la donación se produjo cuando el Rey era jefe de Estado y, por lo tanto, no se puede indagar.
En lo que respecta al delito fiscal este se probaría si, efectivamente, la cuenta suiza de su offshore hubiera seguido generando beneficios del dinero ingresado y que la Fiscalía suiza vincula a una comisión por su implicación en la adjudicación del AVE La Meca-Medina en 2011. El fiscal Yves Bertossa sospecha que esta cuantía guarda relación con el ambicioso proyecto que fue a parar a manos del consorcio de empresas españolas puesto que, aunque la donación se produjo antes de la fecha de la licitación, en esos años ya se trabajaba en las condiciones de la adjudicación. Así pues, y en lo relativo a este tipo penal, se indagará si las cuentas generaron beneficios y el Monarca no tributó por ellos en su correspondiente declaración de la renta.
El caso Conde
El Código Penal establece que para que exista delito contra la Hacienda Pública la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros ya que, de lo contrario, se quedaría en una sanción administrativa. En este punto son claves las declaraciones de los investigados en Suiza y, más en concreto, la que prestó el gestor de la fortuna en el país helvético y presidente de su fundación, Arturo Fasana. Tal y como reveló El Español, Fasana explicó ante el fiscal jefe del cantón de Ginebra que a él no le constaba que Juan Carlos I hubiera declarado los fondos de la Fundación panameña a las autoridades fiscales españolas.
Lo cierto es que la Justicia suiza está funcionando en el caso de las cuentas del Rey de una forma muy pareja a cómo lo hizo en la investigación penal a Mario Conde. La documentación final aportada a España por el país helvético para aclarar si cometió delito con la repatriación de 14 millones, vino seguida de un peritaje encargado a Hacienda. El estudio, centrado en indagar si la fortuna provenía de apropiaciones indebidas de la etapa de Banesto, concluyó en que no cometió delito fiscal y, por lo tanto, tampoco blanqueo ni pertenencia a organización criminal. Lo que provocó el archivo de su caso en la Audiencia Nacional fue precisamente que no generó ganancias en las cuentas estudiadas. De este modo, el perito concluyó en su estudio que al no haber incrementos patrimoniales, el cómo ganara esos fondos ya era una cuestión intrascendente. El banquero, por su parte, siempre mantuvo que fueron ingresos previos, de la década de 1980, procedentes de la venta de Antibióticos S.A.
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