El presidente de Ausbanc Luis Pineda ha abonado la fianza de 200.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional para abandonar la prisión de Estremera en la que ingresó de manera provisional hace ahora tres años en el marco de su implicación en la bautizada como operación Néstor, informan fuentes jurídicas. Las mismas fuentes explican que, una vez depositado dicho monto en la cuenta de la Audiencia Nacional, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ya ha enviado el mandamiento de libertad a los juzgados de Arganda de los que depende la prisión de Estremera.
Aunque en un primer momento se fijó una fianza de 500.000 euros, la Sala estimó parcialmente el recurso presentado por su defensa y le rebajó la cuantía a 200.000 euros de acuerdo con el auto de los magistrados -los mismos que están al frente del tribunal en el caso Bankia-. De esta forma Pineda abandonará las próximas horas el centro penitenciario en el que ingresó en abril de 2016 tras su detención por su implicación presuntamente en un entramado de extorsión a empresas y entidades bancarias amenazándoles con hacerles campaña de publicidad negativa si no accedían a sus reclamos.
En su recurso Pineda reclamó una rebaja de la caución asegurando que se encuentra en una situación "económicamente crítica" al tener su patrimonio embargado por el juzgado. Expuso además que serían los hijos los que responderían en el pago de la cuantía acordada por la Sala, por lo que pidió que se fijara en 50.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción, que solicita para él 119 años de prisión, se opuso a esta pretensión argumentando que dispone de otros fondos que no han sido encontrados y que podrían facilitar una posible fuga al extranjero, sustrayéndose así de la acción de la Justicia.
En opinión de los magistrados, las circunstancias aludidas por Pineda para lograr esa sustancial rebaja en su fianza no aseguran inequívocamente que no esté en condiciones de prestarse una suma superior de 50.000 euros cuando alude a que recaerá en sus hijos el pago de la misma. Además razonan que nada se dice de la situación económica de sus vástagos, sino que se habla del esfuerzo común de la familia para reunir dicho importe, de acuerdo con el criterio de los jueces plasmado en un auto del pasado 4 de abril.
El magistrado Santiago Pedraz concluyó la instrucción de la causa en octubre de 2017 y dirigió el procedimiento contra catorce personas, siendo los principales acusados Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y la abogada Virginia López Negrete. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional consideró que, tras dos años de pesquisas, había quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc y cuya finalidad última era obtener un "beneficio económico ilícito" de sus miembros bajo la cobertura de una "defensa de los consumidores".
Acusación popular en el caso Nóos
En su auto, Pedraz se hizo eco de la existencia de un entramado empresarial -recogió hasta un total de 12 sociedades- creado por Pineda con la finalidad de ocultar los beneficios que habría obtenido a través de la presunta red de extorsión. Precisamente, por estos hechos, el Ministerio Público le imputa los delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Igualmente determinó que se empleó el sindicato de Manos Limpias para los casos de Sevilla, Palma, Sabadel, Facua, Volkswagen, Banco Santander, Endesa y Fernando Puig de la Bellacasa.
Aunque sin duda el más mediático de todos fue el caso Nóos dirigido contra la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín entre otros y en el que Manos Limpias ejerció la acusación popular. De acuerdo con el relato del magistrado, Pineda utilizó la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la hermana del Rey a cambio de una prestación económica que sitúa entre 2 y 3 millones de euros. Por su implicación en estos hechos, el exduque de Palma fue condenado a 6 años y 3 meses si bien el Tribunal Supremo le rebajó la pena a 5 años y 10 meses.
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