El juez de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha reconocido el derecho de dos republicanos fusilados en la Guerra Civil a tener una sepultura digna, autorizando la extracción de sus restos del Valle de los Caídos.
Así lo acuerda el juez José Manuel Delgado en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que estima un expediente de información 'ad perpetuam memorian" respecto a un familiar de los hermanos Lapeña Altabás y con ello procede a la aprobación y protocolización de dicha información. Así, reconoce que fueron fusilados al margen de la Ley.
De este modo, reconoce que Manuel Lapeña Altabás, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 16 de julio de 1936 fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina. Fue enterrado en una fosa común, sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.
También se refiere a Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, quien fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. De igual modo, fue enterrado en una fosa común, sin que conste juicio.
Por tanto, recalca el magistrado que procede la solicitud reclamada por su familia y dar cumplimiento al reconocimiento del derecho a la digna sepultura de los hermanos, a cuyo efecto se deberán entregar los restos cadavéricos. Se trata de la primera vez que se autoriza una exhumación en el Valle de los Caídos.
Una vez determinada que existe la probabilidad de que estén enterrados en el Valle de los Caídos, el juez autoriza "la realización de las actuaciones pertinentes en el citado cementerio "a los efectos de entregar los restos cadavéricos de los hermanos a su familia.
El auto recoge que los indicios hacen entrever que "los restos cadavéricos de los familiares de la solicitante se encuentran entre los que se trasladaron desde Calatayud hasta el Valle de los Caídos por disposición normativa de las autoridades de la época, de forma ilegítima".
Frente a este auto, cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de la misma resolución.
El auto valora el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.MÁS DE 30.000 CUERPOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
El abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, ha explicado a Europa Press que "en el Valle de los Caídos constan más de 33.000 cuerpos y hasta hoy había dos identificados y uno de ellos apodado 'el ausente'. Desde hoy son cuatro, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco y Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás".
Purificación Lapeña, que agotó la vía penal, explicaba en su demanda que su abuelo, Manuel Lapeña era veterinario y su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña, era herrero cuando desaparecieron en 1936. Fueron fundadores de la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra y tras
Tras ser ejecutados aquel año, los restos mortales de sus familiares fueron trasladados al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación en 1959. La demandante pidió que se constatara la muerte violenta y se procediera a identificarlos y entregarlos a la familia para que los puedan enterrar donde deseen.
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