El decreto con 11.000 millones para apoyar la solvencia de empresas y autónomos que aprobará el próximo viernes -con un paquete de transferencias directas aún sin concretar- será uno de los más difíciles de convalidar en el Congreso. Así lo prevén ya en el Gobierno de coalición, donde la relación con sus socios parlamentarios no atraviesa precisamente por su mejor momento. ERC ya avisó este martes de que están "hartos" y el PNV avisó la semana pasada de que la paciencia tiene un límite. En Moncloa ya apuntan a una nueva votación in extremis y ya cuentan con que, en esta ocasión, no habrá carambola como ocurrió con los fondos europeos donde Vox salvó de forma sorpresiva al Ejecutivo.
El Gobierno afirma tener ya cerrado el núcleo del decreto-ley, incluido el porcentaje que serán transferencias, y estar a la espera de afinar algunos "aspectos técnicos" menores. Por eso, según la versión de la portavoz María Jesús Montero, se ha retrasado la norma al Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes. Será entonces cuando el Ejecutivo tiene previsto dar a conocer los detalles del esperado plan económico y comprobar si cumple las expectativas de los empresarios.
Una de las opciones que tendría que Gobierno para tentar a sus socios nacionalistas es la de incluir en el decreto que la gestión de las ayudas recaiga en las comunidades autónomas. Se habilitarían transferencias y serían los gobiernos autonómicos quienes, como máximos responsables de la situación sanitaria, repartirían los fondos. Con este modelo trabaja Moncloa, la Vicepresidencia económica y el Ministerio de Hacienda, según indican fuentes gubernamentales.
En ese caso, si las ayudas las gestionan directamente las autonomías, el Gobierno tendría más sencillo sumar los votos de ERC y del PNV. También de EH Bildu. Con estos grupos el Gobierno podría salvar la votación sin problemas. Fuentes del Ejecutivo aseguran que en las próximas horas comenzarán a tantear a sus socios para la convalidación del decreto. Con el PP el Gobierno no cuenta (Pablo Casado pide elevar este paquete a 50.000 millones). Y tampoco con Vox, a quien lo ocurrido con el decreto de los fondos le alejan de un voto distinto al 'no'. Ciudadanos, por su parte, ha solicitado 9.000 millones en ayudas directas, una cifra que en el Gobierno consideran muy alejada a sus intenciones.
Un problema añadido es que Unidas Podemos no quiere que sean las autonomías quienes gestionen las ayudas directas. Al contrario, la Vicepresidencia segunda es partidaria de que las reparta directamente la Administración central para que los diferentes gobiernos no puedan establecer diferentes criterios en la distribución. El Gobierno central garantizaría, de esta forma, que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional. Los morados han propuesto, en concreto, que sea el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño o el de Hacienda de María Jesús Montero, a través de la Agencia Tributaria y la información de las liquidaciones trimestrales de IVA, el que centralice estas ayudas directas en forma de transferencias corrientes.
El decreto de ayudas directas será una prueba de fuego para comprobar si las amenazas que le han llegado en los últimos días a la coalición desde sus socios parlamentarios son reales o meros fuegos de artificio. Si ERC, PNV, EH Bildu y otros grupos ponen en aprietos al Gobierno se podrá comprobar cuando la norma llegue al hemiciclo en unas semanas pero en Moncloa no olvidan los apuros que pasaron cuando los republicanos catalanes, en boca de su portavoz Gabriel Rufián, anunciaron su 'no' al decreto de fondos europeos. Ahí vinieron los problemas.
Sobre la cuantía final de las transferencias directas, la propuesta que se ha puesto encima de la mesa por parte de la CEOE parte de 6.000 millones para pagar los costes fijos de empresas y autónomos que han visto desplomarse su facturación por restricciones sanitarias. Es la postura oficial que también defiende la principal asociación de trabajadores por cuenta propia, ATA. Se trataría de una cifra acorde a la que ya han aprobado países de nuestro entorno como Alemania (10.000 millones), Francia (6.000) o Italia (5.400).
Uno de los problemas con los que se están encontrando los empresarios es que el Gobierno ha establecido un "pacto de silencio", en palabras de un negociador del Gobierno, sobre el real decreto-ley de apoyo a la solvencia a las empresas que tiene previsto aprobar este viernes. Al menos hasta este martes no conocen detalles del texto final. Se sabe que habrá transferencias directas y que tendrán condiciones. Que podrían, como decimos, gestionarlas las comunidades autónomas. Que habrá una partida para la reestructuración de las deudas financieras contraídas con el ICO con aval del Estado también está confirmado. Y que habrá algún tipo de ventaja fiscal, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes. Del resto, nada. Silencio. "No sabemos nada", se quejan fuentes empresariales que llevan esperando desde hace meses este decreto. Quedan apenas 48 horas y las empresas y autónomos esperan que, ahora que Moncloa ha asumido el mando, la información fluya más y se escuchen sus peticiones. Con Economía se han encontrado con un muro.
