El "Fondo Covid de ayudas directas a empresas y autónomos" está provocando intensas presiones hacia el Gobierno desde el ámbito de las patronales afectadas por la pandemia. La cúpula política y económica del Gobierno mantiene oculto, de momento, este 'salvavidas' que prevé aprobarse el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que se convocará para la ocasión y los interesados quieren que, al menos, más de la mitad de los 11.000 millones anunciados por Pedro Sánchez sean transferencias directas a los perjudicados por la Covid. Moncloa ha tomado el mando del decreto y ha desplazado a Economía, que apostaba por una línea de ayudas directas más suave. Ahora el debate se encuentra en conocer en cuánto fijará Presidencia el paquete dedicado a transferencias.
Fuentes empresariales explican a La Información que la propuesta que se ha puesto encima de la mesa a Moncloa es que al menos 6.000 millones de euros sean destinados a las ayudas directas para pagar los costes fijos de las empresas y autónomos que han visto desplomarse su facturación por las restricciones sanitarias. Es la postura oficial que defiende tanto la CEOE como la principal asociación de trabajadores por cuenta propia, ATA. Se trataría de una cifra acorde a la que ya han aprobado países de nuestro entorno como Alemania (10.000 millones), Francia (6.000) o Italia (5.400). El equipo de Sánchez, de acuerdo a las fuentes consultadas, tiene hasta el viernes para concretar este apartado.
Uno de los problemas con los que se están encontrando los empresarios es que el Gobierno ha establecido un "pacto de silencio", en palabras de un negociador del Gobierno, sobre el real decreto-ley de apoyo a la solvencia a las empresas que tiene previsto aprobar este viernes. Al menos hasta este lunes se conocen muy pocos detalles del texto final. Se sabe que habrá transferencias directas y que tendrán condiciones. Que podrían gestionarlas las comunidades autónomas. Que habrá una partida para la reestructuración de las deudas financieras contraídas con el ICO con aval del Estado también está confirmado. Y que habrá algún tipo de ventaja fiscal, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes. Del resto, nada. Silencio. "No sabemos nada", se quejan fuentes empresariales que llevan esperando desde hace meses este decreto. Quedan apenas 72 horas y las empresas y autónomos esperan que, ahora que Moncloa ha asumido el mando, la información fluya más y se escuchen sus peticiones. Con Economía se han encontrado con un muro.
Ni Carmen Calvo, que ha asumido la coordinación del decreto, ni Nadia Calviño, máxima responsable económica del Gobierno, han ofrecido por ahora detalles a los potenciales interesados en la nueva norma. En la última Mesa de diálogo social del Plan de Reconstrucción, empresarios y sindicatos preguntaron a la vicepresidenta tercera por el plan que había anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia para dar cuenta del estado de alarma. Pero, según confirman varios de los presentes, Calviño no ofreció información y pidió paciencia. Lo mismo ha ocurrido en reuniones y conversaciones posteriores, tanto con ministros como con secretarios de Estado de los departamentos del Gobierno.
La clave de bóveda para ellos pasa por conocer qué porcentaje de los 11.000 millones prometidos se reservará para transferencias a pymes y autónomos y el Gobierno no ha ofrecido pista alguna. En este sentido se posicionan desde CEOE, en boca de su presidente Antonio Garamendi, que ha apostado por ser "prudente" y trabajar con discreción. Desde Cepyme, donde también echan en falta que no se conozca aún cómo se va a concretar el decreto, son más contundentes. Lo explica su presidente, Gerardo Cuerva: "Llevamos meses urgiendo flexibilidad fiscal y un plan de ayudas directas para compensar las restricciones que han pagado las empresas al cien por cien y la incertidumbre no beneficia a los afectados". La organización de las pymes añade que ha hecho llegar al Gobierno diferentes propuestas en sus reuniones: ayudas directas compensando pérdidas de facturación, exenciones fiscales, aportaciones de capital con préstamos participativos o incentivos a invertir capital. En términos similares se expresa Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y líder de la asociación de autónomos ATA, que denuncia que "España es el único país de la UE que no ha compensado a autónomos y empresas con ayudas directas por los cierres y limitaciones decretados por la autoridad administrativa".
En el ámbito empresarial llevan semanas demandando un paquete de ayudas directas amplio y contundente ante la situación "crítica" de las empresas y autónomos. La espita la abrió Ana Botín hace unas semanas. Las pymes y autónomos "necesitan apoyos que van más allá del crédito", dijo la presidenta del Banco Santander. La misma sensación hay entre las patronales empresariales, donde consideran que los ICO, los ERTE y las moratorias no son suficientes. "Algunos en el Gobierno no son conscientes de la realidad de la calle", indica uno de sus representantes. Las organizaciones madrileña, con Miguel Garrido a la cabeza; Foment del Treball, con Josep Sánchez Llibre; y la valenciana CEV de Salvador Navarro, ya expresaron en estas páginas sus demandas.
Calvo, Calviño y Pablo Iglesias
En el seno del Gobierno, el decreto de apoyo a la solvencia a las empresas está provocando también un nuevo choque. La Vicepresidencia segunda apuesta por elevar la cuantía y destinar 8.000 de los 11.000 millones en ayudas directas a aquellas empresas que puedan acreditar una caída drástica, a partir del 30% o el 40% de su facturación en 2020 en relación a 2019. Las empresas que cumplan esta condición, según la propuesta de Unidas Podemos, podrían acceder a cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos, a partir de un 70%, no los variables. El equipo económico morado también defiende que sea la Administración central, bien a través de la Vicepresidencia tercera o del Ministerio de Hacienda, quien gestione el fondo.
A nivel ministerial el decreto no se debatió en profundidad en la última Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró el pasado jueves y se llevará al a de esta semana. En concreto, en el último "consejillo", el apartado dedicado a las transferencias directas a empresas y autónomos se encontraba vacío. En la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tampoco se abordó el asunto. Su presidenta, Nadia Calviño, únicamente hizo una referencia genérica al decreto.
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