La condena de Miguel Blesa y Rodrigo Rato junto con otros 63 directivos de Cajamadrid y Bankia por las tarjetas 'black' a las que cargaban sus gastos personales ha sido el caso de 2017. Pero el año que empieza llegará cargado de juicios e investigaciones jurídico-empresariales que vienen arrastrándose en los últimos años. Los excesos de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias para contribuyentes y accionistas seguirán sentados en el banquillo. También supuestos saqueos de empresas, como Abengoa o Zed. Pero las causas que, previsiblemente, marcarán la agenda serán el de la salida a Bolsa de Bankia y el de la quiebra del Popular.
Unas cuentas maquilladas, un folleto con información falsa, miles de accionistas damnificados y una entidad rescatada con 24.000 millones de fondos públicos. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó el pasado 17 de noviembre la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; el exvicepresidente José Luis Olivas, el exCEO Francisco Verdú, el consejero y ex secretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella y otros 31 acusados, entre ellos Deloitte. Frente a ellos, la Fiscalía Anticorrupción, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) representada por el exlíder de UPyD Andrés Herzog, el sindicato CGT y la Abogacía del Estado.
La sección cuarta de la Audiencia Nacional todavía no ha fijado fecha para el juicio en el que todos ellos tendrán que responder por los delitos de falsedad de cuentas y fraude a inversores. Pero el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que se encargó de la instrucción, solo acusa por el segundo delito por el que pide 5 años para Rato, 4 para Olivas, 3 para Norniella y 2 años y siete meses para Verdú. Para el resto de procesados ha solicitado el archivo de la causa, aunque el resto de acusaciones mantienen los cargos. El juicio llegará cinco años largos después de que se iniciara la investigación y en el banquillo no se sentará ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez ni ninguno de los cargos e inspectores del Banco de España que apoyaron el salto al parqué pese a conocer la desastrosa situación en la que se encontraba la entidad.
2018 será también el año en que la Justicia arrojará luz sobre otra quiebra, la del Popular. Esta última, dirigida desde el Banco Central Europeo, no se ha pagado con fondos públicos. Los accionistas han sido los verdaderos damnificados de su resolución por la JUR, al ver que su inversión quedaba reducida a cero y la entidad era vendida por un euro al Banco Santander. La investigación, que tiene como principales imputados a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, constará de dos partes. En la primera se investigará si la ampliación de capital de 2016 se aprobó con información real de la entidad. La segunda indaga si Saracho y otros consejeros participaron en una operación de desprestigio para venderla a bajo precio y aflorar después su valor real.
La investigación, por el momento, está en pañales. El instructor, Fernando Andreu, solo ha admitido a trámite las querellas presentadas y ha pedido al Banco de España que, como en el caso Bankia, designe dos peritos para que analicen toda la documentación aportada y las declaraciones de imputados y testigos. Sobre ellos recaerá en gran parte la solución del caso y el esclarecimiento de lo realmente ocurrido. Entre los informes a analizar, el elaborado por Deloitte para la resolución que, hasta el momento, no se ha hecho público.
El caso Abengoa, el primero
Pero las primeras semanas del año que acaba de comenzar estarán, previsiblemente, marcadas por la sentencia de Abengoa. Su expresidente, Felipe Benjumea, su exCEO Manuel Sánchez Ortega y otros tres miembros de la comisión de retribuciones de la energética han sido juzgados por un presunto delito de administración desleal por las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros que recibieron tras dejar la sociedad, que menos de seis meses después acabó en preconcurso de acreedores.
Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Nacional deben decidir si se creen las versiones de los acusados -que mantuvieron que sus retribuciones eran regladas y similares a las del sector- o la del fiscal, las acusaciones y el Santander, que sostuvieron que se aprobaron cuando ya era evidente la crisis de la empresa. Mientras, el juez Ismael Moreno seguirá indagando a 19 miembros y exmiembros del consejo de administración y la consultora Deloitte por supuestos delitos contra el mercado y los consumidores y por falsedad de cuentas.
Entre otros grandes hitos judiciales que se prevén para los próximos meses está la sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarjetas 'black' que pondrá fin a esta pieza separada del caso Bankia. También seguirá adelante el último gran caso de corrupción empresarial, el que investiga el hundimiento de la multinacional tecnológica Zed por parte de su expresidente Javier Pérez Dolset y sus socios rusos cercanos al magnate Mikhail Fridman.
O el que afecta al principal banco del mundo, el ICBC, en el que podría terminar imputada Caixabank por facilitar el blanqueo de cientos de millones procedentes de organizaciones mafiosas chinas. En el caso Falciani, que apunta al HSBC Private Bank de Suiza, la fiscalía se ha abierto a llegar a un pacto con la filial helvética del banco británico, que ayudó a cientos de Españoles a ocultar su dinero a Hacienda.
Entre los exdirectivos que desfilarán por los juzgados en los próximos meses se encuentra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, investigado por causar un perjuicio de hasta 720 millones a Catalunya Caixa, junto al ex director general de la entidad, Adolf Todó, y otros 13 miembros de la comisión ejecutiva y directivos de la inmobiliaria de la entidad. Nombres ilustres y un año cargado de pleitos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios