Cascada de renuncias en el caso Ausbanc. Tras la retirada de la acusación del BBVA, el banco Caixa Geral ha seguido sus pasos y ha comunicado a la Audiencia Nacional que no seguirá actuando contra el presidente de esta asociación, Luis Pineda, a pesar de que el juicio oral por esta presunta trama de extorsión arranca en poco más de dos meses; el próximo 21 de octubre. Se trata de un movimiento que se produce después de que el banco que preside Carlos Torres, y que ejerció la acusación más dura en el procedimiento, anunciara por sorpresa que cesaba su actuación en la causa.
El escrito, recogido por este diario, precisa en tres escuetas líneas su intención de apartarse de este procedimiento sin dar más detalles al respecto. No obstante, da vía libre a la Fiscalía Anticorrupción para que "siga sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la indemnización" que le pudiera corresponder en calidad de damnificados por esta presunta trama mediante la cual Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, habrían solicitado grandes sumas de dinero a empresas, entidades y otras organizaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
La renuncia, comunicada este mismo jueves a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, se produce más de tres años después del arranque de esta operación -bautizada como Néstor- y en el marco de la cual se produjo la detención tanto de Pineda como de Bernard, para los que la Fiscalía pide 119 y 25 años de prisión, respectivamente, por los delitos de organización criminal, extorsión y contra la Hacienda Pública, entre otros. El magistrado instructor Santiago Pedraz les procesó hace ahora un mes y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal abrió juicio oral contra el total de 14 acusados, entre ellos la abogada Virginia López Negrete, que lideró la acusación popular en el caso Nóos.
La retirada ahora de Caixa Geral se produce a poco más de dos meses del arranque de la vista y también después de que Luis Pineda presentara una querella en la Audiencia Nacional en la que explica que fue víctima de la red de espionaje de Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González. De hecho, esta querella ha caído en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga al comisario jubilado en el marco del caso Tándem, y está a la espera de resolverse por parte del magistrado al frente de las pesquisas, Manuel García Castellón.
Con todo, se trata de un movimiento procesal cuanto menos inusual y que coincide en el tiempo con la crisis que afronta el BBVA precisamente por sus vínculos con el comisario jubilado. Tanto es así, que fuentes del banco explicaron tras conocerse su retirada de este caso que no podían aportar nada en el momento actual y que preferían evitar "distracciones innecesarias". Pero lo cierto es que ha liderado la acusación desde el mismo momento del arranque de la investigación; hecho que se aprecia no solo en la dureza de su escrito final (que dobla en volumen al del Ministerio Fiscal) sino también en la petición de penas para los principales acusados (129 años para Pineda y 28 para Bernad).
"Gigantesco engaño"
La celeridad con la que el BBVA buscó su retirada del procedimiento llevó a las partes del mismo a requerir que especificara si su intención de "desistir de la acción penal" implicaba también renunciar a la acción civil en caso de resultar condenados los ahora procesados. Ante esta tesitura, los magistrados de la Sección Cuarta solicitaron la comparecencia de un representante legal del banco en la Audiencia Nacional para que explicara en primera persona los motivos de esta renuncia, según informan fuentes de la investigación a este diario. Tras escucharle, la Sala dio por buenos sus argumentos y le apartó de la causa.
El banco actuaba contra un total de 12 personas por participar en lo que bautizaron como "gigantesco engaño" al que le dieron apariencia de acciones "altruistas". De Pineda dijo la entidad que fue el "ideológo y líder máximo" de todo el esquema y que no solo participó en las extorsiones a las empresas sino que pactó con ellas las entregas de grandes sumas de dinero que requerían para evitar el chantaje y que le reportaron un importante beneficio patrimonial. De este modo, el banco dividió los hechos en tres etapas: antes de 2007, entre ese año y 2009 y la última que comprende desde 2009 hasta 2012.
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