Viernes, 22.11.2019 - 05:12 h
La Sala ratifica el abandono

BBVA rinde cuentas en primera persona por su salida abrupta del 'caso Ausbanc'

Apartó al banco del proceso después de que un representante legal del mismo ratificara en la Audiencia Nacional su intención de cesar en la acusación.

FACUA denuncia en los tribunales al presidente de Ausbanc Luis Pineda
Luis Pineda amplía su querella contra el Gobierno corporativo del banco. / Archivo.

La Audiencia Nacional ha dado por válidos los argumentos que el BBVA ha expuesto de cara a dejar de ejercer la acusación en el procedimiento contra el presidente de Ausbanc Luis Pineda. Lo ha hecho después de que la entidad solicitara en un escueto escrito que quería salir de la causa en la que ha liderado la acusación particular y de comparecer en este órgano judicial para ratificar la petición, según confirman a este diario fuentes jurídicas. 

El pasado 9 de julio el banco anunció su intención de salir de esta causa que tiene entre sus principales acusados a Pineda y Miguel Bernard (Manos Limpias) por liderar una presunta red de extorsión contra empresas y entidades bancarias a las que habría pedido grandes sumas de dinero a cambio de no hacerles publicidad negativa. En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, la entidad se limitó a exponer que desistían de la acción penal hasta ahora ejercida sin ofrecer más detalles al respecto.

Aunque fuentes del banco explicaron que su presencia en la próxima vista oral puede "dificultar el proceso" y convertirse en una "distracción innecesaria" para sus intereses, la defensa de Miguel Bernard solicitó a la Sala de lo Penal que, a su vez, le pidiera al banco más detalles acerca de este desistimiento. En concreto, buscaban saber si, pese a renunciar a seguir ejerciendo acusación, querían seguir vinculados al proceso como actores civiles, teniendo en cuenta que han ejercido la acusación más dura en todo el procedimiento y que solicitaban más penas de cárcel para los propios acusados que la Fiscalía Anticorrupción (hasta 129 años de prisión para Pineda).

Por este motivo los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal requirieron a la entidad que ratificara lo anunciado en el escrito ante la trascendencia del asunto; motivo por el cual un representante legal de la entidad acudió a la Audiencia Nacional y expuso que, efectivamente, desistían de seguir acusando en este procedimiento. Ello implica que no podrían reclamar en calidad de acusación particular ninguna indemnización para la entidad por los daños presuntamente sufridos aunque ello no implica que no lo pueda hacer el Ministerio Público, el cual mantiene las actuaciones en este caso el cual está previsto que comience a juzgarse el 23 de septiembre. 

Tras dicha comparecencia, tres de los magistrados de esta Sección Cuarta (los mismos que juzgan la salida a bolsa de Bankia) expusieron en una providencia a la que ha tenido acceso este diario, que, una vez visto el contenido de la comparecencia, se tenía por apartado de la acción penal al BBVA. De esta manera, el banco elude tener que pleitear en esta causa pese a que, en calidad de acusación particular, pidió que se abriera juicio oral contra un total de doce personas por delito continuado de extorsión, organización criminal, estafa y contra la Hacienda pública, de acuerdo con su escrito de acusación recogido por este diario.

En el mismo solicitaban que se condenara a Pineda a una pena de 129 años de prisión al considerarle como el "ideólogo y líder máximo del entramado" mientras que para Miguel Bernard solicitaba 28 años de cárcel. Se trata de penas superiores a las de Anticorrupción, que pidió 119 años y 25, respectivamente. Del mismo modo, cabe destacar que el BBVA fue la acusación que hizo un relato más pormenorizado de los hechos, lo que se refleja en la densidad de su escrito puesto que mientras el del Ministerio Público era de 79 hojas, el banco entregó un documento de 119 páginas. 

En el mismo dividieron los hechos ya investigados en tres fases; la inicial hasta el año 2007 en la que el banco satisfizo "ciertas cantidades de dinero" a Ausbanc en concepto de patrocinios y convenios de publicidad; la segunda, hasta 2009, en la que se "decidió poner fin a las entregas dinerarias" y la tercera hasta 2012. En lo que respecta a esta última, la defensa de la entidad se hace especial eco en el cambio de responsable en la Dirección de Comunicación del banco. Este movimiento derivó en nuevos contratos con Ausbanc, la cual por su parte acabó volviendo a recrudecer la información negativa que publicaba de la entidad por las cláusulas suelo.

En el foco de la Justicia

La salida de la causa del banco que dirige Carlos Torres se produce en un momento especialmente delicado para la entidad después de que vieran la luz los encargos que el banco -bajo la presidencia de Francisco González- hizo al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para frenar el intento de asalto a la entidad de la constructora Sacyr. La investigación ha derivado hasta el momento en la petición de imputación como persona jurídica por parte de la Fiscalía Anticorrupción que le atribuye los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. 

Precisamente, la solicitud formal de esta petición ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional llevó a la defensa de Luis Pineda a anunciar este miércoles que ampliarían la querella presentada en este mismo juzgado. El presidente de Ausbanc se querelló contra la entidad, Francisco González y el exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, entre otros, al considerar que el agente encubierto fue "un instrumento" del entonces presidente del banco para actuar contra su persona. 

Ahora, adelantan que, pese a encontrarse esta pieza concreta del caso Tándem bajo secreto de sumario, se centrarán en dos planos "esenciales": por un lado en lo que concierne al Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de cara a esclarecer qué control se efectuó ante los pagos superiores a los 10 millones de euros desde la entidad a Cenyt durante más de 13 años; y, por otro, en la labor del Departamento de Cumplimiento para que explique "qué clase de supervisión existió". El banco, por su parte, respondió en un comunicado que están comprometidos con el esclarecimiento de los hechos si bien matizan que la condición de investigado que pudiera adquirir en caso de formalizarse la imputación no implica la acusación formal por ningún delito.

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