El toque de queda que se impondrá en Castilla y León comenzará a las 22 horas y terminará a las 6 de la madrugada. La decisión del Consejo de Gobierno Extraordinario convocado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se materializará en una Orden que será publicada mañana en el Boletín Oficial.
El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afirmado que esa Orden se apoyará en la Ley de Salud Pública y en el resto de normas que han ido amparando medidas como los confinamientos perimetrales, pero sobre todo se sustenta en la "urgentísima necesidad" de frenar los contagios en el ámbito doméstico y en que no se puede "perder ni un día más".
En declaraciones a EFE al concluir el Consejo de Gobierno Extraordinario, Igea ha defendido que "no tiene sentido" plantear este tipo de medidas a partir de media noche -como ha hecho la Comunidad de Madrid-, ya que el problema actual es que "la gente se va del restaurante a su casa".
"Estábamos desplazando el ocio de los locales de hostelería a los domicilios. Eso hay que evitarlo y para evitarlo la hora tiene que ser temprana. Si no, no tiene mucho sentido", ha argumentado sobre la hora elegida para el arranque del toque de queda.
La Junta de Castilla y León ha preferido dictar una orden para agilizar los plazos de aplicación del toque de queda, ya que la fórmula de la petición del estado de alarma a la que han recurrido otras autonomías supondría esperar a una nueva reunión del Consejo de Ministros.
"El desasosiego en la gente lo genera que estemos mirando a las nubes y no tomando decisiones", ha resumido el vicepresidente, argumentando que la sociedad y las administraciones no están en una situación como para "esperar y valorar", porque el incremento de los contagios y el agravamiento de la situación en los hospitales no permite demoras "ni un día más".
Igea ha recordado que una situación similar ya se vivió "en la semana del 9 al 15 de marzo" y se ha propuesto "no volverlo a repetir", con una fórmula jurídica que han trabajado los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico y que confían en que "puede ir adelante" con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que esperan "lo antes posible". "Sabemos lo que cuesta en vidas cada día de retraso", ha concluido.
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