El Consejo General del Poder Judicial trabaja en un plan de choque sin precedentes para evitar el colapso en la Administración de Justicia cuando se levante el estado de alarma. El borrador, que recoge un centenar de medidas de carácter excepcional, ha sido trasladado a las asociaciones de jueces tras el estudio previo de la Comisión Permanente. Entre las propuestas recogidas destaca la modificación de la normativa vigente en aras a que parte de las retribuciones variables de jueces y magistrados se destine a un plan de refuerzo con el que paliar los efectos de la crisis.
El objetivo del órgano que preside Carlos Lesmes es eliminar esta partida del salario de jueces y magistrados únicamente en lo que resta del ejercicio 2020. Para ello se hace necesario introducir una norma transitoria en la Ley 15/2003 que regula el régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal. Con esta medida se pretende sufragar todos los planes de refuerzo aprobados por el CGPJ, de acuerdo con el documento que advierte que su aplicación tendrá un "impacto económico muy importante" y motivará probablemente la intervención del Ministerio de Hacienda.
El borrador, que suma 436 páginas, divide las actuaciones a llevar a cabo en cinco bloques: medidas organizativas, medidas para la solución extrajudicial de conflictos, medidas para la protección de colectivos vulnerables, medidas tecnológicas y un plan de formación específico. Este primer documento de trabajo aglutina el centenar de propuestas de actuación en los cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social. El objetivo, según reza el mismo, es hacer frente a una "situación excepcional y sin precedentes" que con toda seguridad se dará cuando se levante el estado de alarma y se reanude toda la actividad judicial.
Borrador susceptible de cambios
El CGPJ ya ha dado traslado del documento al Ministerio de Justicia, los Tribunales Superiores de cada comunidad, la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado y las asociaciones de magistrados. En su comunicación deja bien claro que se trata de un "primer documento base" sobre el que empezar a trabajar y que permitirá, por tanto, incorporar correcciones y ajustes en la medida en que estas propuestas se vayan sometiendo a debate. De hecho, las asociaciones ya trabajaban en otro plan de choque paralelo a la espera de conocer las sugerencias de su órgano de gobierno para poder poner todo en común, según ha podido saber este medio.
El primer bloque del documento recoge un total de siete propuestas generales a aplicar en toda la carrera judicial. Las mismas persiguen crear unidades de apoyo para evitar el colapso (especialmente en el orden civil y social), hacer un seguimiento del incremento de asuntos que se registrarán cuando se levante el estado de alarma y poner en marcha un plan de refuerzo en todos los órdenes. En aras a agilizar los procesos y las notificaciones se propone limitar la extensión de los escritos procesales y que se declare agosto mes hábil en la carrera judicial. Sobre este punto, el borrador hace hincapié en que sería una excepción únicamente aplicable a este ejercicio "para atender la situación de urgencia".
Sentencias 'in voce'
El grueso de propuestas de actuación se concentran en el orden civil ya que vaticina que será una de las áreas más afectadas como consecuencia de las medidas económicas aplicadas por el Gobierno para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria. La prioridad en este campo es evitar dilaciones indebidas, por lo que se ofrecen cauces para unificar criterios en todos los juzgados de España reduciendo de esta manera el número de litigios. Al respecto, se abre la puerta a que se establezca una regulación específica de la condena al pago de las costas procesales e incluso se contempla la posibilidad de imponer multas (crédito a favor del Estado) en los casos en los se mantengan "posiciones injustificables".
El órgano baraja también mantener los refuerzos en los juzgados de familia (y poner en marcha los de nueva creación) que recibirán con total probabilidad avalancha de demandas por incumplimiento del régimen de visitas en el caso de padres separados con niños. Para ello se plantea establecer un trámite de incidente de ejecución rápido, mientras que para presentar una demanda en los casos de divorcios con hijos será requisito indispensable presentar un documento sobre la regulación de las futuras responsabilidades parentales. Además, barajan la posibilidad de que se puedan dictar sentencias 'in voce' para evitar la dilación de la transcripción por escrito y piden la tramitación de un proyecto de ley para modificar las medidas a los cónyuges afectados por ERTE que estén sujetos a prestaciones económicas.
Insolvencia de las empresas
En la especialidad mercantil el CGPJ teme un aluvión de solicitudes de procedimientos por insolvencia. El objetivo en sus 19 propuestas en esta materia es, de nuevo, agilizar los plazos de actuación para garantizar la supervivencia de las empresas afectadas por la crisis que ha dejado la pandemia. Ante este escenario se gestionarán las reclamaciones que sean prioritarias, se agilizará la tramitación de los procedimientos concursales y se permitirá una nueva negociación de la deuda a quienes estén cumpliendo un convenio. Para evitar saturar los juzgados de lo civil se baraja también potenciar los acuerdos extrajudiciales de pagos o de refinanciación de deuda, lo cual hace necesaria una reforma de la Ley Concursal.
Otro orden que afronta un alud de procesos es el contencioso-administrativo. Para aligerar los trámites se propone recurrir a la figura del 'pleito testigo', recogida en la ley desde el año 1998. Se emplea para unificar en un único procedimiento un asunto que tenga su derivada en pleitos similares de modo que en éstos se resuelve en el mismo sentido. Igualmente, el órgano de gobierno de jueces pide que el pago para interponer recurso de apelación en lo contencioso pase de los 30.000 euros vigentes a 60.000 euros y abre la veda para permitir acciones colectivas de sindicatos y asociaciones que representen a personas perjudicadas directamente por la crisis del Covid-19.
En lo que respecta al plano social, el órgano que preside Carlos Lesmes augura un incremento de asuntos relacionados con extinciones de contrato, prestaciones de carácter social o relacionados con la reducción de jornada forzosa. En este apartado se propone un total de 29 medidas de reforma normativa entre las que se encuentra introducir la tramitación de carácter urgente de los procesos por despido. También con la finalidad de no colapsar el juzgado sugiere que las sentencias que resuelvan impugnaciones sobre los ERTE no sean susceptibles de recurso de suplicación ni de casación. Solo para este orden se hace necesario un 'plan extraordinario de urgencia nacional' que conlleva prolongar la jornada laboral de los funcionarios de la Administración de Justicia y además adscribir a jueces en prácticas para labores de refuerzo.
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