Muchos miembros de la carrera judicial se han plantado en los últimos días ante la gestión que está realizando la Mutualidad General Judicial (Mugeju) con las prestaciones y subsidios por incapacidad temporal. El sistema, al que están sujetos todos los integrantes de la Administración de Justicia, se niega a tramitar asuntos de esta índole que se presenten durante el estado de alarma porque que se trata de una gestión que no puede realizar por la vía telemática (solo en papel). Una postura que ha provocado la indignación y rechazo de algunos de los mutualistas, como es el caso de una magistrada de Tenerife, la cual está de baja en la actualidad por su embarazo de alto riesgo. "Me voy a ver obligada a tener que pedir el alta voluntaria a mi médico para poder comer", explica.
La magistrada, que prefiere mantener el anonimato, explica en declaraciones a La Información que su situación le está generando mucho desasosiego puesto que en apenas tres semanas se le termina la baja laboral validada al principio del embarazo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Transcurrido este periodo que recoge la ley de 180 días, se le tendría que conceder la incapacidad temporal para poder seguir cobrando su salario hasta el momento de dar a luz. Sin embargo, el rechazo de la gerencia de Mugeju a abonar estas prestaciones le han llevado a plantearse retornar a su trabajo cuando falte apenas un mes para el nacimiento de su hijo.
"A nosotros nos dicen que hay que mandar un funcionario a tramitarlo porque no tienen digitalizados los expedientes y la gerente considera que no es un servicio esencial", explica. La juez hace hincapié en que su caso es preocupante pero no el único. Hay otros miembros de la carrera judicial aquejados de enfermedades graves y en condiciones peores. Una situación que ha llevado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y a Foro Judicial Independiente a tomar cartas en el asunto y pedir la intervención del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y del CGPJ, aunque de momento no hay pronunciamiento oficial por parte de ninguno de los dos órganos.
Sin embargo, la Mutualidad responde que este no es un asunto esencial. De esta forma, entre las gestiones que sigue desarrollando tras decretar el Ejecutivo el estado de alarma se encuentran los correspondientes pagos a las entidades de seguro, al Consejo Oficial de Colegios Farmacéuticos o de las nóminas del personal de Mugeju. No se considera un servicio fundamental, por tanto, tramitar el pago de prestaciones y subsidios de los mutualistas al menos hasta que el Gobierno levante esta restricción. Es por ello que la situación afecta a jueces, fiscales, gestores, tramitadores o letrados de la Administración de Justicia que se encuentren de baja laboral.
"Yo estoy en situación grave, pero hay compañeros enfermos con cáncer. Fíjate la angustia que me despierto por la noche pensando qué voy a hacer si nadie me tramita la prestación porque me voy a ver obligada a incorporarme con una pandemia, un embarazo de alto riesgo y una barriga de ocho meses. Es muy grave cuando además todos los funcionarios del Estado y los trabajadores normales no tienen ningún problema en cobrar sus prestaciones", explica la magistrada a este diario. Un escenario de parálisis que también padecen aquellos que tienen aprobada la incapacidad temporal pero que no pueden recibir los pagos porque no se puede gestionar telemáticamente. "Me parece un insulto", apostilla.
Gestiones en papel
En respuesta a los reclamos de las asociaciones judiciales, la gerente de la Mutualidad y también vocal del CGPJ, Concepción Sáez Rodríguez, se remite a su resolución del pasado día 16 de marzo en la cual estipuló los servicios esenciales que llevaría a cabo Mugeju en plena crisis por la pandemia del coronavirus. Entre ellos se encuentran la prestación sanitaria, farmacéutica y el pago de proveedores. Quedan excluidos de estos servicios las personas que estaban acogidas a un régimen de incapacidad temporal. Según argumenta Sáez, estas 'prestaciones económicas' vienen marcadas por una orden de pago de la partida de presupuestos, la cual está controlada por la Intervención Delegada de Hacienda.
Además, alega que, a diferencia del sistema vigente en la Seguridad Social o en otras mutuas como Muface (a la que se acogen los funcionarios de Hacienda), los asuntos se cursan en papel, lo que requiere de la presencia 'in situ' de un funcionario en las dependencias de Mugeju. Se trata de unas explicaciones que poco o nada han convencido a los afectados y a las asociaciones judiciales denunciantes, a las que se les suma el sindicato mayoritario de la función pública CSIF. Ello les ha llevado a remitir una carta al departamento de Justicia y al CGPJ en la que advierten de la delicada situación económica por la que atraviesan algunos de los afectados y piden que se agoten todas las posibilidades de realizar los trámites 'online' antes de dejarles sin subsidio.
La abogacía, también en pie de guerra
A las quejas planteadas contra la Mutualidad General Judicial se suman las de la Abogacía. Los letrados también suscritos a su sistema privado piden que se les otorgue el mismo trato y se apliquen los mismos parámetros que a los autónomos que cotizan en el régimen especial de la Seguridad Social y para los que el Gobierno lanzó un plan de choque en aras a evitar el duro impacto que ha provocado en este sector las restricciones adoptadas para frenar la crisis sanitaria. Los abogados que cotizan a la Mutua de la Abogacía y que no pueden trabajar mientras dure el estado de alarma quedan en una "situación insostenible", según señala el equipo de ActivaT Abogados.
Los abogados sujetos a las mutuas (que según las fuentes consultadas constituyen más del 60% de todos los de España) se enfrentan a un panorama desconcertante. Este colectivo, que pertenece en su mayoría a pequeños despachos, pide que se le retrase el pago de sus cuotas como mutualistas ya que a estos gastos hay que sumarles otros fijos como el alquiler del despacho o el pago de suministros y de impuestos. "En una situación catastrófica para toda la sociedad, no pueden existir espacios donde los más desfavorecidos o perjudicados por la misma sufran un trato distinto solamente por el hecho de estar cotizando en una mutualidad privada, siendo este un régimen alternativo permitido en la norma", reza por su parte el foro de abogados Fai-Rade.
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