Con semblante tranquilo y sereno, Cristina Cifuentes ha comparecido este miércoles ante el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, para negar cualquier vínculo con la presunta caja 'B' del PP y con las personas implicadas en ella. En una declaración plagada de altercados, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha trazado la línea con los gobiernos de sus antecesores en el cargo (Esperanza Aguirre e Ignacio González) y ha negado categóricamente que bajo su mando existiera la cláusula del 1% como método para desviar dinero público a las arcas del partido.
"Cuando yo gobierno en la Comunidad de Madrid ese tipo de cláusulas no existen", ha apuntado la expresidenta regional a preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen García, la cual se ha interesado especialmente por el grado de conocimiento que tenía del funcionamiento de los ejecutivos anteriores. Cifuentes ha insistido en que dio a conocer cualquier irregularidad que se pudo cometer durante su gestión, de acuerdo con fuentes presentes en el interrogatorio. Las mismas han precisado que en lo que respecta al principal motivo de su imputación, la adjudicación al grupo del empresario Arturo Fernández del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid, Cifuentes ha negado irregularidades.
De hecho ha explicado que la licitación no se produjo por criterios personales sino puramente técnicos, que es un asunto que abordó la Mesa de Contratación y que los principales criterios no eran económicos, en contra de lo que se pudiera pensar, sino otros como la calidad, la organización o el servicio. De este modo intenta desligarse de las tesis del Ministerio Público y del magistrado que le imputó en esta novena pieza del caso Púnica, los cuáles sostienen que hubo un concierto previo para contratar al Grupo Cantoblanco, del que es dueño el expresidente de la CEIM. Precisamente apuntan que Fernández fue uno de los empresarios efectúo en el año 2007 dos aportaciones por importe de 160.000 euros para costear las campañas del PP.
Los vínculos con empresarios de la caja 'B'
Las fiscales apuntan que Cifuentes era patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández y que formó parte del comité regional de campaña del partido Popular de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. Al ser preguntada por este asunto, la también exdelegada del Gobierno de Madrid ha explicado que su labor en estas campañas se ciñó exclusivamente a movilizar a afines al partido para que participaran en los mítines. Acto seguido ha negado tener cualquier implicación en lo que respecta al pago de estas campañas; asunto que competía al gerente de la formación, el también imputado Beltrán Gutiérrez.
De este modo también se ha desligado de las acusaciones formuladas por la que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, que la situó en reuniones clave con empresarios de la caja 'b' tales como Juan Miguel Madoz, administrador de la empresa Swat. Cifuentes ha explicado que esas acusaciones son mentira y que no le consta haber participado en encuentros en los que se fraguaría el presunto desvío de fondos así como los pagos de los empresarios implicados los cuáles fueron recompensados con adjudicaciones amañadas o con facturas falsas que salieron de entes dependientes del Gobierno madrileño como Arpegio, Indra o Mintra.
Pablo Casado, miembro del Fundescam
Sí ha admitido que conoció a otro de los empresarios estrella de la macrocausa, Daniel Horacio Mercado. Las mismas fuentes consultadas explican que se ha limitado a decir que suponía que trabajaba para el partido puesto que llegó a coincidir con él en algunos actos de campaña electoral así como en mítines, pero no ha dado más detalles al respecto. Cifuentes ha comparecido ante el juez instructor acompañada de abundante documentación y ha mantenido la calma en todo momento pese a que el interrogatorio ha tenido que interrumpirse hasta en dos ocasiones debido a que, por un error técnico, parte de su declaración se ha escuchado en la sala de prensa.
En lo que respecta al organigrama de Fundescam, fundación que creó la propia Aguirre, la exdelegada del Gobierno ha dado al magistrado una serie de nombres en calidad de patronos integrantes de la misma. De ese modo, apuntó a un listado de personas como son Ignacio González, los exconsejeros Borja Sarasola y Javier Fernández Lasquetti, la exalcaldesa Ana Botella y, además, el actual presidente del PP, Pablo Casado puesto que en el momento de los hechos presidió las Nuevas Generaciones (NNGG) de la formación. Los investigadores se han interesado especialmente sobre el funcionamiento y organigrama de la fundación en tanto se empleó como medio de desvío de fondos del PP.
A su salida y ante la expectación mediática que ha envuelto su declaración, Cifuentes ha asegurado que no guarda "absolutamente ninguna" relación con las campañas del PP regional y que ha aportado datos que demuestran que la actuación de la Asamblea de las adjudicaciones se ajustaron a la realidad, que no elaboró los pliegos y que se tomaron por unanimidad por un total de 14 personas. "Espero que esto, que está siendo muy duro, termine cuanto antes. Que se llegue hasta el final en el caso Púnica en el cual mi principal participación fue siendo presidenta de Madrid personar al Gobierno de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños", ha sentenciado para añadir que no iba a contestar preguntas de los periodistas.
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