El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la admisión a trámite de los nuevos impuestos a grandes energéticas y banca planteados por el Gobierno, defendidos por PSOE y Unidas Podemos en un debate que se ha saldado con el apoyo de socios habituales como ERC, PNV, EH-Bildu, BNG, Coalición Canaria o la CUP. Por el contrario, la iniciativa ha contado con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.
La presentación de la propuesta por parte del PSOE, partido mayoritario del Gobierno, recayó sobre Patricia Blanquer, portavoz fiscal de los socialistas, quien justificó que "tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios". Tras asegurar que "la inflación también genera ganadores y perdedores" y que "es justo pedir un esfuerzo ahora", ha invitado a la oposición "a decidir de qué lado están, si de los que sufren, o de los que se aprovechan de los que sufren".
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que los nuevos gravámenes no amenazan la sostenibilidad financiera de los dos sectores, a los que ha pedido "que arrimen el hombro". "Ser patriota es eso, no envolverse en una bandera gigante", ha dicho, mientras que su portavoz fiscal, Txema Guijarro, ha advertido de que, pese a la inflación, los márgenes empresariales se mantienen o incluso aumentan algunos sectores.
"A favor de los impuestos, más a favor todavía de la expropiación", ha dicho el diputado Albert Botran (CUP), recordando el pasado público y las ayudas recibidas por las grandes energéticas y financieras españolas "que ahora no quieren poner de su parte", y sosteniendo que "más justo sería recuperar el control público de estas empresas y nacionalizarlas". Joan Margall (ERC) ha reclamado que el impuesto sea permanente, y no temporal mientras los beneficios obtenidos por los sectores sean extraordinarios, y ha pedido asegurar que no acaben repercutiéndose en el consumidor.
PNV y Bildu han apoyado su tramitación, pero exigiendo un acuerdo para su aplicación en las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra. El PNV ha llegado ha advertir con tumbar el impuesto por la vía legal: "O hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance", ha avisado Idoia Sagastizabal, que ya había advertido del riesgo de que los tributos fueran impugnados y acabaran teniendo que devolverse cantidades recaudadas.
Gravan cifras de negocio, no beneficios extraordinarios
Asimismo, ha censurado que la iniciativa "poco tiene que ver con beneficios extraordinarios", como plantean las autoridades europeas y propugnan los proponientes, sino que grava en función de las cifras de negocio y supone una prestación sobre venta. En el caso de las energéticas, grava la facturación y en la banca el margen de intermediación e intereses.
La portavoz de EH-Bildu Mertxe Aizpurua ha lamentado que estos tributos "no son suficientes", al buscar recaudar "muy poco" en estos sectores. Así, la recaudación buscada en el caso de las energéticas es de 2.000 millones en dos años cuando han ganado 11.000 millones en seis meses, y 1.500 millones en la banca para dos años cuando en 2021 superaron los 20.000 millones de beneficios. "Y eso sin olvidar los 60.000 millones del rescate", ha apostillado.
El PP habla de "persecución" a los sectores afectados
Entre las bancadas opuestas a los nuevos impuestos, el 'popular' Mario Garcés ha despreciado la proposición al tildarla de "engendro jurídico"; ha calificado de "fraude" que PSOE y Unidas Podemos intenten presentarlo como prestación patrimonial -"esto es un tributo"- y ha hablado de "persecución subjetiva" contra los sectores afectados y de "colectivización". Mari Carmen Martínez Granados (Cs) ha explicado la utilización de esta figura de prestación patrimonial pública no tributaria en la posible impugnación judicial de los impuestos y en sortear las reclamaciones por vulnerar los principios de igualdad o de doble imposición, al tiempo que vaticinaba que, por mucho que lo reflejen legamente, no es posible asegurar que no se repercute al cliente.
En esa línea ha incidido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, que ha asumido que de una u otra manera las empresas repercutirán esos costes al consumidor y ha ironizado acerca de la temporalidad de los impuestos, al asegurar que el Impuesto sobre Sucesiones también llegó a Estados Unidos para sufragar la Guerra de Cuba y aún sigue en vigor.
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