En los cierres perimetrales no hay controles suficientes para evitar que los ciudadanos se salten las restricciones impuestas al amparo del estado de alarma. Lo que evita que se puedan cumplir con todas las garantías las limitaciones a la movilidad que han impuesto la mayoría de comunidades autónomas. Así lo aseguran fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado consultadas por La Información, que explican que esto se debe a que no reciben las órdenes necesarias que les permitan justificar su realización. Una circunstancia que, según las mismas fuentes policiales, se ha producido sobre todo en Madrid. Pero que ponen en duda tanto el Ejecutivo autonómico como por la Delegación del Gobierno.
Los policías aseguran que para instalar un control tienen que recibir las órdenes de servicio correspondientes para ello. Esto es lo que les permite que la responsabilidad de estos dispositivos recaiga sobre la Dirección de la Policía, evitando así que se le achaque directamente a los propios agentes o a sus superiores directos, según explican las fuentes consultadas. Algo que es necesario de cara a los informes que tienen que presentar sobre la realización del mismo, que van a parar a órganos como las fiscalías de área. "Si a esto le sumas que no vamos sobrados de medios humanos, es muy difícil que se puedan cumplir las medidas", señala una fuente del Cuerpo.
Pero también ha ocurrido la situación contraria: se han realizado controles sin órdenes que los amparen. Lo que significa que eran "totalmente ilegales", apuntan estas fuentes. Algo que se ha producido por las órdenes de los superiores directos que han recibido los agentes que han tenido que llevar a cabo ese operativo. La mayoría de ellos no han trascendido, ya que se produjeron en días donde las posibles salidas de las ciudades o las comunidades autónomas no iban a ser significativas. Aunque hubo un día en el que los agentes empezaron a parar a los ciudadanos en determinados puntos de la carretera: el viernes del puente del Pilar en el que se aprobó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Todos los dispositivos, altos o sanciones que se produjeron entre el anuncio del Gobierno central y la publicación en el BOE del decreto no estaban respaldados por ninguna norma.
El caso de Madrid
Madrid es precisamente la región en la que más dificultades se han producido para controlar los cierres perimetrales, que fueron decretados exclusivamente en los días que duraban los puentes del 1 y el 9 de noviembre. Según las fuentes policiales, hubo ciudadanos que pudieron desplazarse hacia otras comunidades sin encontrar oposición alguna. Otro tema distinto es que pudieran entrar en esas autonomías que también han impuesto el cierre perimetral. Que no estuvieran presentes en determinados puntos tanto ellos como la Guardia Civil responde a que no se les ordenó, insisten las mismas fuentes. Algo de lo que responsabilizan tanto al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso como a la Delegación del Gobierno que encabeza José Manuel Franco.
Otras fuentes policiales destacan que sí hubo una orden de servicio, fechada el 9 de octubre, y que se extendía por un periodo indefinido mientras no se dijera lo contrario. Aun así, los agentes consultados que denuncian esta situación insisten en que esto no ha cambiado la realidad de la falta de dispositivos en las últimas semanas. Incluso a pesar de que en esta instrucción se estableciera un cumplimiento de todo lo que dictaban tanto el BOE como la orden autonómica de la Comunidad de Madrid.
Desde el Ejecutivo madrileño aseguran a esta redacción que en las últimas semanas no ha habido problemas en los controles, ya que la "coordinación se está produciendo entre la Policía Nacional y el resto de policías locales". Algo que es novedoso en comparación con lo que denunciaba la Puerta del Sol tiempo atrás, cuando Ayuso y otros miembros de su Consejo de Gobierno aseguraban que la Delegación del Gobierno no les proporcionaba los agentes necesarios para hacer los controles correspondientes. Ya fuera a la hora de impedir las salidas de los límites de la región o de las zonas básicas de salud que las autoridades sanitarias madrileñas ordenaron restringir por su alta incidencia de contagios de coronavirus.
También a consulta de este diario, la delegación del Ejecutivo central en la Comunidad de Madrid sostiene que los controles sí se están llevando a cabo. Pero admiten que "no son como antes", en referencia a los que se realizaban durante el primer estado de alarma por el que se decretó el confinamiento domiciliario. "Por supuesto que hay sanciones, pero ahora son más informativos y no tan férreos como ocurría en marzo, abril o mayo", destacan fuentes del departamento de José Manuel Franco, que desvelan que en otro operativo por un festivo hubo 13.000 identificados pero tan solo 210 multas. Y aunque aseguran que en el pasado puente del 9 de noviembre "hubo hasta 5.000 agentes de Policía y Guardia Civil trabajando", destacan que su actuación responde "a las peticiones que hagan las comunidades autónomas".
Esta no es la única queja que tienen los agentes en plena segunda ola de coronavirus. Sindicatos como JUPOL o SUP denuncian que tan solo cuentan con una mascarilla quirúrgica para hacer un servicio de ocho horas. Lo que incumpliría las recomendaciones sanitarias, ya que según estas este tipo de protección debe cambiarse pasadas cuatro horas. "Nos han llegado a decir que es mentira eso de que hay que tirarla tras ese tiempo", señala una fuente sindical. Además, en lo que respecta a los incumplimientos de las medidas sanitarias, lamentan que los agentes "no tiene claro en base a qué norma multar". "Lo que ocurre es que se está dejando en manos de delegación o subdelegación del Gobierno para que decidan", inciden.
