Jornada decisiva para endurecer algunas de las restricciones en vigor ante el preocupante avance de la tercera oleada del Covid. Hay una mayoría de comunidades autónomas que prevén solicitar en el Consejo Interterritorial de Salud de este jueves la ampliación del toque de queda y el Gobierno ya está estudiando la arquitectura legal en la que amparar esa medida. Para ello hay que modificar el actual estado de alarma y el Gobierno ya tiene listo un borrador de decreto "menor", según explican a La Información fuentes gubernamentales. Pero Moncloa no quiere una nueva bronca política y por eso quiere tener amarrados los apoyos necesarios en la Cámara Baja.
El Gobierno ha decidido fiar el avance del virus a las medidas e instrumentos recogidas dentro del actual estado de alarma. El Ministerio de Sanidad considera que el decreto que expira el 9 de mayo es un marco legal adecuado para doblegar al virus y no esperan modificar, en términos generales, la norma que otorgó a Sánchez una tranquilidad parlamentaria de seis meses. Los expertos del Ministerio consideran que lo único que hace falta es tiempo para ver los resultados. A lo que sí está abierto el Gobierno es a modificar únicamente el toque de queda y, por tanto, a dar amparo legal a esas peticiones que llegan desde varias autonomías. Desde el Ejecutivo insisten que es el Congreso quien ha fijado los límites horarios y que el estado de alarma lo aprobó el Parlamento. Debe ser, dicen, en ese escenario donde se validen las modificaciones que puedan salir del Consejo Interterritorial.
Sanidad quiere, eso sí, garantizarse una mayoría política suficiente para aprobar esta modificación. Todas las miradas se dirigen en este sentido hacia el PP, que ya ha hablado en público de la posibilidad de apoyar la decisión, como ya hizo en los primeros estados de alarma de marzo y abril. De momento no ha habido una negociación entre Moncloa y Génova como tal pero hay alguna autonomía gobernada por los populares que prevé solicitar este miércoles en el órgano colegiado de Sanidad la cobertura legal para ampliar el toque de queda. Es el caso de Castilla y León y Andalucía. En el lado opuesto se encuentra Madrid. No sería de extrañar, por tanto, que Casado y sus diputados pudieran brindar su apoyo al Gobierno a una medida que piden algunos barones aunque, lógicamente, sería con condiciones.
Con Ciudadanos también hay contactos. La vía directa abierta entre Moncloa y la sede del partido naranja en la calle Alcalá de Madrid sigue engrasada y podría dar, de nuevo sus frutos. Los diez diputados de Inés Arrimadas son insuficientes, pero acercan al Gobierno a la mayoría para modificar el estado de alarma y dar encaje legal a un nuevo horario de toque de queda. Fuentes gubernamentales aseguran que en los últimos días se ha producido un intercambio de pareceres con sus antiguos socios (en las enmiendas parciales de los Presupuestos se torció la relación) y admiten una relación fluida para recuperar la colaboración.
"[El adelanto del toque de queda] lo plantearon en el pasado consejo tres comunidades. En el próximo consejo podemos adoptar esta decisión, pero siempre con consenso. Porque juntos avanzamos más, en un Estado descentralizado como el nuestro", explicó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero. "Estamos siempre abiertos a escuchar y mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos", añadió su compañero Illa. Es decir, o hay consenso político para evitar una nueva bronca parlamentaria o no se hará.
Mientras llega esta modificación del toque amparada en un acuerdo colegiado en el Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno insta en público a los ejecutivos autonómicos a "apurar" las medidas del actual estado de alarma. "Las comunidades tienen margen para apurar los instrumentos que les permitan disminuir la movilidad de los ciudadanos y evitar los contactos que no son estrictamente necesarios". Quieren, en otras palabras, que sigan el modelo de la Comunidad Valenciana, que este martes propuso cerrar toda la hostelería. Madrid ha anunciado que no lo contempla.
El Gobierno también ha optado por recurrir la propuesta de avanzar a las 20:00 horas el toque de queda de Castilla y León y el Tribunal Supremo ha dado un plazo de diez días al gobierno autonómico para que presente sus alegaciones contra el recurso. El horario se mantiene, por tanto, a las ocho de la tarde, aunque existe una laguna legal ya que el decreto del estado de alarma no lo contempla. No es de extrañar, por tanto, que se modifique la normativa antes de que el alto tribunal tome una decisión sobre la comunidad autónoma gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. La vía política, por tanto, podría adelantarse a la judicial y solucionar el embrollo.
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