El auditor de PwC (PricewaterhouseCoopers) que fiscalizó las cuentas del Banco Popular vuelve a defender su trabajo frente a las conclusiones de los peritos del Banco de España (BdE). Lo ha hecho justo después de la última declaración de estos expertos ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la quiebra de la entidad, en la que han ratificado que la contabilidad del banco no era veraz, puesto que debió registrar pérdidas en vez de beneficios. Frente a ello, el auditor de la 'Big Four' Pedro Barrio insiste en que no se detectó ninguna irregularidad y por tanto era "improcedente" hacer alguna salvedad a las cifras presentadas, ya que se cumplía con las exigencias realizadas por el propio órgano supervisor y el Banco Central Europeo (BCE).
Los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández comparecieron ante el magistrado José Luis Calama el pasado 14 de septiembre para explicar los dos informes periciales incorporados a la causa, entre ellos el relativo a las operaciones que se realizaron, entre 2011 y 2014, a través de la sociedad de capital riesgo Thesan Capital para la financiación de empresas en crisis. En este documento presentado el 29 noviembre de 2021, los funcionarios del BdE señalaron que el Banco Popular tenía pendiente de provisionar 521 millones de euros desde 2012 por estas inversiones en Luxemburgo. Todo ello al entender que estas operaciones debían haberse clasificado en dudoso desde dicha fecha, dado que las sociedades donde el vehículo inversor entraba a tener presencia atravesaban cierta dificultades.
Por ello, los firmantes de este informe consideraron que "era necesario incrementar el saldo de dudosos en 876 millones de euros", lo que conllevaba una estimación de más de 500 millones de euros de déficit de provisiones. En este sentido, manifestaron sus dudas acerca de los análisis realizados por el último auditor externo de las cuentas, Pedro Barrio -imputado en este procedimiento-, ya que, en su opinión, éste era perfecto conocedor de la situación verdadera en la que se encontraba el Popular, dado que tenía participación en la Comisión de Auditoría del banco y aún así no realizó ninguna "salvedad" hasta el año 2016, cuando la entidad "redujo significativamente" ese déficit.
Ante estas estimaciones, y tras escuchar las explicaciones que los peritos designados a esta causa ofrecieron en sede judicial, la defensa de Barrio ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso La Información, para contrastar criterios. El documento presentado el pasado 19 de septiembre llega tras una nueva prórroga de la causa, a punto de cumplir cinco años de instrucción, en la que el juez está escuchando a los peritos para obtener todos los 'inputs' que le ayuden a determinar si existió irregularidades en las cuentas del Banco Popular, que provocaron que la Junta Única de Resolución (JUR) acordara su resolución en junio de 2017.
"Enormes diferencias"
El auditor de PwC destaca que en los diferentes exámenes que realizó sobre el Popular comprobó que se estaba cumpliendo con la normativa y con las instrucciones que previamente habían dado el Banco de España y el BCE, como fue la contabilización de provisiones millonarias. En esta línea, recuerda que el supervisor español realizó en 2012 una inspección sobre determinados activos del banco desaparecido relacionados con Thesan (Sistemas Mecánicos Avanzados, Platja Amplaries, Inversiones Área Sur y Gestión de Activos Castellana 40) y apunta que los resultados sobre déficit que se estimaron tienen "enormes diferencias" con respecto a los cálculos superiores que después realizaron los peritos de la misma institución.
Misma conclusión señala con respecto al análisis de la calidad de activos (AQR, por sus siglas en inglés) que el organismo que dirige Christine Lagarde desarrolló en 2014 sobre los mismos acreditados. Según indica la defensa del auditor, esta valoración, que se apoyó en una revisión realizada por KPMG, no solo era coincidente con la inspección del Banco de España, que determinó que no era necesaria la reclasificación de "normal" a dudoso de uno de los activos, Inversiones Área Sur, sino que también difiere del cálculo de provisiones que hicieron los peritos judiciales. "El 'Informe Thesan' -el elaborado por requerimiento del juez del 'caso Popular'- no ha tenido en cuenta los resultados de la AQR, arrojando sus estimaciones de déficit de provisiones, como en caso anterior, enormes diferencias con las estimaciones de KPMG, revisadas por el BdE en el ejercicio de la mencionada AQR", afirma el escrito.
Conforme a la normativa
Asimismo, Barrio recalca que también analizó los planes de negocio de las empresas financiadas para verificar que su clasificación y reclasificación era la adecuada y afirma que las decisiones adoptadas en este ámbito por el Banco Popular se realizó conforme la comunicación que el 18 de marzo de 2014 cursó el Banco de España a las entidades de crédito, tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
Con todo ello, el auditor de PwC concluye que toda esta "información relevante" resultante de las inspecciones del BdE y el BCE "no fue consultada ni considerada" por los peritos judiciales y que, "ante tales estimaciones del supervisor", habría resultado "improcedente" haber hecho "salvedad alguna en relación con dichos acreditados, ni en el ejercicio 2015 ni en los años anteriores". De este modo, Barrio reitera lo que ya explicó durante su declaración como imputado, en diciembre de 2019, cuando precisó que su función era revisar que la contabilidad cumplía con la normativa, pero no su reformulación. No obstante, añadió que en relación al ejercicio del año 2016 sí que incluyó un párrafo de énfasis para advertir sobre el impacto que podría ocasionar en las cuentas la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que tuvo lugar ese mismo año.
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