El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama vuelve a toparse con los impedimentos que los organismos internacionales le transmiten cada vez que les pide auxilio en el marco de la investigación sobre la resolución del Banco Popular en junio de 2017. En esta ocasión ha sido el Banco Central Europeo (BCE), a quien ha solicitado datos relacionados con los equipos que supervisaron a la entidad extinta en determinados periodos y con los miembros asignados a las inspecciones ‘in situ’ que se realizaron en 2015 y 2016, justo antes de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros, que constituye una de las líneas de investigación de la causa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 formuló dicha petición en un oficio emitido el pasado 1 de julio a través del Banco de España. Previamente, en abril, el magistrado instructor extendió al organismo presidido por Christine Lagarde otro requerimiento de información sobre las tasaciones inmobiliarias realizadas por el banco desaparecido. Todo ello para saber si hubo "una posible mistificación de las tasaciones inmobiliarias del Banco Popular, sobrevalorando buena parte de ellas de forma significativa y consciente, a fin de infradotar las provisiones necesarias según la normativa vigente". Ante la falta de respuesta, el pasado 22 de julio, el juez Calama mandó un recordatorio -también a través del supervisor del sistema bancario español- para que se remita en un plazo de 30 días dicha información.
Mientras tanto, el BCE sí que ha realizado ya una contestación acerca de la documentación relacionada con los equipos de seguimiento. En una misiva, con fecha del pasado 10 de agosto, al que ha tenido acceso a La Información, la institución europea pide al Banco de España que traslade al juez de la Audiencia Nacional que tratará de recabar toda la información solicitada "lo antes posible", si bien apunta que la recopilación de dichos datos podrá "llevar algún tiempo" debido a que los grupos de supervisión e inspección del Banco Popular se disolvieron hace tiempo.
En esa carta, la autoridad monetaria europea no sólo muestra su disposición a colaborar con la investigación abierta desde hace casi cuatro años, sino que también adjunta un informe elaborado por sus servicios legales en el que pone de relieve los derechos que tienen los miembros de la institución ante una previsible citación judicial. En este sentido, advierte al juez instructor que los miembros del equipo mixto de supervisión del BCE para el Banco Popular "gozan de inmunidad de rendir testimonio como testigo sobre los hechos que hayan realizado a título oficial". Un privilegio que tienen incluso después de haber dejado de desempeñar dichas tareas, indica.
Obligación de secreto profesional
Según explican los servicios jurídicos, el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea confiere esta protección a todos los miembros de órganos europeos con el objetivo de ampararles ante "cualquier amenaza de medidas coercitivas" que puedan realizar las autoridades judiciales de Estados miembros que les llaman a declarar. Así, destacan que, en este caso, la inmunidad de los miembros del equipo supervisor estará vigente siempre y cuando el Comité Ejecutivo del BCE no otorgue expresamente la retirada de la misma, y previa solicitud motivada del juez instructor.
El departamento legal del BCE añade que los supervisores de Banco Popular también tienen la "obligación de secreto profesional", tal y como establece el Protocolo de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Teniendo en cuenta este punto, si se da la circunstancia de que el instituto emisor decidiera retirar la inmunidad a los integrantes de los equipos en cuestión, estos solo podrían revelar ante el juez instructor aquellos datos que hubieran obtenido en el ejercicio de sus funciones profesionales si previamente han sido autorizados para ello, ya que se trata de "información confidencial". En cualquier caso, el Servicio Jurídico recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) española establece que los funcionarios públicos no pueden ser obligados a declarar como testigos si se poner en peligro "el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar".
Declaración de la presidenta de la JUR
Una situación similar es la que se ha vivido en torno a la declaración como testigo de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Köning, quien declara este jueves para explicar las manifestaciones que realizó en una entrevista pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración a un medio de comunicación sobre el riesgo que corría el banco. La testifical de Köning y del que fuera director de planificación del organismo, Dominique Laboureix, estaban previstas para finales de julio, pero el magistrado decidió aplazarlas hasta que los dos altos cargos recibieran permiso preceptivo para poder comparecer, después de que afirmaran que cooperarían "dentro del marco legal aplicable", debido a la inmunidad que se les otorga como miembros de una institución bancaria europea.
Estos no son los únicos inconvenientes que el juez que instruye el conocido 'caso Popular' se ha encontrado a lo largo de la compleja instrucción que se inició en 2017. Por recordar algunos de los más recientes, el pasado mes de junio, dio un ultimátum al FROB para que le entregara todos los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017 que tengan relación con la resolución de la entidad. Una vez que fueron remitidos, el magistrado tuvo que pedir a este organismo que se los volviera a mandar pero sin "tachones", según indicaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
Asimismo, el magistrado lleva medio año esperando un informe sobre las operaciones que llevó a cabo el Banco Popular en Luxemburgo a través del fondo Thesan Capital. Los peritos judiciales presentaron un escrito a mediados del pasado mes de julio para avisar al juez Calama que el examen sobre la presunta red opaca para refinanciar a clientes no será todo lo completo que interesó, ya que se han encontrado con varios obstáculos. Según informaron, el Banco Santander -que adquirió la entidad resuelta por un euro- advirtió de las dificultades para localizar numerosos datos solicitados. Se da la circunstancia de que el interrogatorio al que fuera director de los servicios jurídicos del Popular y ex vocal del Comité de Compras y Ventas de activos de la misma, Tomás Pereira Peña, prevista para junio tuvo que ser aplazada a la vista de que dicha pericial no llegaba a tiempo para dicha fecha.
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