El Gobierno plantea reducir aforados y consigue apoyos, pero con condiciones

  • El Gobierno ha recalcado que quiere abrir el debate sobre la reducción del número de aforados pero ha advertido sobre la "complejidad" del proceso, que apoyan el PSOE, IU e UPyD y algunos gobiernos y presidentes autonómicos, excepto el de Madrid.

Madrid, 29 ago.- El Gobierno ha recalcado que quiere abrir el debate sobre la reducción del número de aforados pero ha advertido sobre la "complejidad" del proceso, que apoyan el PSOE, IU e UPyD y algunos gobiernos y presidentes autonómicos, excepto el de Madrid.

Después de que Ruiz-Gallardón defendiera hoy en El País que se revise el número de aforados para pasar de los actuales 17.621 a solo 22 (entre ellos los presidentes de las comunidades autónomas), la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta propuesta y la posibilidad de reformar la Constitución.

Ha sostenido que un cambio en la Carta Magna debe partir de un acuerdo amplio de las fuerzas políticas y ha añadido que en el caso de los aforamientos, sí parece contar con la voluntad de la mayor parte de los grupos políticos para limitar, acotar y clarificar esta condición, pero ha pedido "prudencia" hasta saber qué opinan el resto de los grupos políticos e instituciones.

La cuestión, como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, no solo afecta a instituciones de carácter nacional, sino también autonómico, reguladas por los estatutos de autonomía, lo que conllevaría reformarlos al igual que las normas estatales.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido ir más allá y, por ejemplo, acabar con los indultos políticos.

El dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno encontrará al PSOE "en todas aquellas medidas que impliquen limpieza, regeneración democrática y reducción de los privilegios que así son percibidos por la sociedad española".

No obstante, ha recordado que la propuesta de Ruiz-Gallardón implica una reforma constitucional y se ha preguntado si el presidente del Gobierno la apoya.

El líder de IU, Cayo Lara, quiere que el Gobierno vaya más allá y que no deje ni siquiera los 22 aforados que propone el ministro de Justicia en su iniciativa, que, sostiene, "no estaría encima de la mesa" si no fuera por la presión social y la de algunas fuerzas políticas.

Ha dicho que deja en "cuarentena" esta propuesta hasta ver cómo se concreta "sobre el papel".

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, se ha comprometido a apoyar al Gobierno en la reducción del número de aforados, si bien ha recordado que fue su partido en pedir esta medida, y espera que este anuncio del Ejecutivo no sea una "mentira" o se quede en un anuncio "propagandístico".

Sin embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, rechaza la propuesta porque "lo importante" en la reforma de la Justicia es modificar los procedimientos para agilizar los procesos y no el debate sobre el número de aforados.

Mientras González insistía en que en el debate sobre los aforados existen discursos "falaces" y "cínicos" que confunden a la opinión pública y que no abordan el fondo de los problemas, los gobiernos de Navarra, Baleares y Aragón sí mostraban su apoyo a la propuesta, pero piden consenso.

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha convenido en la necesidad de "tomar medidas" para reducir el número de aforados en España, aunque ha insistido en que debe hacerse con consenso.

Barcina ha mantenido que los políticos son "los menos" de ese número.

El Gobierno de Aragón, es "claramente partidario" de reducir los aforados al máximo posible, según el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha sostenido que el debate "está abierto" y que la medida debería aprobarse y ponerse en marcha "lo más rápido posible".

La portavoz del gobierno balear, Núria Riera, ha considerado que la iniciativa de Ruiz Gallardón es positiva si supone un paso más hacia un Ejecutivo "abierto" y una administración "moderna, participativa y cercana" a la ciudadanía.

Sin embargo, ha expresado que el Ejecutivo balear quiere conocerla "más a fondo" y ver "cómo evoluciona".

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