El inspector jefe del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó la trama Gürtel y la presunta caja 'b' del PP ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que recibió presiones para intentar quitarle del caso que investigaba como policía judicial. En este sentido, ha indicado que el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera le ofreció un trabajo mejor remunerado fuera de España y le hizo entender que contaba con el respaldo político, como el del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Así lo ha dicho Manuel Morocho en su declaración como testigo en la pieza 7 del caso 'Tándem', que investiga la creación en julio de 2013 de un operativo parapolicial, sufragado con fondos reservados, para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas la información comprometedora para el PP que guardaba. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le ha citado para aclarar si la trama 'Kitchen' trató de apartarle del caso Gürtel y de la investigación sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares', después de que en las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo aparecieran anotaciones con el nombre del inspector seguido de "Lisboa".
El inspector ha relatado durante su comparecencia, que ha durado unas tres horas y que continúa el próximo viernes, que en junio de 2013 -un mes antes del inicio de la 'operación Kitchen'- mantuvo un encuentro en una cafetería con el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, en el que éste le comunicó la posibilidad de concederle un nuevo destino fuera de España, mejor remunerado, como la embajada de España en Portugal, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Morocho ha continuado relatando que durante la conversación, el que fuera su jefe recibió una supuesta llamada del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz -investigado en esta causa- interesándose por cómo iba la reunión.
Según las fuentes consultadas, la coincidencia de esta conversación telefónica ha causado sorpresa al juez García Castellón, que ha preguntado directamente a Morocho si cree que pudo ser un "teatrillo" de Olivera para impresionarle. Desde la defensa de Fernández Díaz niegan tajantemente que el que fuera ministro durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy realizase esta llamada.
Morocho rechazó la oferta
En cualquier caso, Morocho rechazó la oferta porque quería cumplir con el mandato judicial, el del Juzgado Central de Instrucción número 5, de investigar la trama Gürtel y posteriormente los conocidos 'papeles de Bárcenas', que salieron a la luz a principios de 2013. Es más, según las fuentes presentes en la declaración, el inspector de la UDEF entendió que su posible traslado era una maniobra para apartarle de estas investigaciones.
Morocho ya declaró como testigo en febrero de 2019 en esta pieza separada del caso Tándem. En esa comparecencia, afirmó que en enero de 2015 le trasladaron durante un año y medio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces dirigida por el investigado Eugenio Pino, para que realizara una labor de apoyo, lo que le hizo sospechar de que el objetivo de este movimiento era que no avanzara en la investigación sobre la trama Gürtel. Pero en ningún caso, hizo alusión a que le hubieran ofrecido anteriormente un puesto fuera de España. Sólo en el juicio por el presunto uso del dinero de la caja 'b' del PP señaló ante el tribunal que, además de recibir presiones para que "doblegara" en su labor como investigador, sí le ofrecieron puestos mejor remunerados, aunque sin concretar cuáles.
Las sospechas del juez García Castellón nacieron tras ver que en las recientes agendas analizadas por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) destacaban anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en junio de 2013, como "Morocho-Lisboa". Todo después de que el 29 de abril de ese año también apuntara frases tipo: "Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc". En ese momento, la UDEF se encontraba analizando los documentos en los que el extesorero del PP anotó durante casi 20 años las entradas y salidas de dinero de la presunta caja 'b', en los que aparecían altos cargos del partido y empresarios que habrían donado cantidades a la formación política.
Eliminar a nombres de los informes
El inspector de la UDEF ha denunciado ante el juez que, entre otras cosas, sus superiores le conminaron a que no incluyera en los anexos de sus informes los nombres de altos cargos del PP que aparecían como presuntos receptores de la caja 'b', así como el del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, como donante del partido.
Tanto Cospedal como López del Hierro están citados a declarar como investigados por su presunta participación en el operativo parapolicial 'Kitchen'. La exsecretaria general del PP lo hará el próximo 29 de junio, mientras que su marido lo hará un día después. El juez considera que tuvieron una intervención "decisiva" para captar a Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas, como confidente policial.
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