La reciente imputación de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la ‘operación Kitchen’, que se investiga dentro de la causa judicial abierta sobre las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, agranda la lista de altos cargos 'populares' cuya gestión en distintas administraciones lleva siendo revisada por la Audiencia Nacional desde hace años en el marco de macrocausas como 'Púnica', 'Lezo' o 'Gürtel'.
De hecho, este último caso lleva más de una década persiguiendo al propio partido, que ya ha sido condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama corrupta (1999-2005), condición que le volverá a sentar en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre como presunto beneficiario de las irregularidades que habría cometido el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, ‘El Albondiguilla’, con la red de Francisco Correa entre 2006 y 2009.
La pieza 7 del caso 'Tándem', que investiga la bautizada 'Operación Kitchen', es la última de las causas que apunta directamente hacia cargos políticos. En septiembre de 2020 se imputó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien niega algún tipo de relación con este operativo parapolicial que se urdió en 2013, y se sufragó con fondos reservados, con el objetivo de arrebatar la información comprometedora para el PP que el extesorero Luis Bárcenas guardaba.
Ahora se añade en la lista de imputados a la que fuera mano derecha del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el partido, María Dolores de Cospedal, que está citada a declarar el próximo 29 de junio en la Audiencia Nacional como investigada por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias por su presunta “intervención decisiva” en la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, como confidente de la operación. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, llegó a esta conclusión después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía analizara 13 nuevas agendas incautadas el pasado mes de octubre al comisario jubilado, y tras escuchar a co-investigados y a testigos, entre ellos Bárcenas, principal perjudicado del operativo parapolicial.
El 'plan contra LB' y los 'papeles de Bárcenas'
En dichos cuadernos, el agente encubierto apuntó los contactos que mantuvo con Cospedal, con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro (citado a declarar el 30 de junio), así como con otras personas que habrían intercambiado cierta información con la entonces secretaria general del PP, como el ex 'número dos' de Interior Francisco Martínez, también investigado. El juez relata en su auto de imputación -que da el visto bueno a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción nueve meses después- que de “ayudar” al extesorero ‘popular’, investigado por el caso ‘Gürtel’, se pasó a buscar un “plan contra LB.” para evitar que llegaran a la Audiencia Nacional pruebas que pudieran comprometer al partido.
El giro de los acontecimientos lo marcaron la publicación de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ en 2013, donde se apuntaron todos los movimientos de una presunta caja ‘b’ del PP a lo largo de casi 20 años, y la declaración de su autor el 15 de julio de ese año ante el entonces juez instructor Pablo Ruz, al que entregó un ‘pendrive’ con la contabilidad paralela de los años 90. El juez de la Audiencia Nacional se apoya en los apuntes de Villarejo para marcar cuatro días antes de esta cita judicial el inicio de la operación 'Kitchen'.
Aun con todo ello, el Juzgado Central de Instrucción número 5 sigue investigando si la caja 'b' se nutrió de donaciones entregadas por empresarios a cambio de obtener adjudicaciones públicas. El juez Santiago Pedraz, pendiente de que le lleguen los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el análisis de contratos firmados por cinco ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004, escuchará el próximo 16 de julio al que fuera tesorero del PP, después de que éste se pusiera a disposición de la Justicia para contar cómo se financiaba el partido.
Bárcenas advirtió en el juicio por el presunto uso de dinero negro para pagar parte de la reforma de la sede nacional del PP de que no disponía de pruebas para demostrar la existencia de lo que en su día denominó "contabilidad extracontable". Afirmó que la ‘Kitchen’ le robó esos documentos que escondía en el despacho de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias. Aún así, apuntó directamente a Rajoy como conocedor de su existencia y aseguró que el expresidente del Gobierno, Cospedal, exsecretarios generales, exministros y exparlamentarios ‘populares’ habrían cobrado “complementos salariales”, algo que todos ellos negaron en sus declaraciones como testigos en esta vista oral.
Ahora, la credibilidad de Bárcenas -que cumple 29 años de prisión por los primeros años de la Gürtel- está siendo valorada por la Sala Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en los próximo meses dictará sentencia y determinará si el partido es responsable civil o no de cómo se pagó la reforma del edificio de la calle Génova 13, de Madrid. El abogado del PP, Jesús Santos -que además defenderá a Cospedal en 'Kitchen', según confirman fuentes jurídicas a La Información-, cargó duramente contra la veracidad de los 'papeles de Bárcenas', alegando falta de pruebas y recordando las diferentes versiones sostenidas por el extesorero a lo largo del procedimiento.
La financiación del PP de Madrid
Por otro lado, la Audiencia Nacional también investiga en el marco del caso 'Púnica' la presunta financiación irregular en el PP de Madrid liderado entonces por Esperanza Aguirre, imputada en este caso junto a su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid Ignacio González -procesado ya en tres piezas del caso 'Lezo' por presuntas irregularidades durante su etapa como máximo responsable del Canal Isabel II-, o el ex secretario general de la formación regional Francisco Granados.
Una causa cuya instrucción está a punto de concluir, ya que, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, tanto el juez como fiscales quieren cumplir el plazo legal previsto y terminar esta investigación, o al menos la mayoría de las 13 piezas separadas de esta macrocausa de corrupción, a finales de julio. En el caso de Aguirre, el magistrado Manuel García Castellón -también encargado de este caso- se encuentra a la espera de recibir un informe pericial sobre si los trabajos pagados con dinero público a Eico (una de las empresas del investigado Alejandro de Pedro) para mejorar la reputación online de altos cargos políticos, entre ellos la expresidenta madrileña, se encargaron con carácter institucional o particular.
Por último, Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico durante el Gobierno de Aznar y expresidente de Bankia, tiene por delante el último procedimiento judicial abierto contra él. El mismo día que se conoció la imputación de Cospedal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, sentó en el banquillo al ex banquero tras más de seis años investigando el presunto origen ilícito de su patrimonio. Le envía a juicio por once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Rato 70 años de prisión por haber repatriado a España 8,5 millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario. El ex dirigente 'popular', condenado a cuatro años y medio por el uso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid y absuelto por la salida a bolsa de Bankia, abandonó el pasado mes de octubre el centro penitenciario de Soto del Real tras obtener el tercer grado.
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