El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sigue indagando en cuál fue la gestión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la resolución del Banco Popular. Ha citado a declarar al presidente del regulador, Rodrigo Buenaventura, por su responsabilidad en su etapa anterior, como director general de Mercados, para que relate qué actuaciones se llevaron a cabo desde el organismo después de que el banco extinto comunicara que financió a clientes para la adquisición de acciones en la ampliación de capital en mayo de 2016.
En una providencia con fecha de este lunes, a la que ha tenido acceso La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 convoca a Buenaventura el próximo 8 de julio, a partir de las 9.00 horas, para preguntarle, entre otras cuestiones, por esta revelación que hizo el Popular a través de un hecho relevante, casi un año después, el 3 de abril de 2017. También quiere interrogarle sobre los diversos informes elaborados por la CNMV y aportados a la causa. El juez advierte al sucesor de Sebastián Abella en el organismo regulador de que podrá consultar la documentación que estime oportuna, si bien deberá "aportar copia a este juzgado con cuatro días de antelación a su declaración".
La investigación, abierta hace más de tres años, sobre la resolución del banco Popular se divide en dos partes: las presuntas irregularidades contables de la entidad extinta con la ampliación de capital en 2016; y las filtraciones a la prensa que habrían provocado la desaparición del banco a mediados del año siguiente. Así, para profundizar en el primer aspecto, el magistrado reclamó diversa documentación, entre ellos al Santander -que compró el banco por un euro-, para averiguar si otorgó financiación a clientes para la adquisición de acciones y si "de forma deliberada no la restó del capital regulatorio".
En dicho auto, del pasado mes de febrero, en el que el juez de la Audiencia Nacional solicitaba toda esta documentación, subrayó que a requerimiento de la Dirección General de Mercados de la CNMV, uno de los vicesecretarios del consejo de administración del Popular Heraclio Peña remitió, en octubre de 2017, un informe del que "se deduce que tanto el consejero delegado como los directores generales de Banca Minorista (Antonio Pujol) y de Negocio de Clientes (José Ramón Alonso) lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital”.
Hecho relevante
Con todo ello, el juez Calama ahora quiere escuchar a Buenaventura, encargado en esa época de la Dirección General de Mercados de la CNMV, para interrogarle sobre "la gestión" del hecho relevante que el banco Popular emitió, bajo el mandato del investigado Emilio Saracho, el 3 de abril de 2017. Sobre estos hechos fue preguntado este expresidente del banco, quien, según fuentes presentes en la declaración, señaló que fue una orden Francisco Gómez, 'número dos' del anterior presidente Ángel Ron (también investigado).
El Popular afirmó en el hecho relevante que habría detectado “determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros”. Cabe recordar que la financiación no supone una práctica irregular en sí misma; pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia puesto que hay que deducirlo del capital.
La citación llega justo en un momento en el que el magistrado de la Audiencia Nacional está realizando una intensa ronda de declaraciones, en la que el pasado 10 de junio compareció, también en calidad de testigo, el director de Mercados Primarios de la CNMV, Carlos Lázaro. Este directivo afirmó, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que le llamó la atención que el banco Popular optara en 2016, bajo la presidencia de Ángel Ron, por hacer una ampliación de capital, de más de 2.000 millones de euros, cuando sus cuentas habían sido aprobados poco atrás.
Por otro lado, en la providencia, el magistrado también insta al Banco Sabadell a que vuelva a remitir la documentación que envió en su día en relación con su participación en el proceso de compra de la entidad extinta, pero "sin tachaduras". Asimismo, a la vista de que el informe solicitado a los peritos de la Agencia Tributaria sobre presuntas operaciones de financiación irregular del Banco Popular en Luxemburgo, a través de Thesan Capital, no estará disponible el próximo 24 de junio, el juez suspende las declaraciones previstas para este día de ambos funcionarios, así como del exjefe jurídico del Popular Tomás Pereira, investigado en relación a estos hechos.
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