El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no decidirá si imputa a Repsol y Caixabank como personas jurídicas por presuntamente encargar al comisario jubilado José Manuel Villarejo espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero hasta que interrogue a cuatro empleados de la Dirección de Seguridad de Repsol y a los responsables de las áreas de Auditoría de la energética y del banco, cuyas testificales fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, estas declaraciones, que aún no tienen fecha y que se practicarán en el marco de la pieza 21 del caso 'Tándem', pueden ser concluyentes para el estudio que lleva a cabo el magistrado sobre si ambas empresas del Ibex 35 cumplieron con sus respectivas normativas internas cuando contrataron con el Grupo Cenyt en los años 2011 y 2012. Un análisis que inició tras las comparecencias como investigados de los máximos responsables de las cotizadas, Antonio Brufau, en el caso de Respsol, e Isidro Fainé, entonces de Caixabank, tal y como adelantó este diario.
Todo ello conforme al artículo 31 bis del Código Penal, que establece que las empresas están exentas de responder penalmente como personas jurídicas si "han adoptado y han ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito", modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la solicitud de los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas de escuchar, por un lado, a Blas Pérez Álvarez, Fernando Marco Mañas, Juan Carlos Corisco Domínguez y Santiago Cuadro Ramírez, cuatro asesores del departamento de Seguridad Corporativa de Repsol que podrían haber tenido algún tipo de contacto con la contratación del comisario jubilado para "salvaguardar los intereses" de Repsol y Caixabank -en ese momento primer accionista de la compañía- tras conocer que Sacyr se habría aliado con la mexicana Pemex para hacerse con el control de la energética. Por otro lado, también quiere escuchar a la directora de Auditoría, Control y Riesgos de Revisión de Repsol, Isabel Moreno Salas; y al responsable de este departamento en Caixabank, Rubén Benavent Aswani, en cuyos informes, aportados a la causa, detectaron que la contratación de Villarejo se habría "apartado" de los protocolos y las normas internas de sus empresas.
Según consta en el sumario de la causa, el expolicía habría llevado a cabo tareas de espionaje e intervenciones telefónicas al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y su entorno más cercano, así como otras para obtener información de la petrolera Pemex, en el marco de lo que denominó 'proyecto Wine'. En los registros practicados en los domicilios de Villarejo y del que fuera su socio Rafael Redondo aparecieron diferentes facturas y abonos por valor de 413.600 euros procedentes de cuentas de Repsol y Caixabank.
Fraccionamiento de facturas
En un escrito con fecha del pasado 19 de mayo, al que ha tenido acceso La Información, Anticorrupción destaca que la jefa de Auditoría de la energética afirmó en su informe en el que revisó si se cumplió la normativa corporativa a la hora de autorizar determinados pagos realizados por la dirección de Seguridad Corporativa, que Cenyt giró tres facturas en 2011 y 2012 y que éstas, al tratarse de un mismo encargo, "no deberían haberse fraccionado". De hecho, añadió que, atendiendo al importe de las tres facturas, su aprobación debió llevarse a cabo por la Dirección Corporativa de Gestión Patrimonial, ocupada por Joaquín Uris. En su declaración como investigado, este directivo se desvinculó de este contrato y señaló que sólo sabía que se estaba llevando un trabajo de inteligencia para recabar información sobre Pemex y su relación con Del Rivero porque se lo contó el exdirector de Seguridad Rafael Araujo, también imputado.
El documento de Moreno apunta además que el 'troceo' de las facturas permitió a Araujo autorizar de forma unilateral el gasto, "incumpliendo así las normas internas". Una normativa que tampoco se siguió a rajatabla, según el informe de la directora de la Auditoría recogido por Anticorrupción, con la "adjudicación directa del servicio a un proveedor no cualificado", en la que no intervino la unidad de compras, omitiéndose así "la calificación del proveedor y la obtención de información sobre el mismo", como personas de contacto, datos registrales o estructura accionarial.
Para la Fiscalía también es de interés el informe de Rubén Benavent Aswani, que examinó la contratación por parte de Caixabank, junto a Repsol, de Villarejo "cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía" para llevar a cabo una investigación sobre Del Rivero y su entorno más cercano, como su esposa o el que fuera responsable de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez. En dicho documento también se pone de manifiesto algunas irregularidades que se produjeron en la contratación, como "la ausencia de contrato escrito" o que "los conceptos de las facturas no describieron, en contra de las normas internas, las operaciones efectivamente recibidas".
Empleados que tuvieron acceso a los trabajos de Villarejo
En el caso de los empleados del área corporativa de Repsol, Anticorrupción pide sus declaraciones apoyándose en otros dos informes , que también obran en el sumario de la causa: el primero, el elaborado por el director corporativo de Servicios Jurídicos de Repsol, Enrique Hernández Pérez, de revisión de la regularidad con la que se contrató a la empresa de Villarejo, y el segundo, el realizado por KPMG en las mismas fechas, que confirma que los cuatro trabajadores "tuvieron acceso, cuando menos parcial, a la investigación realizada por Cenyt en cumplimiento del encargo recibido conjuntamente de Repsol y de Caixabank".
Fuentes empresariales cercanas al procedimiento señalan que lo más lógico sería que el juez García Castellón también llame a declarar al responsable de 'compliance' de la multinacional y al empleado de la consultora que redactaron dichos informes antes de decidir finalmente si imputa o no a Repsol y Caixabank como personas jurídicas.
Los fiscales creen que los cuatro empleados de Repsol podrán explicar "cómo se llevó a cargo por parte del Grupo Cenyt el encargo recibido de Repsol y cómo se gestionó el mismo dentro de la dirección de Seguridad de la compañía". Según explican en su escrito, entre otros hechos relevantes, Blas Pérez y Fernando Marco recibieron por correo electrónico, en los que aparecen en copia o han sido remitidos por Araujo o el exjefe de Seguridad de Caixabank, Rafael Girona -también imputado-, uno de los informes que habría elaborado la empresa del expolicía, en el que se haría "referencia a eventuales irregularidades que habría podido cometer Luis del Rivero", tratando de vincularle con la 'operación Malaya'.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios