El 'caso Tándem', o también conocido como 'caso Villarejo' en honor a su principal protagonista, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cumple el próximo mes de noviembre cuatro años de vida. Durante todo este tiempo, el Juzgado Central de Instrucción número 6, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha abierto hasta una treintena de piezas separadas para poder analizar en profundidad las presuntas irregularidades cometidas en diversas labores de espionaje que el agente encubierto realizó para clientes de toda índole durante, al menos, una década y por los que se embolsó cantidades millonarias. Ahora, cerca de este cuarto aniversario, el objetivo es limitar la instrucción a una decena de líneas de investigación, que faciliten al juez instructor Manuel García Castellón y a los fiscales a centrar la atención en aquellos casos cuya dificultad y volumen de documentación es mucho mayor.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, pisó el acelerador antes del parón estival dejando cinco piezas separadas listas para llevar a juicio. Así, de cara al mes de agosto -que es tradicionalmente inhábil en los tribunales- y tras descartar su prórroga, el juez propuso juzgar a Villarejo, a su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, así como a mandos policiales, jefes de Seguridad de las empresas contratantes o personas vinculadas a estos trabajos por el presunto espionaje a un empresario de Marbella (pieza 8); por la investigación al árbitro que falló a favor de Kiss Fm en el laudo que mantuvo con el Grupo Planeta (pieza 12); por la elaboración de un informe de solvencia patrimonial sobre un expresidente de Mutua Madrileña (pieza 15); o por el presunto “hostigamiento” a la doctora Elisa Pinto, quien tenía un conflicto personal con el exconsejero de OHL Javier López Madrid (pieza 24).
A ellas se añade el fin de una de las piezas más mediáticas del caso, la séptima y relativa a la denominada ‘operación Kitchen’, el operativo parapolicial creado en 2013 para sustraer la información sensible para el PP que el extesorero del partido Luis Bárcenas guardaba, y por la que también han sido procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la entonces cúpula policial. Todos estos asuntos se suman al par de asuntos que ya fueron archivados hace tiempo -como el supuesto encargo que habría realizado la empresaria Corinna Larsen- o a las tres piezas separadas que el próximo mes de octubre serán objeto de la primera vista oral de la macrocausa, que determinará si las actuaciones del comisario jubilado estando aún en activo suponen un delito de cohecho, aspecto sobre el que estarán muy pendientes todas las partes presentes en este procedimiento, ya que es la conducta penal común en todas las líneas de investigación abiertas.
En concreto, a partir del 13 de octubre, el tribunal de la Audiencia Nacional estudiará todos los detalles de los hechos relacionados con el encargo que el despacho Herrero & Asociados hizo a Villarejo para obtener información de un bufete de la competencia, lo que el comisario denominó ‘proyecto Iron’; los supuestos espionajes que éste habría realizado en el marco de una disputa familiar por la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, lo que se englobó en el ‘proyecto Land’; y, por último, sobre el ‘proyecto Pintor’, el trabajo que habría realizado para el empresario Juan Muñoz en relación a un exsocio y abogado de éste. Cabe destacar que en el banquillo de los acusados de esta vista oral conjunta también se sentara la esposa del expolicía, Gemma Alcalá.
Fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por La Información señalan que, siguiendo con la estela iniciada el pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional se ha marcado el reto de terminar este otoño de instruir otras cuatro o cinco piezas que están ya casi concluidas, a falta de que se practiquen las últimas diligencias. De este modo, la macrocausa se quedaría pendiente de las pesquisas que se analicen en el marco de una decena de líneas de investigación. Aunque estas mismas fuentes no han precisado de qué piezas se trataría, cabe recordar que algunas de ellas, como la denominada ‘Dina’, se encuentran en un estado muy avanzado, estando incluso el comisario jubilado y dos periodistas ya procesados por el presunto robo del móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015. No obstante, otras fuentes jurídicas apuntan que el caso sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo en realidad no alberga solo 30 piezas separadas, sino que hay otras cuantas que se encuentran secretas (de las cuales no se conocen ni qué encargo se hizo, ni quién, ni para qué), por lo que cabría la posibilidad de que se cerraran sin salir a la luz o que en algún momento se den a conocer.
El 'caso Tándem' se inició con la detención el 4 de noviembre de 2017 de Villarejo -que estuvo en prisión provisional hasta marzo de este año- como investigado por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales por “reintroducir en España y otros países de la Unión Europea fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”. Sin embargo, a medida que los investigadores fueron analizando todos los documentos incautados en su domicilio, sus agendas, así como las grabaciones de sus propias conversaciones, el juez instructor fue formando las distintas piezas separadas para poder abordar todos los presuntos trabajos de espionaje, enmarcados en labores de “consultoría” y de “inteligencia corporativa”, que el comisario jubilado realizó desde la Torre Picasso de Madrid, donde situó las oficinas de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt.
Los trabajos para grandes empresas
De hecho, varias de las piezas que aún quedan vivas, y que, según las fuentes consultadas, posiblemente continúen abiertas tras el esfuerzo que haga el magistrado instructor para ‘adelgazar’ la causa, son aquellas que están relacionadas con algunas de las compañías más importantes del país, como BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola para las que el agente encubierto realizó ciertas labores con el foco puesto en salvaguardar sus intereses. En el caso de BBVA, que acumula un total de 26 tomos y más de 8.000 folios del sumario, es una de la más abundantes en cuanto a documentación se refiere y quizás la más compleja de todas, ya que concentran 13 años de servicios de Villarejo para presuntamente espiar a empresarios, periodistas y políticos. Por estos hechos está imputada como persona jurídica la entidad financiera al igual que su expresidente Francisco González y varios exdirectivos. Una lista de investigados a la que el magistrado ha sumado recientemente al director de Comunicación, Paul Tobin, para qué aclare si, como sospechan los fiscales Anticorrupción, el banco ha ocultado información a la investigación judicial.
Otra de las contrataciones que están justo bajo lupa son las que tuvieron lugar entre 2004 y 2017 con Iberdrola, cuyo presidente, José Ignacio Sánchez Galán, está pendiente aún de ser citado a declarar como imputado junto a su ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera su jefe de Gabinete Rafael Obergozo; y el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. No obstante, la compañía que está siendo investigada por las relaciones comerciales con el comisario jubilado es la filial Iberdrola Renovables Energía, ya que fue ésta la que convino en 2011 -año a partir del cual el Código Penal permite investigar a las personas jurídicas- con Villarejo para obtener información de la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que se había aliado para acometer un proyecto en Rumanía.
Por último, la pieza relativa a los ‘negocios’ entre Villarejo, Repsol y CaixaBank en 2011 ha cogido un gran impulso después de que el juez instructor haya acordado archivar la causa, para evitar el "daño reputacional" que supone estar investigados, para sus máximos responsables, Antonio Brufau en el caso de la petrolera, e Isidro Fainé en el caso de la Fundación de la entidad bancaria, así como para las propias compañías. De este modo, el magistrado García Castellón ha centrado ya la presunta responsabilidad por cómo se tramitaron los servicios prestados por el Grupo Cenyt en los altos cargos que estuvieron al frente del Departamento de Seguridad de ambas empresas y en directivos que ya se encuentran fuera de las mismas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios