El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena notificará este lunes a los ocho exconsellers y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, su decisión sobre si les mantiene en prisión o acuerda ponerles en libertad, como así han solicitado todos los investigados contra el criterio de la Fiscalía.
Los exconsellers y los líderes de las organizaciones independentistas catalanas comparecieron el pasado viernes ante el magistrado del alto tribunal, a petición propia, para ratificar sus escritos en los que pedían su puesta en libertad provisional.
Se trata del exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Raúl Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquin Forn, Meritxell Borrás, Jordi Rull, Josep Turull y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Y aunque cabía la posibilidad de que el juez resolviera la situación procesal de todos los investigados, finalmente optó por no hacer pública su decisión hasta primera hora del lunes, cuando les comunicará si les mantiene en prisión incondicional o, en cambio, les exige el pago de una fianza para abandonar la cárcel, tal y como decretó para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El tercer escenario posible implica la libertad provisional con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias ante el juzgado.
Los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium confían en su puesta en libertad toda vez que el pasado viernes se acogieron a la llamada "vía Forcadell" con el argumento de que acatan el 155 de la Constitución.
En concreto, todos los investigados acataron ante el juez la Carta Magna y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que sin embargo no se mostraron de acuerdo, y se comprometieron a actuar por el cauce legal a partir de ahora.
No obstante, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce VOX solicitaron al magistrado que mantenga la prisión preventiva como media cautelar para todos ellos.
La exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de Sala Jaime Moreno, encargados de la causa, entienden que no se dan las circunstancias para salir de prisión "ante la gravedad de los hechos investigados" y porque consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga, destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
Y Puigdemont desde Bruselas
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán este lunes a partir de las 09:00 horas ante el Tribunal de primera instancia de Bruselas que debe decidir sobre su entrega a España, horas antes de que esa medianoche arranque formalmente la campaña electoral en Cataluña.
El Ministerio Público belga ha avisado de que "no es posible determinar la duración" de la audiencia, que podría alargarse todo el día, y que al término el juez anunciará la fecha en la que pronunciará su decisión o convocará una nueva comparecencia.
Horas más tarde dará comienzo la campaña electoral en Cataluña con la tradicional pegada de carteles, unos actos que desde el entorno de Puigdemont no aclaran si tendrán réplica en Bruselas esa medianoche. "Dependerá del desarrollo de la vista y del estado de ánimo en un día complicado", apuntaron hace días fuentes próximas al expresident.
La cita ante el Tribunal es la continuación de una primera vista el pasado 17 de noviembre que apenas duró una hora en el Palacio de Justicia de Bruselas. Entonces no intervinieron las defensas de los reclamados por España, sino que el juez neerlandés --idioma escogido por los acusados para el proceso-- optó por aplazar la audiencia tres semanas, para dar tiempo a preparar las argumentaciones.
Los letrados de Puigdemont creen que "jurídicamente no afecta" la decisión del Supremo, sea cual sea, y no creen que haya que vincular estas dos situaciones, según fuentes de la defensa consultadas por Europa Press.
La defensa cuenta con alegatos "muy extensos" que van desde cuestionar que los delitos que se les imputa en España tengan su encaje en el ordenamiento jurídico belga (doble incriminación) hasta sostener que si son entregados se enfrentarán a un juicio "político" y "falto de garantías", han añadido las fuentes.
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