El PSOE no teme que el 'affaire' entre el Tribunal Supremo ya la presidenta del Congreso de los Diputados vaya a tener coste político alguno de cara a la triple cita electoral del próximo domingo. La ralentización con la que Meritxell Batet está gestionando un tema que puede dejar inhabilitados a los cinco presos del procés elegidos en el Congreso y el Senado ha servido para cargar de argumentos a la oposición sobre las negociaciones del Gobierno con los independentistas catalanes, una estrategia que desde las filas socialistas no se ve peligrosa de cara a las europeas, municipales y autonómicas.
“Parece que no han aprendido nada del 28-A -señalaba este jueves un dirigente socialista-, como sigan por ese camino, vamos a ganar hasta en Barcelona”. Dentro del partido de la calle Ferraz esperan volver a celebrar una buena fiesta el próximo domingo por la noche y no creen que estos primeros pasos de Batet y la problemática sobre los presos que han salido elegidos les pase factura. Más al contrario, desde el PSOE se considera un gran avance el hecho de haber respetado los derechos de representación política del senador y los cuatro diputados separatistas en la constitución de las Cortes del pasado martes, y aseguran que el problema jurídico sobre su inhabilitación se resolverá cuanto antes.
De hecho, la propia Meritxell Batet ha convocado una nueva reunión de la Mesa del Congreso para este viernes, con la idea de tomar una decisión definitiva sobre los presos, una vez analizados los informes de los servicios jurídicos del Congreso. La presidenta ha insistido en la necesidad de tener la máxima seguridad jurídica antes de decantarse por dejar sin funciones a los presos catalanes en las Cortes, razón por la que había pedido una valoración al Tribunal Supremo, que no ha salido bien. La negativa del juez que preside el caso del procés, Manuel Marchena, para hacer algún tipo de informe que dé pie a una decisión política y pueda ser un menoscabo de su independencia, ha sido un jarro de agua fría para la recién estrenada presidenta del Congreso y ha levantado más las sospechas sobre una prolongación del problema para no tener que abordarlo antes del 26-M.
Desde el Tribunal Supremo prefieren que se resuelva el caso aplicando el artículo 21 del reglamento del Congreso, en lugar de basar todo en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), si bien fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que cualquiera de las dos vías sería válida para avalar la inhabilitación directa y automática de los presos electos, una vez que han recogido sus actas y se les ha tomado juramento en el las cámaras.
Desde el ámbito de la judicatura se ha respaldado la decisión de Marchena de no inmiscuirse en este proceso ante la necesidad de preservar la imparcialidad del juicio al procés que se está llevando a cabo, y que se prevé que esté visto para sentencia a finales de julio y con una sentencia firme cuatro meses después. El juez no quiere ningún roce con la política que pueda menoscabar el trabajo del tribunal que preside.
Al borde de la prevaricación
Del lado de la oposición, tanto PP como Ciudadanos han sido muy claros desde el mismo día de la constitución del Congreso pidiendo la inhabilitación automática de lo presos del procés electos en el Congreso y el Senado. Pablo Casado ha llegado a amenazar a la presidenta del Congreso con una demanda por prevaricación por no tomar una decisión que debiera ser automática, a sabiendas de que está haciendo algo que puede ser injusto.
Fuera de la vorágine electoral, la crítica más dura contra Batet ha venido de la mano de su antecesora, Ana Pastor, que ha recriminado a su sucesora que pidiera informes al Supremo sin haberlo consultado antes con la Mesa, que es como se debe hacer. Para la dirigente del PP, se pueden pedir informes jurídicos a los servicios de la cámara cuando hay dudas, pero en este caso la normativa es “clarísima” y tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Reglamento del Congreso obligan a suspender a los diputados que cumplan unas determinadas condiciones que se corresponden con la situación de los tres diputados presos, tres de Junts per Catalunya y uno de ERC.
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