La resolución del Tribunal Supremo en la que confirma la condena por la primera pieza de la trama Púnica ha venido a poner de manifiesto, no solo la existencia del 'chivatazo' que recibió el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados de que estaban siendo investigados por agentes de la UCO, sino también que la utilización de dicha información se tradujo directamente en un beneficio económico para los principales cabecillas puesto que, en el caso de Granados, le sirvió para esconder cerca de un millón de euros en casa de sus suegros.
Se trata de un extremo que salió a relucir durante la celebración del juicio que tuvo lugar en noviembre de 2017 en la Audiencia Nacional y que ahora, de acuerdo con la resolución de la Sala de lo Penal, queda acreditado no solo gracias a la declaración de un agente sino al hallazgo de dicha cuantía. Igualmente, los magistrados explican que también se benefició David Marjaliza, el cual, pese a que figura como uno de los principales cabecillas de la trama Púnica, no estaba acusado en esta pieza concreta. Por ese motivo prestó declaración en calidad de testigo durante el juicio y en el mismo reconoció que efectivamente se beneficiaron del 'soplo' que prestó el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, también condenado por estos hechos.
En su testifical, el constructor afirmó que, un día después de que el agente le diera el chivatazo al expolítico regional, éste le trasladó la urgencia de que había que quemar "en un día de niebla" toda la documentación que guardaba en las oficinas que tenía en el edificio Éboli de Pinto. De esta manera, y siempre según el relato del empresario que ahora los magistrados dan por bueno, ordenó a un "ñapas" que se deshiciera de toda esta documental, entre la que se encontraban contratos y licitaciones de la Comunidad de Madrid además de una agenda que contendría anotaciones con presuntos cobros en 'b' de políticos y empresarios cercanos a los acusados.
"La utilización de la información recibida se tradujo directamente en un beneficio económico para el recurrente Granados y para el no acusado Marjaliza mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos", reza la resolución que confirma los dos años de prisión para Granados y Rodríguez Talamino y un año y medio para el agente en excedencia José Luis Caro Vinagre, este último por aprovechamiento del secreto revelado. Con todo, se trata de la primera sentencia en firme en el marco de este macroprocedimiento que todavía sigue en instrucción.
Precisamente los magistrados hacen bastante hincapié en dicho aspecto afirmando que para que exista condena en este sentido, no basta con que se produzca esta revelación de secretos por parte del funcionario en cuestión, sino que el que la reciba la utilice en beneficio propio, como ha ocurrido en este caso. La resolución también insiste en que ese chivatazo que le dio Talamino a Granados durante las fiestas patronales de Valdemoro en 2014 perjudicó y mucho a la investigación general que se sigue en la Audiencia Nacional.
La sentencia da credibilidad al testimonio de Marjaliza
"La revelación, pues, no solo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial. Además, como también resulta lógico, los investigados incrementaron sus precauciones, modificando su conducta utilizando menos los teléfonos", reza la resolución en referencia a todas las precauciones que adoptaron después de que Rodríguez Talamino comunicara a Granados la existencia de esta investigación de la que era plenamente consciente porque fue a él a quien se le encargo colocar la cámara oculta en la puerta de las oficinas de Pinto.
Finalmente los magistrados no solo respaldan la declaración que efectuó Marjaliza durante este juicio sino que, además, explican que no tienen razón los condenados al apuntar que su testimonio como testigo carece de "credibilidad" al haber recibido "un trato de favor" por su colaboración con la Justicia en el marco de la causa Púnica. Más bien al contrario, el Supremo concluye que esta premisa "pierde todo el valor" porque su declaración coincide con el contenido de las conversaciones intervenidas en el procedimiento así como con el hallazgo de varios documentos clave escondidos en los domicilios de los acusados.
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