El supremo rechaza las pruebas de garzón en la causa por las escuchas de la “gürtel”

El Tribunal Supremo ha rechazado practicar las pruebas de descargo solicitadas por el magistrado Baltasar Garzón en el marco de la causa que le investiga por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados.

El instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, ha dictado un auto en el que rechaza practicar las pruebas solicitadas por Garzón, entre las que se encontraban la toma de declaración al instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira.
Jorge Barreiro asegura que estás pruebas no son “diligencias esenciales” y dice que las mismas no serían relevantes porque “parece obvio que la investigación de los hechos se halla concluida”. En este sentido, el auto señala que ya se han practicado las pruebas necesarias y se han constatado “claros indicios delictivos” contra Garzón, por lo que “no resulta razonable ampliar la investigación con las nuevas diligencias que postula el imputado”.
El instructor del Tribunal Supremo critica además a Garzón, quien se encuentra trabajando en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional tras haber sido suspendido cautelarmente, por pedir ahora las pruebas que no ha solicitado a lo largo de la instrucción de la causa.
Jorge Barreiro señala que en mayo pasado todas las partes pidieron la práctica de pruebas pero que “la defensa del querellado no interesó ninguna otra diligencia en los meses sucesivos en los que se tramitó la instrucción, desde mayo a octubre del presente año”.
INDEFENSIÓN DE GARZÓN
Garzón también solicitó el interrogatorio de los jefes policiales que llevaron a cabo la investigación sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa, así como la declaración en el Alto Tribunal del abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel".
La Fiscalía advirtió el pasado 4 de octubre al Tribunal Supremo que de no pronunciarse sobre la práctica de las pruebas solicitadas por Garzón “podría derivar en una nueva situación de indefensión material” del juez imputado.
El Ministerio Público instaba al Alto Tribunal a pronunciarse sobre la práctica de pruebas antes de resolver sobre el recurso interpuesto por el juez contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al auto de procesamiento, dictado el pasado 20 octubre.
Garzón solicitó en ese recurso que se dejase sin efecto el auto de transformación de sumario por considerarlo “una verdadera y acabada declaración de culpabilidad”.
SUSPENSIÓN DEL RECURSO
A este respecto, el magistrado Jorge Barreiro acuerda la suspensión de la tramitación de este recurso “hasta que las partes puedan disponer de las diligencias declaradas secretas que en su día fueron admitidas como diligencias de investigación”, en referencia al sumario de la instrucción realizada en el TSJM sobre el "caso Gürtel".
El instructor deja claro en su escrito que, a pesar de suspender la tramitación del recurso, no considera “haber motivos para temer una situación de indefensión material y efectiva del querellado”.
Jorge Barreiro aprovecha el auto para reiterar que considera que Garzón adoptó a la hora de ordenar la intervención de las conversaciones entre los presos de la trama “Gürtel” y sus abogados “resoluciones manifiestamente injustas” porque “vulneraban de forma ostensible derechos fundamentales de los presos encausados”.
El magistrado del Alto Tribunal asegura que sobre los hechos imputados a Garzón constan ya “indicios claros” en la investigación practicada. “Se muestran transparentes los indicios en el sentido de que cuando el querellado dictó las dos resoluciones no tenía dato incriminatorio alguno contra los nuevos letrados de los presos”, indica el auto.
DELITO DE PREVARICACIÓN
En el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado el pasado 20 de octubre, el magistrado Alberto Jorge Barreiro señalaba que ha encontrado indicios suficientes para poder llevar a juicio a Garzón, al que atribuye indiciariamente delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Jorge Barreiro aseguraba en el auto dictado que Garzón dictó dos resoluciones -para la intervención de las comunicaciones- "que han de calificarse de ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal".
El magistrado del Supremo se refiere a los autos de 19 de febrero y de 20 de marzo de 2009 con los que Garzón ordenó a la policía la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantuvieron en prisión los tres principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, incluyendo las efectuadas con sus abogados.
Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del "caso Gürtel", Garzón está encausado también en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.