La Justicia está al borde del colapso. Así lo ha advertido en varias ocasiones el Tribunal Supremo, cuyas distintas Salas se encuentran saturadas por la incapacidad legal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) para hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Una situación que se va agravando a medida que se prolonga la situación de interinidad en el que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces por el retraso de su renovación. En este sentido, tanto en el seno de la institución como en la propia carrera judicial confían en que Tribunal Constitucional, que prevé tener lista antes de mayo su sentencia sobre dicha limitación que se introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) hace casi un año, anule dicha disposición, lo que ayudaría a reducir la elevada carga de trabajo que soportan los magistrados.
El bloqueo para renovar el CGPJ cumplió el pasado 4 de diciembre su tercer aniversario. Las negociaciones para elegir a los nuevos 20 vocales se ha visto en varias veces frustradas. En unas ocasiones, por la aparición de un desafortunado mensaje de whatsapp reenviado entre senadores del PP o por los vetos impuestos a los candidatos seleccionados. Y otras veces por diversas convocatorias electorales y discusiones sobre la oportunidad de reformar el sistema de elección de los miembros de la institución. No obstante, hasta ese momento todo quedaba en un plano político y mientras el órgano, en funciones, podía seguir trabajando con cierta normalidad, recuerda un vocal consultado por La Información.
La situación cambió en marzo de 2021, cuando PSOE y Podemos sacaron adelante en las cámaras parlamentarias la reforma legislativa para limitar las competencias del CGPJ una vez que su mandato (de cinco años) haya expirado. Con ello, se buscaba evitar que el Pleno -que ahora mismo cuenta con una mayoría de vocales de perfil conservador- pueda seguir haciendo nombramientos en la cúpula judicial. La consecuencia más directa se traduce en la imposibilidad de buscar sustitutos a todas las vacantes que van surgiendo por diversas circunstancias no solo del Alto Tribunal, sino también de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
Mientras tanto, los órganos judiciales buscan apoyo temporal para reducir la carga de trabajo y sacar adelante sus resoluciones, si bien no siempre no se logra. Recientemente se ha conocido que el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha denegado la autorización económica interesada para la adscripción temporal de cinco magistrados al Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en comisión de servicios con relevación de funciones.
La consecuencia más directa es no poder buscar sustitutos a todas las vacantes en el Tribunal Supremo, en Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia
Así las cosas, PP -el partido que negocia con el PSOE la renovación del CGPJ- y Vox llevaron ante el máximo intérprete de la Constitución dicha reforma de la LOPJ. Los recursos fueron estimados el pasado mes de octubre y sus ponencias de ponencias han recaído en dos magistrados situados el bloque progresista del órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Fuentes del TC consultadas por este diario señalan que el tribunal de garantías tiene la intención de llevar ambas propuestas de sentencia a Pleno como muy tarde en mayo, y previsiblemente tumbará la limitación impulsada por los partidos del Gobierno de coalición, que ha recibido duras críticas del sector judicial.
Nuevas elecciones y la crisis del PP
En cualquier caso, fuentes jurídicas afirman que esperan que el CGPJ se renueve antes de que el TC se pronuncie. Para ello, sería necesario que PSOE y PP dejen atrás rencillas pasadas y cumplan el acuerdo de retomar la mesa de negociación tras las elecciones en Castilla y León del pasado 13 de febrero, apuntan. No obstante, la posible convocatoria de comicios en Andalucía podría volver a paralizar las conversaciones, como viene ocurriendo en los últimos años. Asimismo, las mismas fuentes constatan que la reciente crisis interna de los 'populares' tras la revelación del presunto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría complicar o dificultar de nuevo el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, la idea de que el TC dé a conocer su sentencia antes de mayo también tendría el objetivo de intentar no afectar la renovación parcial del propio órgano, que debe realizarse en junio. Para entonces, el mandato de dos magistrados elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ habrá caducado, por lo que se tendrá que nombrar a sus relevos. Según algunas fuentes jurídicas, el bloqueo del órgano de gobierno podría perjudicar este trámite debido al impedimento legal para hacer nombramientos. No obstante, sobre este punto existen ciertas dudas al no existir precedentes, pues algunos expertos consideran que esta norma no afectaría al tribunal de garantías, ya que éste no es un órgano jurisdiccional.
Soluciones ante un nuevo bloqueo
Por ello, algunas fuentes creen que la solución es que el TC estime parcialmente uno de los recursos del PP y Vox que ahora mismo se encuentra estudiando y dictamine que la reforma de la LOPJ no afecta a sus nombramientos. Otra posibilidad sería que el Gobierno -que le interesa que la renovación salga adelante para asegurarse voltear la actual mayoría conservadora en progresista- vuelva a reformar dicha ley para excluir, directamente, de las prohibiciones de designación a los magistrados del órgano intérprete de la Carta Magna, indican otras fuentes.
Todo ello se debe a que el Gobierno no podría nombrar en solitario a los dos magistrados que le corresponde porque el artículo 159.3 de la Constitución recoge que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres, lo que implica que los cuatro nuevos magistrados se incorporen en bloque.
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